La historia es sencilla, aunque el contexto no lo sea. Ocho de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de México renunciaron, en un acto inédito en la historia del país, en protesta por la reforma al Poder Judicial pero también para no perder los derechos de su retiro, que no podrían reclamar si esperaban a que terminara el encargo para el que fueron nombrados.

La reacción del gobierno fue inmediata. La presidenta Claudia Sheinbaum llamó ambiciosos a los ministros que no aceptaron alinearse con la reforma judicial. "Renuncian porque se van a ir con todos los haberes del retiro, que es un montón de dinero", declaró la titular del Poder Ejecutivo. "Si no presentan ahorita su renuncia ya no se llevan ese dinero".

Puede ser. Pero es derecho de los ministros. En todo caso, el sermón de la presidenta no tomó en cuenta al ex ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea – quien fue presidente de la Suprema Corte y ahora y desde agosto es coordinador de Política y Gobierno de la Presidencia y supervisor de la implementación de la reforma judicial –, cuya cuchara quiso ser más grande que las cucharas de quienes se quieren ir.


Cuando se retiró para trabajar como asesor de Morena, Zaldívar Lelo de Larrea pedía que le autorizaran una pensión mensual de doscientos cincuenta y un mil pesos durante dos años, y después doscientos mil pesos al mes para toda la vida. También pedía once asistentes, cinco personas de servicio (sic) y seis escoltas para su seguridad.

Don Arturo, el supervisor de la Cuarta Transformación, pidió también el sillón que usaba en la Corte, un nicho con la bandera nacional, dos laptops, seis tabletas estándar de diferentes valores y una profesional, tres equipos de cómputo de escritorio y otro portátil, y una impresora laser a color. Los Ministros no le dieron nada de eso. Tal vez pensaron que todo eso habría ido contra la doctrina de austeridad del gobierno que se acaba de ir y del gobierno que acaba de entrar...

Otro que no lee las leyes que aprueba


El escándalo creció cuando Gerardo Fernández Noroña – que antes insultaba a cajeras de supermercados o a quien ese día se le cruzara en el camino y ahora es presidente de la Cámara Alta del Congreso – anunció que el Senado puede rechazar las renuncias de los Ministros y dejó claro el carácter vengativo de toda esta vaina.

Otra vez, ni Noroña ni ninguno de sus asesores se dieron por enterados del artículo séptimo transitorio de la reforma que el Congreso morenista aprobó el tres de septiembre. En pocas líneas, y en pocas palabras, la nueva ley (lex nova sed lex, diría el clásico si pudiera) prevé que los ministros que no se postulen a la elección del año que entra, o quienes se presenten y no resulten electos, no recibirán un haber de retiro. Quienes renuncian antes tienen derecho a lo que les otorga la ley, que ha cambiado pero es la ley y dice lo que dice. No leen lo que votan. No es necesario.

Desde el balcón


Medio repuesto de dos operaciones, uno sale al balcón con un chupito de malta en la mano, y siente el frío del otoño y mira la luz de Venus en el cielo del crepúsculo. Uno piensa que es un miércoles casi perfecto. Y luego recibe la llamada.

Es un amigo que quiere saber cómo va la convalecencia, y la conversación va de los dolores y las incomodidades a vainas menos urgentes pero igualmente molestas: los trescientos millones de pesos que encontró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, y de los cuales no se ha vuelto a saber ni oír.

Hay tres posibilidades, dice el amigo: o el gobernador de Veracruz mintió, o se quedó con el dinero, o lo invirtió en alguna campaña política. O las tres cosas. Lo peor – y lo mejor – es que García Jiménez tiene todas las respuestas. Y le quedan treinta días de gobierno.


La semana que viene

Como hay que recuperarse de tanta cirugía, no habrá columna la semana que viene. Muchos lo agradecerán. Tal vez entre ahora y la próxima entrega de este Diario de un Reportero se sabrá en qué cajón quedaron los trescientos millones de pesos que halló el gobernador García Jiménez. Tal vez no. Lo más probable es que no.