Hace más de dos años, ante las reiteradas quejas y reclamos de ciudadanos y diversos sectores de la sociedad, e inclusive de algunos de sus propios correligionarios –entre ellos los entonces diputados locales morenistas José Magdaleno Rosales Torres, de Medellín de Bravo; Eusebia Cortés Pérez, de Coatzacoalcos, y hasta el líder del Congreso local, Juan Javier Gómez Cazarín–, por los cobros abusivos de los concesionarios de la empresas privadas de grúas al servicio de la Dirección General de Tránsito y Transporte del Estado, el gobernador Cuitláhuac García tuvo que ordenarle al todavía secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado, y al titular de la Sefiplan, José Luis Lima Franco, regularizar este negociazo de influyentes empresarios que fueron solapados por las últimas dos administraciones anteriores del PRI y PAN, y que inexplicablemente continuó en la primera administración estatal de Morena que, paradójicamente, su principal bandera era la del combate a la corrupción.

La noche del martes 30 de agosto de 2022, el jefe policiaco publicó en su cuenta de Twitter: “En seguimiento a las acciones implementadas para regularizar los servicios de grúas y depósitos de vehículos en la entidad, esta noche sostuvimos una reunión de trabajo con el Gobernador @CuitlahuacGJ.

“Acompañado de los directores generales de Tránsito y Transporte del Estado, así como los titulares de las áreas Jurídica y Administrativa de la SSP, presentamos los avances de lo que será la iniciativa de reforma a las Leyes y Código de Derechos. Así como la expedición del Reglamento de Arrastre, Salvamento y Depósito de Vehículos para el Estado. 


“En la @SP_Veracruz continuamos trabajando para garantizar certeza jurídica en materia de transporte y seguridad vial”, finalizó su tuit.

Cuatro días antes de esta reunión con el gobernador, Gutiérrez Maldonado había declarado a la reportera Claudia Montero, del portal alcalorpolitico.com, que en Veracruz no existía una reglamentación para concesionarios de grúas, por lo que cobraban cifras que llegaban hasta los 100 mil pesos, en caso de vehículos de transporte de carga por un arrastre, y 350 mil pesos por autos accidentados.

Y afirmó que con el reglamento para grúas que estaba por entrar en vigor en el estado, serían regulados los costos de los servicios, por lo que un arrastre bajaría su tarifa hasta en 90 o 95 por ciento. “El que le quiera entrar que le entre y, si no, que se vayan”, expresó el funcionario estatal, quien reconoció que las grúas cobran lo que quieren porque no tienen una tarifa específica que tengan que respetar, de manera que cometen abusos en contra de los usuarios.


Y aunque en diciembre de 2018, cuando tomó posesión como secretario de Seguridad Pública, Gutiérrez Maldonado presumió hasta un doctorado en Derecho que la revista Proceso desmintió, cuatro años después el titular de la SSP, nativo de Nuevo León, dijo que Veracruz contaría “con una base jurídica para dar de baja a los concesionarios que incurran en cobros excesivos por sus servicios y ya se podrá contestar a los jueces de distrito con un reglamento específico que determine la causa del por qué se decide retirar la concesión”, pues refirió que “actualmente, como no había una ley de grúas, se amparaban y ganaban, pero ya se acabó”. Sin embargo, dos meses después, en octubre de 2022, el abogado regiomontano renunció sorpresivamente y el reglamento jamás se turnó al Congreso local.

Anteayer, la gobernadora Rocío Nahle le puso fin a este abusivo negocio de particulares. Lo que Cuitláhuac jamás se atrevió a hacer. ¿Por qué nunca lo hizo? Deberían llamarlo para que rinda cuentas, pues en las dos Legislaturas de su administración los diputados de Morena y sus aliados fueron mayoría, igual que ahora.

OTRA ‘BLANCA NAVIDAD PARA AUTOMOVILISTAS’


Por cierto, el exdirector de Tránsito y Transporte del Estado, José Luis Salas Torres, quien también fue director general de Gobernación, diputado y representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, entre otros tanto cargos públicos y partidistas, publicó previamente en Facebook un texto titulado “Blanca Navidad para automovilistas”, en el que refería que “desde hace algunos años, las denuncias ciudadanas respecto al desempeño de las empresas concesionarias del servicio de grúas en Xalapa se han multiplicado considerablemente”, señalando que “la arbitrariedad de intervenir vehículos en lugares permitidos, el monto del arrastre y los daños que se ocasionan a los vehículos han sido algunas de las quejas más frecuentes, ante una autoridad que no ha podido –o no ha querido– meter en orden a estas empresas”.

“Pero no siempre fue así”, puntualizaba el exfuncionario estatal, pues citaba que “hace ya algunos años, durante el gobierno de don Agustín Acosta Lagunes, la Dirección General de Tránsito y Transporte implementó un programa decembrino consistente en ‘Cero infracciones, cero grúas’, lo que implicaba una ‘blanca navidad’ para automovilistas y turistas que visitaban la ciudad.

“El programa consistía en que los agentes sólo intervendrían en accidentes de tránsito cuando las unidades sufrieran algún daño que les impidiera circular. Lo mismo aplicaba para infracciones en caso de pasar un semáforo en rojo, no contar con licencia de conducir o tarjeta de circulación e, incluso, cuando se trataba de carros mal estacionados, en doble fila o en lugares prohibidos para ello.


“La intervención de los agentes se limitaba a entregar un volante en el que se informaba de la infracción en la que habían incurrido y se les hacía un exhorto para no volver a incurrir en ella. En caso de que el conductor no se encontrara en su vehículo, se le fijaba en su parabrisas con la información del programa. “El resultado fue que los accidentes se redujeron considerablemente y, lógicamente, no había espacio para la corrupción de los agentes de tránsito.

“El programa tuvo un gran éxito gracias a que se implementó en todo el estado. Don Agustín recibió la felicitación de otros gobernadores y de autoridades de Estados Unidos por su eficacia. “También en fechas decembrinas, se entregaron concesiones para prestar el servicio de taxi a todas las mujeres que habían solicitado la concesión; ahí surgieron las primeras taxistas, un servicio público hasta entonces ofrecido sólo por varones.

“Recuerdo que fue un evento muy significativo, donde la señora Esperanza Azcón de Acosta entregó las concesiones a las primeras trabajadoras del volante. “Poner a la autoridad al servicio del ciudadano es una tarea sencilla. Lo difícil es renunciar a los millonarios intereses económicos que se mueven en torno al tránsito y el transporte. “Esta navidad es una buena oportunidad para hacer lo correcto”, sugería en su texto Salas Torres.


Rocío Nahle, la primera mujer que gobierna Veracruz, lo acaba de hacer.