El principal argumento de quienes desde el poder impulsan la reforma judicial para que mediante el voto popular sea el pueblo el que elija directamente a jueces, magistrados y a los ministros de la Suprema Corte, es que se abatirá la corrupción en los Juzgados y se hará más pronta y expedita la procuración de justicia.

Lamentablemente esto no va ser así. Ya juristas y académicos expertos en la materia lo han advertido. Y es que hasta ahora se ha pasado por alto en este engranaje el desempeño de las fiscalías estatales y federal que, pese a ser órganos autónomos, están sometidas a vaivenes e intereses políticos de los titulares del Poder Ejecutivo.

A mediados de 2022, por ejemplo, se difundieron audios sobre las presiones y negociaciones que ejercía el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para que los jueces o magistrados le dieran la razón en los casos de índole político y hasta familiar que más le interesaban.


Pero si Gertz Manero se enfureció con estos audios en los que se escuchaba cómo pretendía tranzar con la ley y operar el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, dicen que entonces las investigaciones que avanzarían en Estados Unidos en su contra, por sus operaciones financieras y su poco apoyo en casos de investigaciones a los cárteles productores de fentanilo, seguramente lo desquiciarán.

Casualmente, desde el año antepasado, la periodista y académica de la UNAM, María Idalia Gómez, publicó en Eje Central que “para Estados Unidos, Gertz Manero no es confiable, para el Ejército y Marina no es confiable, ni siquiera áreas de Hacienda quieren lidiar con su equipo. Sólo el presidente Andrés Manuel López Obrador lo defiende... en público”. Y narró que tres meses antes, el mandatario preguntó a uno de sus colaboradores más leales y cercanos qué pensaba de las acusaciones públicas contra el titular de la FGR y si en realidad había algo en los audios. La respuesta fue que al parecer sí había abusos y anomalías, por lo que entonces López Obrador respondió que revisarían y actuarían, pero no bajo presión externa.

AMLO tardó en deshacerse de Gertz. Ahora, la desconfianza de EU en su fiscal le ha generado una fuerte crisis política tras el presunto “secuestro” de Ismael “El Mayo” Zambada y la supuesta “entrega voluntaria” de Joaquín “El Chapito” Guzmán López a los agentes del FBI. Hasta ahora no han sabido explicar qué fue lo que realmente ocurrió en Culiacán el 25 de julio pasado, pues las autoridades estadounidenses les siguen regateando la información.


Según la directora editorial de Eje Central, quien hace un año encabezó una investigación periodística que exhibió la alianza del Cártel de Sinaloa con una millonaria familia de Colombia que tenía el control del Banco Serfinanza –que presuntamente formaba parte de la red trasnacional del Mayo y Los Chapitos que se había extendido a los puertos sudamericanos de Barranquilla, Cartagena y Santa Martha–, Gertz Manero no es un fiscal confiable ya que en el sexenio del expresidente Vicente Fox (2000-2006), como secretario de Seguridad Pública federal, fue implicado con el Cártel de Amado Carrillo Fuentes por un avión de su presunta propiedad que usaba el principal “lavador” de dinero del extinto capo llamado el “Señor de los Cielos”.

Ahora, la FGR a su cargo, atrajo el caso del crimen del exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Ojeda, exalcalde de Culiacán y fundador del Partido Sinaloense (PAS), dándole un giro a la indagatoria que motivó la renuncia de la fiscal de Sinaloa, Sara Quiñones Estrada, cuya versión era que el amigo de Zambada había sido asesinado en una gasolinera donde habrían pretendido despojarlo de su camioneta. Pero el cadáver de Cuén, que fue incinerado con inusitada prisa, presentaba golpes y al menos cuatro heridas de bala.

A ver hasta dónde lo dejan llegar. Y es que, sin tener la suficiente información del operativo atribuido a agentes federales de Estados Unidos, ya el presidente López Obrador, la presidenta electa Claudia Sheinbaum y todas las gobernadoras y gobernadores en funciones y recién electos de Morena, así como la dirigencia nacional del partido guinda que todavía encabeza Mario Delgado Carrillo, futuro secretario de Educación Pública, salieron a exonerar de inmediato al mandatario sinaloense Rubén Rocha Moya, señalado por Zambada de ser uno de los asistirían a la reunión en Culiacán convocada por “El Chapito” Guzmán López, y de la que no salió vivo Cuén, su exsecretario de Salud con quien disputaba el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa.


Además, hasta la fecha, están desaparecidos dos de los escoltas de El Mayo, uno de ellos un comandante de la Policía Judicial de Sinaloa, José Rosario Heras López, y Rodolfo Chaidez, de absoluta confianza de Zambada por los años que llevaba a cargo de su círculo de seguridad.

En enero de 2019, Gertz Manero fue electo por el Senado como primer titular de la Fiscalía General de la República para un periodo que se le vence hasta el 2028. En octubre próximo está por cumplir 84 años de edad. ¿Lo “jubilará” antes Sheinbaum?