22 de enero de 2015
alcalorpolitico.com
Es verdad. Mucho antes de que el rostro ensangrentado del doctor Arnulfo Altamirano apareciera en las portadas de los periódicos de Veracruz, los veracruzanos ya sabíamos que el agua –después de la enorme deuda financiera que sufre el gobierno– va a ser uno de los problemas más serios del Estado.
A finales de diciembre del año pasado, el doctor Altamirano protestó con otras personas porque cerca de medio millón de habitantes de varias colonias de Coatzacoalcos llevaban veinte días sin agua. Durante la manifestación recibió en la ceja izquierda un golpe que lo hizo sangrar...
Pero la sangre del doctor no llegó al río ni literal ni metafóricamente y tal vez su herida ya sanó. Lo que no se ha cerrado, ni resuelto, es el asunto del agua, de la falta de agua, de la falta de una política estatal sobre el agua, como lo evidencian las protestas que surgen aquí y allá, en el norte, en el sur, en el centro.
La falta de claridad en el discurso y en los hechos ha llevado a una confusión que permite y alienta la discordia: de quién es el agua que corre en los ríos y los arroyos, de quién es el agua que cae en la lluvia y escurre buscando cauces que la lleven al mar...
Muchos piensan que el agua es de las comunidades donde nacen los manantiales, donde caen las lluvias o donde pasan las corrientes. Pero el agua no es de nadie porque es de todos, como explica el artículo veintisiete de la Constitución, aunque eso no hace felices a muchos.
Ante tales escenarios: el sur caliente por la falta de agua, el centro molesto porque se planea construir una presa en Jalcomulco y el norte encabronado ante la idea de mandar agua del río Pánuco a Nuevo León, por ejemplo, es lógico que la administración (de algún modo hay que llamarle) busque una solución fácil.
Y la solución más fácil es la de concesionar el servicio de agua y alcantarillado. No privatizar el agua, como algunos dicen equivocadamente, sino de dar a la iniciativa privada el manejo de un sistema que no funciona. Para allá va la cosa.
El negocio es grande. Por ejemplo, en Xalapa el presupuesto anual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) es de más de cuatrocientos sesenta millones de pesos. Un millón doscientos sesenta y un mil pesos con noventa y nueve centavos al día.
Sin embargo la suma no alcanza para dar el servicio que necesita – y merece– la capital del Estado. Hablamos de más de cuatrocientos sesenta millones de pesos al año solamente en Xalapa. Quién sabe cuánto será en todo Veracruz.
Algunos expertos que logré consultar desde donde vivo coincidieron en que la mayoría de los organismos administradores del agua son corruptos y desde hace tiempo son caja chica de los gobiernos. Pero también reconocen que la administración pública ya no puede manejar una operación que cada vez es más complicada.
La Constitución –a la que también consulté por si las dudas– es clara: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El artículo cuarto establece que el Estado "garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos", entre ellos (por implicación) la concesión de los servicios de agua y saneamiento.
Entonces llamé a las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para preguntar si hay planes de concesionar los servicios de agua en el Estado, y cuál es el razonamiento que habría llevado a esta decisión. Me ofrecieron responder por correo electrónico. Como todos los veracruzanos, sigo esperando la respuesta.
Tal vez el economista Rafael Arias, quien sabe de estas cosas, ofrece la mejor explicación hasta el momento: no hay una política responsable, actualizada, participativa y previsora del aprovechamiento del agua en Veracruz. Lo que sí hay es una mala y cuestionada administración; y muy poca, casi nula previsión.
El refrán recomienda dejar lo del agua al agua. Pero aquí estamos hablando de millones y millones de pesos que se van por el drenaje y de millones de personas afectadas cada vez que abren la llave y no sale nada. Y de un sistema que no informa y de una administración que no sabe qué hacer y no hace nada. Concesiona.
A finales de diciembre del año pasado, el doctor Altamirano protestó con otras personas porque cerca de medio millón de habitantes de varias colonias de Coatzacoalcos llevaban veinte días sin agua. Durante la manifestación recibió en la ceja izquierda un golpe que lo hizo sangrar...
Pero la sangre del doctor no llegó al río ni literal ni metafóricamente y tal vez su herida ya sanó. Lo que no se ha cerrado, ni resuelto, es el asunto del agua, de la falta de agua, de la falta de una política estatal sobre el agua, como lo evidencian las protestas que surgen aquí y allá, en el norte, en el sur, en el centro.
La falta de claridad en el discurso y en los hechos ha llevado a una confusión que permite y alienta la discordia: de quién es el agua que corre en los ríos y los arroyos, de quién es el agua que cae en la lluvia y escurre buscando cauces que la lleven al mar...
Muchos piensan que el agua es de las comunidades donde nacen los manantiales, donde caen las lluvias o donde pasan las corrientes. Pero el agua no es de nadie porque es de todos, como explica el artículo veintisiete de la Constitución, aunque eso no hace felices a muchos.
Ante tales escenarios: el sur caliente por la falta de agua, el centro molesto porque se planea construir una presa en Jalcomulco y el norte encabronado ante la idea de mandar agua del río Pánuco a Nuevo León, por ejemplo, es lógico que la administración (de algún modo hay que llamarle) busque una solución fácil.
Y la solución más fácil es la de concesionar el servicio de agua y alcantarillado. No privatizar el agua, como algunos dicen equivocadamente, sino de dar a la iniciativa privada el manejo de un sistema que no funciona. Para allá va la cosa.
El negocio es grande. Por ejemplo, en Xalapa el presupuesto anual de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) es de más de cuatrocientos sesenta millones de pesos. Un millón doscientos sesenta y un mil pesos con noventa y nueve centavos al día.
Sin embargo la suma no alcanza para dar el servicio que necesita – y merece– la capital del Estado. Hablamos de más de cuatrocientos sesenta millones de pesos al año solamente en Xalapa. Quién sabe cuánto será en todo Veracruz.
Algunos expertos que logré consultar desde donde vivo coincidieron en que la mayoría de los organismos administradores del agua son corruptos y desde hace tiempo son caja chica de los gobiernos. Pero también reconocen que la administración pública ya no puede manejar una operación que cada vez es más complicada.
La Constitución –a la que también consulté por si las dudas– es clara: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.
El artículo cuarto establece que el Estado "garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos", entre ellos (por implicación) la concesión de los servicios de agua y saneamiento.
Entonces llamé a las oficinas de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), para preguntar si hay planes de concesionar los servicios de agua en el Estado, y cuál es el razonamiento que habría llevado a esta decisión. Me ofrecieron responder por correo electrónico. Como todos los veracruzanos, sigo esperando la respuesta.
Tal vez el economista Rafael Arias, quien sabe de estas cosas, ofrece la mejor explicación hasta el momento: no hay una política responsable, actualizada, participativa y previsora del aprovechamiento del agua en Veracruz. Lo que sí hay es una mala y cuestionada administración; y muy poca, casi nula previsión.
El refrán recomienda dejar lo del agua al agua. Pero aquí estamos hablando de millones y millones de pesos que se van por el drenaje y de millones de personas afectadas cada vez que abren la llave y no sale nada. Y de un sistema que no informa y de una administración que no sabe qué hacer y no hace nada. Concesiona.