31 de mayo de 2024
alcalorpolitico.com
Por supuesto que esta sucesión presidencial no es como la de 1928, cuando fue asesinado el general Álvaro Obregón, recién electo; tampoco se puede comparar con la de 1994, marcada por el levantamiento, en Chiapas, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el crimen del candidato priista a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y la ejecución del exgobernador guerrerense Juan Francisco Ruiz Massieu, el secretario general del CEN del PRI que se perfilaba para ser líder de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; sin embargo, la actual administración del presidente López Obrador, que culminará con las votaciones del próximo domingo, está por pasar a la historia nacional como el de mayor violencia política.
De acuerdo con el micrositio “Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México”, creado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, de 2018 a 2023 se observaron cerca de 836 ataques directos del crimen organizado a funcionarios, candidatos y militantes de partidos políticos, además de cientos de ataques adicionales dirigidos a integrantes de fuerzas del orden y familiares de funcionarios, casi el triple de los 311 contabilizados de 2006 a 2012, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
En cuanto al tipo de agresiones, los asesinatos son el evento más frecuentemente registrado por Votar entre Balas, con el 60% de la totalidad de los ataques capturados en la base. Le siguen los ataques armados (18%), amenazas (8%), secuestros (7%), atentados (6%) y desapariciones (2%).
Sobre la frecuencia, en el periodo 2018-2023, mensualmente fueron atacadas, en promedio, 11 personas de la esfera política: cuatro funcionarias públicas y siete integrantes de cuerpos de seguridad, puntualizándose que estos últimos recibieron ataques de manera directa, fuera del contexto de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden.
El 25% de las víctimas de ataques se concentran en administraciones morenistas, dado que es el partido que más ayuntamientos ganó en las elecciones de 2018 y 2021. El grupo de oposición PAN, PRI, PRD –que han competido en coalición en la mayoría de los municipios– concentra más del 40% de los ataques. Llama la atención el caso del PRD: a pesar de que alcaldes del partido del sol azteca gobernaban sin coalición sólo el 2% y 3% de los municipios en 2018 y 2021, respectivamente, su porcentaje de víctimas es mayor.
De todas las víctimas candidatas o funcionarias —incluyendo el área de seguridad— registradas entre 2018 y 2023, el 77% corresponden a puestos en el ámbito municipal. Este hallazgo reitera que, a pesar de que la estrategia de combate al crimen organizado la encabeza el gobierno federal, el interés de las organizaciones criminales está en el nivel local.
El más reciente crimen de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, ejecutado este miércoles en su cierre de campaña, así lo confirma. Doce días antes, el 17 de mayo, su candidato a regidor, Aníbal Zúñiga Cortés, fue encontrado descuartizado junto con su esposa Rubí Bravo Solís en el puerto de Acapulco.
Tras este hecho violento, el empresario constructor y candidato a alcalde había solicitado mayor resguardo de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministerial, de la Marina y contrató escoltas de seguridad privada.
Por otra parte, la consultora Integralia, que también documenta violencia política en este proceso electoral, informó anteayer que las agresiones políticas subieron un 150.5% en México hasta un total de 749 víctimas en el actual proceso en comparación con las pasadas elecciones intermedias de 2021.
La consultora documentó desde el comienzo oficial del proceso electoral, el 4 de septiembre de 2023, un promedio diario de 2.8 víctimas de agresiones, que incluyen asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto.
“De mantenerse el promedio diario, proyectamos más de 760 víctimas totales después de la elección”, advirtió el “Reporte previo a la jornada electoral”.
Dentro de las agresiones, Integralia documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, familiares y víctimas colaterales.
El Gobierno de México reconoció el martes el asesinato de 22 aspirantes, de los que solo ocho eran candidatos oficiales, aunque grupos independientes contabilizan más, como Integralia, y los 39 de la consultora DataInt.
‘DESCONTÓN’ A NAHLE
Vaya, vaya, ¡qué ‘ayudadita’ le dieron de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Rocío Nahle, al confirmar oficialmente que la actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz está siendo investigada por inconsistencias en su declaración patrimonial como secretaria de Energía, en respuesta a las denuncias que presentó en su contra la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén!
La noticia corrió ayer como reguero de pólvora, a casi 72 horas de las elecciones.
¿A poco la SFP no podía esperar hasta el día siguiente de los comicios?
Ayer comentábamos precisamente aquí que había llamado la atención la inmediatez con la que reaccionó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Pablo Gómez para desmentir que Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, posea cuentas bancarias en paraísos fiscales tal como lo publicó un día antes en redes sociales el empresario veracruzano Arturo Castagné, y señalábamos que este trato diligente hacia la exalcaldesa de Iztapalapa del titular del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda no fue el mismo hacia su también correligionaria que contiende por la gubernatura de Veracruz, quien igualmente fue acusada por Castagné Couturier de tener inversiones por más de 5 millones de dólares en bancos de Islas Vírgenes y Bahamas.
Francamente nos resistimos a creer que Nahle haya caído de la gracia de Palacio Nacional. Pero luego de leer ayer al tocayo Raymundo Riva Palacio, en cuya columna Estrictamente Personal detalla el distanciamiento y la frialdad con la que en los últimos días trata el presidente López Obrador al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval... ¡pues tampoco habría que descartar que el mandatario haya pintado su raya con la extitular de la Sener!
De acuerdo con el micrositio “Votar entre balas: Entendiendo la violencia político-criminal en México”, creado por Animal Político, Data Cívica y México Evalúa, de 2018 a 2023 se observaron cerca de 836 ataques directos del crimen organizado a funcionarios, candidatos y militantes de partidos políticos, además de cientos de ataques adicionales dirigidos a integrantes de fuerzas del orden y familiares de funcionarios, casi el triple de los 311 contabilizados de 2006 a 2012, en el sexenio del expresidente Felipe Calderón.
En cuanto al tipo de agresiones, los asesinatos son el evento más frecuentemente registrado por Votar entre Balas, con el 60% de la totalidad de los ataques capturados en la base. Le siguen los ataques armados (18%), amenazas (8%), secuestros (7%), atentados (6%) y desapariciones (2%).
Sobre la frecuencia, en el periodo 2018-2023, mensualmente fueron atacadas, en promedio, 11 personas de la esfera política: cuatro funcionarias públicas y siete integrantes de cuerpos de seguridad, puntualizándose que estos últimos recibieron ataques de manera directa, fuera del contexto de enfrentamientos entre grupos criminales y fuerzas del orden.
El 25% de las víctimas de ataques se concentran en administraciones morenistas, dado que es el partido que más ayuntamientos ganó en las elecciones de 2018 y 2021. El grupo de oposición PAN, PRI, PRD –que han competido en coalición en la mayoría de los municipios– concentra más del 40% de los ataques. Llama la atención el caso del PRD: a pesar de que alcaldes del partido del sol azteca gobernaban sin coalición sólo el 2% y 3% de los municipios en 2018 y 2021, respectivamente, su porcentaje de víctimas es mayor.
De todas las víctimas candidatas o funcionarias —incluyendo el área de seguridad— registradas entre 2018 y 2023, el 77% corresponden a puestos en el ámbito municipal. Este hallazgo reitera que, a pesar de que la estrategia de combate al crimen organizado la encabeza el gobierno federal, el interés de las organizaciones criminales está en el nivel local.
El más reciente crimen de José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato del PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Coyuca de Benítez, Guerrero, ejecutado este miércoles en su cierre de campaña, así lo confirma. Doce días antes, el 17 de mayo, su candidato a regidor, Aníbal Zúñiga Cortés, fue encontrado descuartizado junto con su esposa Rubí Bravo Solís en el puerto de Acapulco.
Tras este hecho violento, el empresario constructor y candidato a alcalde había solicitado mayor resguardo de elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal, Ministerial, de la Marina y contrató escoltas de seguridad privada.
Por otra parte, la consultora Integralia, que también documenta violencia política en este proceso electoral, informó anteayer que las agresiones políticas subieron un 150.5% en México hasta un total de 749 víctimas en el actual proceso en comparación con las pasadas elecciones intermedias de 2021.
La consultora documentó desde el comienzo oficial del proceso electoral, el 4 de septiembre de 2023, un promedio diario de 2.8 víctimas de agresiones, que incluyen asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto.
“De mantenerse el promedio diario, proyectamos más de 760 víctimas totales después de la elección”, advirtió el “Reporte previo a la jornada electoral”.
Dentro de las agresiones, Integralia documentó 34 asesinatos de aspirantes, una cifra que se eleva a 231 homicidios al considerar también a funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, familiares y víctimas colaterales.
El Gobierno de México reconoció el martes el asesinato de 22 aspirantes, de los que solo ocho eran candidatos oficiales, aunque grupos independientes contabilizan más, como Integralia, y los 39 de la consultora DataInt.
‘DESCONTÓN’ A NAHLE
Vaya, vaya, ¡qué ‘ayudadita’ le dieron de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Rocío Nahle, al confirmar oficialmente que la actual candidata de Morena a la gubernatura de Veracruz está siendo investigada por inconsistencias en su declaración patrimonial como secretaria de Energía, en respuesta a las denuncias que presentó en su contra la diputada federal del PAN, María Elena Pérez-Jaén!
La noticia corrió ayer como reguero de pólvora, a casi 72 horas de las elecciones.
¿A poco la SFP no podía esperar hasta el día siguiente de los comicios?
Ayer comentábamos precisamente aquí que había llamado la atención la inmediatez con la que reaccionó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que encabeza Pablo Gómez para desmentir que Clara Brugada, candidata de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, posea cuentas bancarias en paraísos fiscales tal como lo publicó un día antes en redes sociales el empresario veracruzano Arturo Castagné, y señalábamos que este trato diligente hacia la exalcaldesa de Iztapalapa del titular del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda no fue el mismo hacia su también correligionaria que contiende por la gubernatura de Veracruz, quien igualmente fue acusada por Castagné Couturier de tener inversiones por más de 5 millones de dólares en bancos de Islas Vírgenes y Bahamas.
Francamente nos resistimos a creer que Nahle haya caído de la gracia de Palacio Nacional. Pero luego de leer ayer al tocayo Raymundo Riva Palacio, en cuya columna Estrictamente Personal detalla el distanciamiento y la frialdad con la que en los últimos días trata el presidente López Obrador al general secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval... ¡pues tampoco habría que descartar que el mandatario haya pintado su raya con la extitular de la Sener!