16 de diciembre de 2024
alcalorpolitico.com
Después de dos oportunidades fallidas, este año, por fin, el exdirigente estatal del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, logró llegar al Congreso local como diputado por el principio de representación proporcional o plurinominal.
Le va de maravilla, pues coordina al primer grupo legislativo que ha logrado integrar con diputados propios el PVEM, además de que su fracción es la segunda fuerza política en el Congreso del Estado, sólo superado por la bancada mayoritaria de Morena. Atrás quedaron el PAN y el PT, mientras que el PRI y Movimiento Ciudadano ni siquiera alcanzaron las tres curules que como mínimo se le exige a cada partido para tener un representante con voz y voto en la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura local.
Ruiz Sánchez preside la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Por eso, sus detractores comentan con ironía que la diputación plurinominal le vino al exdirigente estatal del partido del tucán “como anillo al dedo”, por el blindaje del fuero legislativo.
Y es que ha trascendido que el exdirigente estatal tendría mucho que ver con la sanción económica que el Instituto Nacional Electoral acaba de imponerle al PVEM, el cual deberá pagar 32 millones 773 mil pesos de multa por no demostrar, además de mentirle al INE, sobre el pago de asesorías en Veracruz por 16 millones 386 mil pesos que datan del proceso electoral de 2018.
Lo grave es que el órgano autónomo, que actualmente preside la sonorense Guadalupe Taddei, acordó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por posible “defraudación fiscal”, pues tras cinco años de investigaciones, el INE detectó que la dirigencia veracruzana del Partido Verde pagó a 10 proveedores más de 16 millones de pesos en asesorías o consultorías sobre participación ciudadana, integración de órganos de representación, acceso al poder público y valores cívicos.
Sin embargo, el PVEM no presentó pruebas para acreditar dichos servicios y no logró localizar a ocho de los proveedores, por lo que se presume son empresas fantasma. Además, entregó información falsa. Por ejemplo, los currículums de algunos proveedores fueron copiados burdamente de internet de otras personas.
“Resulta incuestionable que el sujeto desplegó una conducta dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio. “Lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción”, indica el fallo sancionador del INE.
El golpe contra el diputado local Marcelo Ruiz le rebota obviamente a su protector, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, Javier Herrera Borunda, el hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán que como diputado federal preside paradójicamente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara baja del Congreso de la Unión.
Hace apenas un mes, el 12 de noviembre pasado, Ruiz Sánchez entregó la dirigencia del Partido Verde. Ese día, por unanimidad, el Consejo Político Nacional designó a Edgar José Herrera Lendechy como el nuevo delegado nacional con funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz
Herrera Lendechy es primo hermano de Herrera Borunda y, se presupone, su operador político de absoluta confianza.
OTRA MULTA DE $1 MILLÓN POR AFILIACIONES INDEBIDAS
Por cierto, en esta última ronda de resoluciones del INE, se les impuso en conjunto, al PVEM y a otros cuatro partidos políticos, una multa de 14.3 millones de pesos por un bloque de afiliaciones indebidas que pueden generarse debido a que los institutos políticos no actualizan las bases de datos. Son 135 expedientes los que integró el INE sobre estas irregularidades; algunos asuntos se originaron en 2021 y la mayoría en los años posteriores.
Morena fue señalado con 80 casos de presuntas afiliaciones indebidas, con lo que se le descontará de sus prerrogativas 9.3 millones de pesos; le sigue el Partido del Trabajo, con 27 asuntos (multa de $2.2 millones); el PRI, 18, con rebaja a su financiamiento de 1.6 millones de pesos; el PVEM, con ocho casos, deberá pagar casi un millón de pesos, y el PAN, por dos afiliaciones indebidas, 173 mil 285 pesos.
Como era de esperarse, los representantes de los partidos políticos ante el INE manifestaron su inconformidad por el sistema de multas, a lo que los consejeros respondieron que tienen claras sus obligaciones, particularmente para tener actualizado su padrón de militantes y que se acaten las reglas de fiscalización de ingresos y gastos. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, les ofreció una mesa de diálogo apenas inicie el año próximo, pero por lo pronto se les impuso esta multa.
Le va de maravilla, pues coordina al primer grupo legislativo que ha logrado integrar con diputados propios el PVEM, además de que su fracción es la segunda fuerza política en el Congreso del Estado, sólo superado por la bancada mayoritaria de Morena. Atrás quedaron el PAN y el PT, mientras que el PRI y Movimiento Ciudadano ni siquiera alcanzaron las tres curules que como mínimo se le exige a cada partido para tener un representante con voz y voto en la Junta de Coordinación Política de la LXVII Legislatura local.
Ruiz Sánchez preside la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales.
Por eso, sus detractores comentan con ironía que la diputación plurinominal le vino al exdirigente estatal del partido del tucán “como anillo al dedo”, por el blindaje del fuero legislativo.
Y es que ha trascendido que el exdirigente estatal tendría mucho que ver con la sanción económica que el Instituto Nacional Electoral acaba de imponerle al PVEM, el cual deberá pagar 32 millones 773 mil pesos de multa por no demostrar, además de mentirle al INE, sobre el pago de asesorías en Veracruz por 16 millones 386 mil pesos que datan del proceso electoral de 2018.
Lo grave es que el órgano autónomo, que actualmente preside la sonorense Guadalupe Taddei, acordó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por posible “defraudación fiscal”, pues tras cinco años de investigaciones, el INE detectó que la dirigencia veracruzana del Partido Verde pagó a 10 proveedores más de 16 millones de pesos en asesorías o consultorías sobre participación ciudadana, integración de órganos de representación, acceso al poder público y valores cívicos.
Sin embargo, el PVEM no presentó pruebas para acreditar dichos servicios y no logró localizar a ocho de los proveedores, por lo que se presume son empresas fantasma. Además, entregó información falsa. Por ejemplo, los currículums de algunos proveedores fueron copiados burdamente de internet de otras personas.
“Resulta incuestionable que el sujeto desplegó una conducta dolosa al omitir reportar con veracidad, a sabiendas que la misma era ilegal, con la intención de aparentar una situación que no es real, tratando de engañar a la autoridad administrativa electoral con el propósito de lograr un beneficio. “Lo que implica la aceptación de sus consecuencias y ello posibilita a esta autoridad electoral su sanción”, indica el fallo sancionador del INE.
El golpe contra el diputado local Marcelo Ruiz le rebota obviamente a su protector, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, Javier Herrera Borunda, el hijo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán que como diputado federal preside paradójicamente la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la Cámara baja del Congreso de la Unión.
Hace apenas un mes, el 12 de noviembre pasado, Ruiz Sánchez entregó la dirigencia del Partido Verde. Ese día, por unanimidad, el Consejo Político Nacional designó a Edgar José Herrera Lendechy como el nuevo delegado nacional con funciones de Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Veracruz
Herrera Lendechy es primo hermano de Herrera Borunda y, se presupone, su operador político de absoluta confianza.
OTRA MULTA DE $1 MILLÓN POR AFILIACIONES INDEBIDAS
Por cierto, en esta última ronda de resoluciones del INE, se les impuso en conjunto, al PVEM y a otros cuatro partidos políticos, una multa de 14.3 millones de pesos por un bloque de afiliaciones indebidas que pueden generarse debido a que los institutos políticos no actualizan las bases de datos. Son 135 expedientes los que integró el INE sobre estas irregularidades; algunos asuntos se originaron en 2021 y la mayoría en los años posteriores.
Morena fue señalado con 80 casos de presuntas afiliaciones indebidas, con lo que se le descontará de sus prerrogativas 9.3 millones de pesos; le sigue el Partido del Trabajo, con 27 asuntos (multa de $2.2 millones); el PRI, 18, con rebaja a su financiamiento de 1.6 millones de pesos; el PVEM, con ocho casos, deberá pagar casi un millón de pesos, y el PAN, por dos afiliaciones indebidas, 173 mil 285 pesos.
Como era de esperarse, los representantes de los partidos políticos ante el INE manifestaron su inconformidad por el sistema de multas, a lo que los consejeros respondieron que tienen claras sus obligaciones, particularmente para tener actualizado su padrón de militantes y que se acaten las reglas de fiscalización de ingresos y gastos. La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, les ofreció una mesa de diálogo apenas inicie el año próximo, pero por lo pronto se les impuso esta multa.