Hablábamos de las leyes, que son las reglas que tutelan la convivencia de la sociedad civil y establecen los límites de la autoridad de los gobiernos, porque un país sin leyes y sin instituciones que vigilen su cumplimiento termina convertido en un territorio desordenado por la anarquía, a merced del más fuerte.

Decíamos que treinta y cinco mil personas (o empresas o partidos políticos, algunos varias veces) han recibido sanciones del Instituto Nacional Electoral por transgredir normas electorales mexicanas en los últimos cinco años. La reacción del gobierno fue decidir que las instituciones electorales y judiciales son corruptas y deben desaparecer porque están contra la cuarta transformación.

No se conocen los argumentos legales ni los datos concretos de esas sanciones (tal vez haya), pero se han visto y se han oído los adjetivos y las descalificaciones que no van más allá del insulto o la altanería: desde la lógica oficial, ya no se puede decir que la ley es la ley. Y eso es triste.


Un ejemplo reciente que muestra el desprecio del gobierno a las normas es la declaración que hizo durante un viaje a Aguascalientes Adán Augusto López Fernández, corcholata del Presidente y secretario de Gobernación: "Si me corre el INE no importa porque ya lo van a desaparecer los diputados".

No importa entonces si un funcionario comete un delito electoral por hacer campaña anticipada, porque el proyecto de la cuarta transformación contempla desaparecer las instituciones que no estén de acuerdo con el gobierno, y el delito que cometen dejará de serlo. Quien no está con ellos está contra ellos. No se vale.

Las palabras del secretario de Gobernación sientan un mal precedente. Después de todo, se trata de la persona que debe atender el desarrollo político del país y coadyuvar en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los otros poderes de la Unión y los demás niveles de gobierno para fomentar la convivencia armónica, la paz social, el desarrollo y el bienestar de todos en un Estado de Derecho, como asegura el sitio de la Segob en internet.


La misión de la secretaría – y de quien esté a su cargo – es reconstruir el tejido social del país y con ello dar pasos firmes en la estabilidad social y política de la nación, "enfocado (sic) a la gobernabilidad, la participación ciudadana, la protección de los derechos humanos y la democracia participativa (...) para que México tenga una sociedad abierta, libre, plural, informada y crítica, reconociendo que el respeto pleno al Estado de Derecho es la única vía que permite a los mexicanos vivir en armonía".

Pero no. Quien no está con ellos está contra ellos, y lo demás no importa, como declaró a principios de abril el propio Presidente cuando pronunció la frase que define su visión política ante el Estado de Derecho: "Y que no me vengan a mí con ese cuento de que la ley es la ley", quejándose de que la Suprema Corte debatía con "pura argumentación legal" (la SC, entre otras cosas, vigila el cumplimiento y el respeto a la Constitución) y no iba a fondo en el análisis de la Ley de la Industria Eléctrica.

Violentar las reglas sin consecuencias sienta un mal precedente y da un mal ejemplo. Y parece que el marco legal dejó de ser importante, como ilustra el hecho de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la aplicación de medidas cautelares – para evitar que una conducta ilícita o probablemente ilícita continúe o se repita – a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; a Mario Delgado, presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional; a Ricardo Monreal, senador morenista; a Ignacio Mier y Aleida Alavez, diputados morenistas, y a Evelyn Salgado, gobernadora morenista de Guerrero: los infractores no han mostrado contrición ni respeto, ni han pedido disculpas por sus transgresiones.


En fin. No hay que olvidar que ningún gobierno puede lograr la unidad nacional, asunto que implica una multitud de concesiones y negociaciones, y que en todo caso ninguna unidad nacional es para siempre en el pedregoso camino de la política.

Pero siempre es bueno recordar que el bien público no debe confundirse con el interés partidista, ni con el provecho propio, ni con el gusto propio ni con el deseo personal. El bien, dijo Alfonso Reyes, es un ideal de justicia y de virtud. Hace falta releer la Cartilla Moral, aunque se nomás para ver cómo va la cosa.

Desde el balcón


Uno mira el balcón desde la sala y casi siente la brisa que sofoca la tarde más allá del ventanal. Las noticias no son buenas: el mundo está en llamas, o está seco, o está inundado, y alguien sufre en cualquier parte lo que nunca había pasado y está pasando ahora.

Es mejor perderse en los rincones de la cartilla Moral. Don Alfonso habla sobre el respeto a la ley, que no depende de la opinión pública. El guía moral de nuestro tiempo advierte que cuando el gobierno comienza a contravenir las leyes, o a desoír los anhelos de reforma que el pueblo expresa, sobrevienen las revoluciones.

El ventilador mueve el aire tibio de un lado a otro. El cubito de hielo se derrite en la malta. Dentro de poco será de noche. Hace calor. Uno piensa en lo que diría don Alfonso si viviera, y alza la copa en su memoria.