18 de octubre de 2024
alcalorpolitico.com
Vaya banquetazo y festín que se han dado gobernantes y voceros de la Cuarta Trasformación (4T) con la sentencia de casi 39 años de prisión que el juez Bryan Cogan, de la Corte federal de Nueva York, le dio anteayer al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, el hombre fuerte en el sexenio del panista Felipe Calderón, el más odiado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores desde el supuesto fraude electoral en la sucesión presidencial de 2006.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Calderón Hinojosa debería pedir perdón por su exjefe policiaco, y afirmó que el exmandatario del PAN es “muy cínico” por exculparse al argumentar que no sabía sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico.
Pero este miércoles, tanto Breon Peace, fiscal para el Distrito Este de Nueva York, como Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y Anne Milgram, titular de la agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA), al anunciar conjuntamente el veredicto advirtieron al unísono: “La sentencia dictada hoy contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia”.
El mensaje enviado desde Nueva York fue muy claro, por lo que en la 4T deberían poner sus barbas a remojar, pues en sus filas partidistas y en el gabinete presidencial hay líderes y funcionarios que difícilmente podrán poner un pie en Estados Unidos, a menos que se arriesgaran a correr la misma suerte que el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón.
Y es que, por ejemplo, hace casi tres semanas, el miércoles 25 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando enviado desde la embajada en la Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986 sobre el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, que confirma que Manuel Bartlett Díaz, quien acaba de entregar la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está involucrado en este caso que le tocó como secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), del PRI.
Como ya se ha documentado, la tortura y crimen del agente antinarcóticos de EU se atribuyó al cártel de Guadalajara que en la década de los ochentas lideraba Rafael Caro Quintero, actual capo del cártel de Caborca, Sonora.
Otro cuatroteísta que difícilmente viajará también a Estados Unidos es el exdirigente nacional de Morena y flamante titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, vinculado al empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, al cual se le ligaba con la red criminal de importación ilegal de gasolina y venta de “huachicol”, el cual fue acribillado hace tres años en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona fue uno de los principales financiadores del partido guinda, pues en las elecciones intermedias de 2021 habría aportado hasta 500 millones de pesos a las campañas de los candidatos de la 4T. Su hermano Julio Carmona, exjefe de la Aduana de Reynosa, pocos días después del asesinato de Sergio se entregó a la justicia estadunidense y se acogió al sistema de testigos protegidos.
¿Y Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no fue acaso del equipo de García Luna también? El jefe policiaco de Sheinbaum, además, fue delegado de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, donde en septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo caso no pudo esclarecer el gobierno de López Obrador por la presunta implicación del Ejército en colusión con grupos criminales y policías municipales corruptos.
Pero, además, recuérdese que el 15 de octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido a petición de la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Casualmente, Cienfuegos había sido investigado por vínculos con el crimen organizado, por la misma Corte de Nueva York que lleva el caso de García Luna y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.
No obstante, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró los cargos en contra de Cienfuegos, señalando que sería la Fiscalía General de la República en México continuaría con la investigación. En un tuit publicado por la fiscalía mexicana a cargo de Alejandro Gertz Manero, señaló que: “Gracias a la estrecha relación entre @TheJusticeDept y #FGR, nuestra homóloga (sic) norteamericana tomo (sic) la decisión de solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas.”
La jueza que llevaba el proceso en Estados Unidos, Carol B. Amon, señaló que las imputaciones eran graves pero que aceptaba el retiro de los cargos debido a que había un acuerdo entre los dos gobiernos. Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores de López Obrador y actual secretario de Economía con Sheinbaum, dijo que, aunque había una carpeta de investigación abierta en México, no existía una orden de aprehensión. El diario The Washington Post publicó que el gobierno mexicano había amenazado al gobierno de Estados Unidos de limitar la influencia de la DEA en las tareas de investigación antidrogas en México, incluso prohibir las operaciones en el país, si no se retiraban los cargos en contra de Salvador Cienfuegos.
El 20 de noviembre de 2020, la agencia de noticias Reuters publicó que la Fiscalía de EU había retirado los cargos en contra de Cienfuegos por un acuerdo en el que el gobierno mexicano se comprometía a capturar a un líder de un cártel del narcotráfico. Según Reuters, esta información provino de una fuente del propio gobierno de México; sin embargo, un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la información de Reuters sería falsa, y que más bien en México se estaban replanteando la forma en que seguirían cooperando con agencias de Estados Unidos, como la DEA, la CIA y el FBI.
El 14 de enero de 2021, la FGR informó que exoneraría al general Cienfuegos argumentando que no había encontrado elementos que probaran que tuvo encuentros o comunicación con organizaciones delictivas.
El 15 de enero de 2021, el presidente López Obrador dio la orden para desclasificar los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos usó para acusar a Cienfuegos, los cuales fueron publicados ese mismo día. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que hacer públicos esos documentos incumplía el Tratado de Asistencia Legal Mutua, por lo que expresaron una “profunda decepción”.
GRANJAS CARROLL, MOTOR
DE LA ECONOMÍA REGIONAL
Pasando a otro tema muy cercano, resulta innegable que Granjas Carroll de México (GCM) ha demostrado ser un motor económico clave en las comunidades de los estados de Veracruz y Puebla, inyectando más de mil 325 millones de pesos anuales en la economía local. Este monto, que incluye 225 millones de pesos en compras regionales y mil 100 millones destinados a salarios, prestaciones, impuestos y apoyos a la comunidad, subraya la importancia de la empresa porcícola en la región.
El impacto de GCM no se limita a la inyección directa de recursos, sino que su actividad también ha creado un efecto multiplicador en los sectores agrícola, industrial y de servicios. Su presencia ha incentivado mejoras en infraestructura, particularmente en el ámbito eléctrico y de caminos rurales. Gracias a estas mejoras, los agricultores locales han podido modernizar sus sistemas de riego, incrementando así la productividad y los ingresos familiares. Esto es especialmente relevante en comunidades como Perote, que en las últimas tres décadas ha experimentado una transformación económica significativa. Hoy, esta cabecera municipal de la zona montañosa central de Veracruz alberga sucursales bancarias, supermercados y otros establecimientos que antes no existían, evidenciando el crecimiento y desarrollo que la presencia de GCM ha fomentado.
Más que impulsar su propia industria, Granjas Carroll ha transformado para bien comunidades enteras. Su compromiso con la economía local y la modernización de infraestructura en las áreas donde opera es, sin duda, un modelo para el desarrollo regional en México.
Ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que Calderón Hinojosa debería pedir perdón por su exjefe policiaco, y afirmó que el exmandatario del PAN es “muy cínico” por exculparse al argumentar que no sabía sobre los nexos de García Luna con el narcotráfico.
Pero este miércoles, tanto Breon Peace, fiscal para el Distrito Este de Nueva York, como Katrina W. Berger, directora ejecutiva asociada de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), y Anne Milgram, titular de la agencia para la Administración de Control de Drogas (DEA), al anunciar conjuntamente el veredicto advirtieron al unísono: “La sentencia dictada hoy contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, envía un mensaje claro a los líderes corruptos de todo el mundo que utilizan sus posiciones de poder para ayudar a los cárteles: ninguna cantidad de poder los protegerá de la justicia”.
El mensaje enviado desde Nueva York fue muy claro, por lo que en la 4T deberían poner sus barbas a remojar, pues en sus filas partidistas y en el gabinete presidencial hay líderes y funcionarios que difícilmente podrán poner un pie en Estados Unidos, a menos que se arriesgaran a correr la misma suerte que el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón.
Y es que, por ejemplo, hace casi tres semanas, el miércoles 25 de septiembre, el gobierno de Estados Unidos desclasificó un memorando enviado desde la embajada en la Ciudad de México al director del FBI en marzo de 1986 sobre el caso del asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, que confirma que Manuel Bartlett Díaz, quien acaba de entregar la Dirección de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), está involucrado en este caso que le tocó como secretario de Gobernación en el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988), del PRI.
Como ya se ha documentado, la tortura y crimen del agente antinarcóticos de EU se atribuyó al cártel de Guadalajara que en la década de los ochentas lideraba Rafael Caro Quintero, actual capo del cártel de Caborca, Sonora.
Otro cuatroteísta que difícilmente viajará también a Estados Unidos es el exdirigente nacional de Morena y flamante titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, vinculado al empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, al cual se le ligaba con la red criminal de importación ilegal de gasolina y venta de “huachicol”, el cual fue acribillado hace tres años en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León. Carmona fue uno de los principales financiadores del partido guinda, pues en las elecciones intermedias de 2021 habría aportado hasta 500 millones de pesos a las campañas de los candidatos de la 4T. Su hermano Julio Carmona, exjefe de la Aduana de Reynosa, pocos días después del asesinato de Sergio se entregó a la justicia estadunidense y se acogió al sistema de testigos protegidos.
¿Y Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, no fue acaso del equipo de García Luna también? El jefe policiaco de Sheinbaum, además, fue delegado de la Policía Federal en Iguala, Guerrero, donde en septiembre de 2014 fueron desaparecidos 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, cuyo caso no pudo esclarecer el gobierno de López Obrador por la presunta implicación del Ejército en colusión con grupos criminales y policías municipales corruptos.
Pero, además, recuérdese que el 15 de octubre de 2020, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, fue detenido a petición de la DEA en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Casualmente, Cienfuegos había sido investigado por vínculos con el crimen organizado, por la misma Corte de Nueva York que lleva el caso de García Luna y que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán, fundador del Cártel de Sinaloa.
No obstante, el 17 de noviembre de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retiró los cargos en contra de Cienfuegos, señalando que sería la Fiscalía General de la República en México continuaría con la investigación. En un tuit publicado por la fiscalía mexicana a cargo de Alejandro Gertz Manero, señaló que: “Gracias a la estrecha relación entre @TheJusticeDept y #FGR, nuestra homóloga (sic) norteamericana tomo (sic) la decisión de solicitar a la Jueza que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos, para que sea investigado y, en su caso, procesado acorde con las leyes mexicanas.”
La jueza que llevaba el proceso en Estados Unidos, Carol B. Amon, señaló que las imputaciones eran graves pero que aceptaba el retiro de los cargos debido a que había un acuerdo entre los dos gobiernos. Marcelo Ebrard, entonces secretario de Relaciones Exteriores de López Obrador y actual secretario de Economía con Sheinbaum, dijo que, aunque había una carpeta de investigación abierta en México, no existía una orden de aprehensión. El diario The Washington Post publicó que el gobierno mexicano había amenazado al gobierno de Estados Unidos de limitar la influencia de la DEA en las tareas de investigación antidrogas en México, incluso prohibir las operaciones en el país, si no se retiraban los cargos en contra de Salvador Cienfuegos.
El 20 de noviembre de 2020, la agencia de noticias Reuters publicó que la Fiscalía de EU había retirado los cargos en contra de Cienfuegos por un acuerdo en el que el gobierno mexicano se comprometía a capturar a un líder de un cártel del narcotráfico. Según Reuters, esta información provino de una fuente del propio gobierno de México; sin embargo, un funcionario de alto nivel de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señaló que la información de Reuters sería falsa, y que más bien en México se estaban replanteando la forma en que seguirían cooperando con agencias de Estados Unidos, como la DEA, la CIA y el FBI.
El 14 de enero de 2021, la FGR informó que exoneraría al general Cienfuegos argumentando que no había encontrado elementos que probaran que tuvo encuentros o comunicación con organizaciones delictivas.
El 15 de enero de 2021, el presidente López Obrador dio la orden para desclasificar los documentos que el Departamento de Justicia de Estados Unidos usó para acusar a Cienfuegos, los cuales fueron publicados ese mismo día. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos señaló que hacer públicos esos documentos incumplía el Tratado de Asistencia Legal Mutua, por lo que expresaron una “profunda decepción”.
GRANJAS CARROLL, MOTOR
DE LA ECONOMÍA REGIONAL
Pasando a otro tema muy cercano, resulta innegable que Granjas Carroll de México (GCM) ha demostrado ser un motor económico clave en las comunidades de los estados de Veracruz y Puebla, inyectando más de mil 325 millones de pesos anuales en la economía local. Este monto, que incluye 225 millones de pesos en compras regionales y mil 100 millones destinados a salarios, prestaciones, impuestos y apoyos a la comunidad, subraya la importancia de la empresa porcícola en la región.
El impacto de GCM no se limita a la inyección directa de recursos, sino que su actividad también ha creado un efecto multiplicador en los sectores agrícola, industrial y de servicios. Su presencia ha incentivado mejoras en infraestructura, particularmente en el ámbito eléctrico y de caminos rurales. Gracias a estas mejoras, los agricultores locales han podido modernizar sus sistemas de riego, incrementando así la productividad y los ingresos familiares. Esto es especialmente relevante en comunidades como Perote, que en las últimas tres décadas ha experimentado una transformación económica significativa. Hoy, esta cabecera municipal de la zona montañosa central de Veracruz alberga sucursales bancarias, supermercados y otros establecimientos que antes no existían, evidenciando el crecimiento y desarrollo que la presencia de GCM ha fomentado.
Más que impulsar su propia industria, Granjas Carroll ha transformado para bien comunidades enteras. Su compromiso con la economía local y la modernización de infraestructura en las áreas donde opera es, sin duda, un modelo para el desarrollo regional en México.