11 de diciembre de 2024
alcalorpolitico.com
A los 9 días de haber asumido Rocío Nahle la gubernatura de Veracruz, la recién estrenada administración estatal de la morenista recibió la primera mancha de sangre con el atentado mortal contra el diputado federal de Zongolica, Benito Aguas Atlahua, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), un caso que aún no ha sido esclarecido por las autoridades ministeriales, pero al que se le pretende dar el cariz de un crimen político.
Y es que el ataque directo contra el exalcalde serrano ocurrió coincidentemente en la víspera de la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que este martes encabezó en el puerto de Acapulco, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la que acudió Nahle junto con los otros 31 gobernadoras y gobernadores del país, lo que obviamente desató todo tipo de especulaciones dado el golpe que hace apenas una semana fuerzas federales dieron a una poderosa red de huachicol en el municipio de Ignacio de la Llave mediante el despliegue del “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo”, logrando el aseguramiento de casi un millón 200 mil litros del llamado “huachicol”, así como armamento, municiones, explosivos y 351 tractocamiones cuya propiedad se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este fatídico lunes 9, horas antes del atentado en Zongolica, los voceros del gobierno estatal difundieron el comunicado número 0039 con este encabezado: “Decomiso de huachicol en Ignacio de la Llave: reflejo de la coordinación con la Federación”, retomando las declaraciones que por la mañana había hecho Nahle en una entrevista radiofónica, en la que la mandataria veracruzana “reafirmó el compromiso de su administración en una política de cero tolerancia a la impunidad y al robo de hidrocarburos, destacando que la coordinación con el Gobierno federal será estricta para mantener la legalidad, la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos”.
Y aunque la intervención fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apoyadas por la Fiscalía General de la República, la gobernadora remarcó que “todos los días estamos en las mesas de seguridad y seguimos los lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública federal”.
“Es fundamental la coordinación con el titular, Omar García Harfuch, para atender estos temas y combatir frontalmente la delincuencia; este decomiso en Veracruz era parte de una investigación en curso”, destacó la mandataria estatal, subrayando que “estas acciones son esenciales para garantizar la seguridad y combatir de manera efectiva actividades ilícitas que afectan la economía y la tranquilidad de las comunidades”.
“Son buenas noticias, porque hay que combatir todo lo que sea delincuencia”, puntualizó.
Ayer, en su cuenta de la red social X, Nahle expresó su “más sentido pésame a la familia del compañero diputado Benito Aguas Atlahua”, comprometiéndose a garantizar “que las instituciones encargadas de procurar justicia en Veracruz trabajen hasta dar con los responsables”.
Pero, ayer, desde la presidenta Sheinbaum hasta el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, anunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) coadyuvará en la investigación del asesinato del exalcalde de Zongolica.
EMPRESARIOS TABASQUEÑOS ARREMETEN CONTRA NAHLE
Vaya obús que salió del vecino estado de Tabasco con destino a la recién estrenada administración estatal de Veracruz, donde seguramente darán “acuse de recibo”.
Resulta que al menos una veintena de empresarios tabasqueños ventilaron que la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, estuvo plagada de “moches” por más de 100 millones de pesos a funcionarios y exfuncionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener), que de diciembre de 2018 hasta finales de 2023 estuvo encabezada por la actual gobernadora veracruzana Rocío Nahle.
Según publicó anoche el diario Reforma en su edición digital, los afectados, de la rama de ingeniería naval y petrolera, denunciaron ayer a los señalados por fraude y extorsión, delitos reportados presuntamente entre 2022 y 2024.
El modus operandi fue solicitar cantidades de dinero a cambio del otorgamiento de contratos mediante adjudicación directa, afirmaron los empresarios en entrevista a medios locales.
“Dicho dinero de extorsiones en 2022, 2023 y año 2024 fue utilizado para las campañas políticas de Morena, en su momento la FGR declinó dicha investigación porque según ellos tenían órdenes de que cerraran las denuncias en contra de Pemex o de este gobierno. Estamos hablando de más de cien millones de pesos”, declaró Gervasio Cabrera Corrales, director de ICCIPSA-México.
“La extorsión consistió primero en que el funcionario o exfuncionario otorgó los documentos a los empresarios por asignación de contratos, una vez que fueron entregados esos contratos, el segundo paso fue solicitar dinero a cambio de los contratos directos, la Fiscalía sabe perfectamente bien lo que está pasando en esta carpeta de investigación; existen delitos de extorsión, la falsificación de documentos de Pemex, la utilización de la Refinería de Dos Bocas (para fines electorales) y ciertos funcionarios que están involucrados”, añadió.
En tanto, el empresario José López Reyes indicó que en su caso lo estafaron con siete millones de pesos a cambio de contratos con adjudicación directa.
“Me pusieron el contrato, pero ya después nos dijeron que teníamos que cooperar con algo porque el señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador) así lo había pedido y la señora (extitular de la Secretaría de Energía) Rocío Nahle”, lamentó.
“Lo mío son 7 millones de pesos, entonces queremos que se investigue y se regrese el dinero porque son 7 millones de pesos que entregamos en distintas cantidades, ahora estoy empeñado con el banco”, añadió.
Entre los señalados figura Salvador Blanco Rico, acusado de solicitar pagos por contratos que no se llevaban a cabo.
El diario capitalino refirió también que en abril pasado, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén había presentado 35 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra la entonces candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al Gobierno de Veracruz.
Las denuncias fueron por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021, las cuales suman 533.1 millones de pesos, relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas.
¿Habrá respuesta de doña Rocío Nahle? ¿O acaso dará la cara su flamante secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, un ingeniero químico oriundo de Guanajuato, que fue funcionario de Pemex y quien desde el 2020 estuvo encargado del proyecto de construcción de la refinería del municipio de Paraíso, Tabasco, y que ahora, como titular de la SIOP, concentrará todos los contratos de obras de las diversas dependencias del Gobierno del Estado?
Y es que el ataque directo contra el exalcalde serrano ocurrió coincidentemente en la víspera de la 50 Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública que este martes encabezó en el puerto de Acapulco, Guerrero, la presidenta Claudia Sheinbaum, y a la que acudió Nahle junto con los otros 31 gobernadoras y gobernadores del país, lo que obviamente desató todo tipo de especulaciones dado el golpe que hace apenas una semana fuerzas federales dieron a una poderosa red de huachicol en el municipio de Ignacio de la Llave mediante el despliegue del “Plan Conjunto del Gobierno de la República para Combatir el Robo de Hidrocarburo”, logrando el aseguramiento de casi un millón 200 mil litros del llamado “huachicol”, así como armamento, municiones, explosivos y 351 tractocamiones cuya propiedad se adjudicó al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Este fatídico lunes 9, horas antes del atentado en Zongolica, los voceros del gobierno estatal difundieron el comunicado número 0039 con este encabezado: “Decomiso de huachicol en Ignacio de la Llave: reflejo de la coordinación con la Federación”, retomando las declaraciones que por la mañana había hecho Nahle en una entrevista radiofónica, en la que la mandataria veracruzana “reafirmó el compromiso de su administración en una política de cero tolerancia a la impunidad y al robo de hidrocarburos, destacando que la coordinación con el Gobierno federal será estricta para mantener la legalidad, la seguridad y el bienestar de las y los ciudadanos”.
Y aunque la intervención fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, apoyadas por la Fiscalía General de la República, la gobernadora remarcó que “todos los días estamos en las mesas de seguridad y seguimos los lineamientos de la Secretaría de Seguridad Pública federal”.
“Es fundamental la coordinación con el titular, Omar García Harfuch, para atender estos temas y combatir frontalmente la delincuencia; este decomiso en Veracruz era parte de una investigación en curso”, destacó la mandataria estatal, subrayando que “estas acciones son esenciales para garantizar la seguridad y combatir de manera efectiva actividades ilícitas que afectan la economía y la tranquilidad de las comunidades”.
“Son buenas noticias, porque hay que combatir todo lo que sea delincuencia”, puntualizó.
Ayer, en su cuenta de la red social X, Nahle expresó su “más sentido pésame a la familia del compañero diputado Benito Aguas Atlahua”, comprometiéndose a garantizar “que las instituciones encargadas de procurar justicia en Veracruz trabajen hasta dar con los responsables”.
Pero, ayer, desde la presidenta Sheinbaum hasta el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued, anunciaron que la Fiscalía General de la República (FGR) coadyuvará en la investigación del asesinato del exalcalde de Zongolica.
EMPRESARIOS TABASQUEÑOS ARREMETEN CONTRA NAHLE
Vaya obús que salió del vecino estado de Tabasco con destino a la recién estrenada administración estatal de Veracruz, donde seguramente darán “acuse de recibo”.
Resulta que al menos una veintena de empresarios tabasqueños ventilaron que la construcción de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, estuvo plagada de “moches” por más de 100 millones de pesos a funcionarios y exfuncionarios de Pemex y de la Secretaría de Energía (Sener), que de diciembre de 2018 hasta finales de 2023 estuvo encabezada por la actual gobernadora veracruzana Rocío Nahle.
Según publicó anoche el diario Reforma en su edición digital, los afectados, de la rama de ingeniería naval y petrolera, denunciaron ayer a los señalados por fraude y extorsión, delitos reportados presuntamente entre 2022 y 2024.
El modus operandi fue solicitar cantidades de dinero a cambio del otorgamiento de contratos mediante adjudicación directa, afirmaron los empresarios en entrevista a medios locales.
“Dicho dinero de extorsiones en 2022, 2023 y año 2024 fue utilizado para las campañas políticas de Morena, en su momento la FGR declinó dicha investigación porque según ellos tenían órdenes de que cerraran las denuncias en contra de Pemex o de este gobierno. Estamos hablando de más de cien millones de pesos”, declaró Gervasio Cabrera Corrales, director de ICCIPSA-México.
“La extorsión consistió primero en que el funcionario o exfuncionario otorgó los documentos a los empresarios por asignación de contratos, una vez que fueron entregados esos contratos, el segundo paso fue solicitar dinero a cambio de los contratos directos, la Fiscalía sabe perfectamente bien lo que está pasando en esta carpeta de investigación; existen delitos de extorsión, la falsificación de documentos de Pemex, la utilización de la Refinería de Dos Bocas (para fines electorales) y ciertos funcionarios que están involucrados”, añadió.
En tanto, el empresario José López Reyes indicó que en su caso lo estafaron con siete millones de pesos a cambio de contratos con adjudicación directa.
“Me pusieron el contrato, pero ya después nos dijeron que teníamos que cooperar con algo porque el señor Presidente (Andrés Manuel López Obrador) así lo había pedido y la señora (extitular de la Secretaría de Energía) Rocío Nahle”, lamentó.
“Lo mío son 7 millones de pesos, entonces queremos que se investigue y se regrese el dinero porque son 7 millones de pesos que entregamos en distintas cantidades, ahora estoy empeñado con el banco”, añadió.
Entre los señalados figura Salvador Blanco Rico, acusado de solicitar pagos por contratos que no se llevaban a cabo.
El diario capitalino refirió también que en abril pasado, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén había presentado 35 denuncias en la Fiscalía General de la República (FGR) contra la entonces candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al Gobierno de Veracruz.
Las denuncias fueron por irregularidades detectadas en las cuentas públicas de 2019, 2020 y 2021, las cuales suman 533.1 millones de pesos, relacionadas con la construcción de la refinería de Dos Bocas.
¿Habrá respuesta de doña Rocío Nahle? ¿O acaso dará la cara su flamante secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Leonardo Cornejo Serrano, un ingeniero químico oriundo de Guanajuato, que fue funcionario de Pemex y quien desde el 2020 estuvo encargado del proyecto de construcción de la refinería del municipio de Paraíso, Tabasco, y que ahora, como titular de la SIOP, concentrará todos los contratos de obras de las diversas dependencias del Gobierno del Estado?