18 de julio de 2024
alcalorpolitico.com
Como ya estamos en julio y falta poco para que la vaina se acabe, hay que hablar sobre la necesidad de reformar al Poder Judicial. El gobierno – pero sobre todo el presidente López Obrador – lleva tiempo asegurando que todo está podrido en el sistema de jueces y magistrados, y por eso hay que cambiar a todos y dejar que el voto del pueblo decida quién se encarga de dar a cada quien lo que le corresponde, según su derecho.
Eso dicen. Pocas pruebas tienen. Muchas veces se acusa a un juez de permitir la libertad de un detenido, pero nunca o casi nunca nadie se refiere a las razones que pudo haber tenido para hacer lo que hizo, porque nunca o casi nunca nadie lee los argumentos judiciales. Pocas veces se conocen las investigaciones torpes, los argumentos legales defectuosos, el manejo irregular de los expedientes, los abusos de las autoridades que acusan a los presuntos culpables, las deficiencias en toda o casi toda la cadena de las fiscalías y las agencias del ministerio público del país.
Un ejemplo rápido y reciente – y ciertamente veracruzano – es la resurrección de acusaciones contra los hermanos Yunes Márquez: Miguel Ángel está acusado de falsificación de documentos, mentiras a la autoridad y fraude en las elecciones locales de hace tres años, y Fernando está acusado de obligar a trabajadores del ayuntamiento de Veracruz a apoyar a su hermano durante horas de trabajo. La Fiscalía dejó pasar tres años para investigar estos presuntos delitos de personajes de la oposición política.
Sería interesante saber cuánto tiempo pasa entre una denuncia y la investigación de un delito común y corriente – robos, asaltos, extorsiones, amenazas, cosas de la vida diaria –, y cuántas veces las investigaciones de la fiscalía logran la condena y la sentencia de un delincuente. Las respuestas son mucho tiempo y pocas veces. Bastaría con ver las estadísticas, que deben estar en algún rincón de la internet o en el cajón de alguna oficina.
Según Jorge Álvarez Máynez – candidato presidencial de Convergencia Democrática – de cada cien delitos se investigan ocho, y seis de cada diez de esas investigaciones terminan en un archivo temporal. Si los jueces están mal, las fiscalías en general y los agentes del ministerio público en particular están peor. Pero el discurso político no se ha ocupado de este asunto porque revelaría otra grieta en el tejido del gobierno. De cualquier gobierno.
Juicio pobre entre jueces
Es verdad que el Poder Judicial ha mostrado un juicio pobre cuando ha tenido que ver lo que pasa en su seno. Las investigaciones y las sanciones a quienes incumplen con sus deberes son escasas y tolerantes: según el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado a ciento seis servidores públicos con sanciones económicas mínimas y gran parte de las veces con penas administrativas. Más de treinta por ciento de los responsables de conductas indebidas reciben una amonestación, y a otra cosa, mariposa.
Las secretarías de Estado a votación
Y de entre todas las voces que se van a oír pero no se van a tomar en cuenta en este diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial se alza la de Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, quien aprovechó una pregunta que le hicieron para declarar que, si se está diciendo que la mejor forma de tener funcionarios es que los elija el voto popular, el mismo principio debería aplicarse a los secretarios de Estado en vez de permitir que el Presidente los nombre. Aistá...
Desde el balcón
Hace sol y dejó de soplar la brisa que refrescaba el mediodía. Uno oye a los pájaros que cantan y cambian de rama y vuelven a cantar y vuelven a cambiar de rama, invisibles como los trescientos millones de pesos que encontró el gobernador un día en una oficina de la Fiscalía General de Veracruz y el mismo día desaparecieron de la oficina y del discurso oficial. Pero uno sabe que ahí están, como la malta y el cubo de hielo que la afina.
Después habrá festejo porque viene Emiliano. Para celebrar la visita, uno dejará en paz a los lectores hasta mediados de agosto. En eso anda uno ahora.
Eso dicen. Pocas pruebas tienen. Muchas veces se acusa a un juez de permitir la libertad de un detenido, pero nunca o casi nunca nadie se refiere a las razones que pudo haber tenido para hacer lo que hizo, porque nunca o casi nunca nadie lee los argumentos judiciales. Pocas veces se conocen las investigaciones torpes, los argumentos legales defectuosos, el manejo irregular de los expedientes, los abusos de las autoridades que acusan a los presuntos culpables, las deficiencias en toda o casi toda la cadena de las fiscalías y las agencias del ministerio público del país.
Un ejemplo rápido y reciente – y ciertamente veracruzano – es la resurrección de acusaciones contra los hermanos Yunes Márquez: Miguel Ángel está acusado de falsificación de documentos, mentiras a la autoridad y fraude en las elecciones locales de hace tres años, y Fernando está acusado de obligar a trabajadores del ayuntamiento de Veracruz a apoyar a su hermano durante horas de trabajo. La Fiscalía dejó pasar tres años para investigar estos presuntos delitos de personajes de la oposición política.
Sería interesante saber cuánto tiempo pasa entre una denuncia y la investigación de un delito común y corriente – robos, asaltos, extorsiones, amenazas, cosas de la vida diaria –, y cuántas veces las investigaciones de la fiscalía logran la condena y la sentencia de un delincuente. Las respuestas son mucho tiempo y pocas veces. Bastaría con ver las estadísticas, que deben estar en algún rincón de la internet o en el cajón de alguna oficina.
Según Jorge Álvarez Máynez – candidato presidencial de Convergencia Democrática – de cada cien delitos se investigan ocho, y seis de cada diez de esas investigaciones terminan en un archivo temporal. Si los jueces están mal, las fiscalías en general y los agentes del ministerio público en particular están peor. Pero el discurso político no se ha ocupado de este asunto porque revelaría otra grieta en el tejido del gobierno. De cualquier gobierno.
Juicio pobre entre jueces
Es verdad que el Poder Judicial ha mostrado un juicio pobre cuando ha tenido que ver lo que pasa en su seno. Las investigaciones y las sanciones a quienes incumplen con sus deberes son escasas y tolerantes: según el senador morenista Ricardo Monreal Ávila, el Consejo de la Judicatura Federal ha sancionado a ciento seis servidores públicos con sanciones económicas mínimas y gran parte de las veces con penas administrativas. Más de treinta por ciento de los responsables de conductas indebidas reciben una amonestación, y a otra cosa, mariposa.
Las secretarías de Estado a votación
Y de entre todas las voces que se van a oír pero no se van a tomar en cuenta en este diálogo nacional sobre la reforma al Poder Judicial se alza la de Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte, quien aprovechó una pregunta que le hicieron para declarar que, si se está diciendo que la mejor forma de tener funcionarios es que los elija el voto popular, el mismo principio debería aplicarse a los secretarios de Estado en vez de permitir que el Presidente los nombre. Aistá...
Desde el balcón
Hace sol y dejó de soplar la brisa que refrescaba el mediodía. Uno oye a los pájaros que cantan y cambian de rama y vuelven a cantar y vuelven a cambiar de rama, invisibles como los trescientos millones de pesos que encontró el gobernador un día en una oficina de la Fiscalía General de Veracruz y el mismo día desaparecieron de la oficina y del discurso oficial. Pero uno sabe que ahí están, como la malta y el cubo de hielo que la afina.
Después habrá festejo porque viene Emiliano. Para celebrar la visita, uno dejará en paz a los lectores hasta mediados de agosto. En eso anda uno ahora.