Yunismo aclaró y libró algunos de los presuntos daños patrimoniales

El bienio del exgobernador panista Miguel Ángel Yunes Linares logró solventar millonarias observaciones de presunto daño patrimonial de la Cuenta Pública 2018 que fueron observados en 9 Dependencias, 30 Organismos Públicos Descentralizados, 2 Fideicomisos y 1 órgano autónomo, así como una presunción de quebranto financiero por la deuda pública y por el proceso de refinanciamiento.

De acuerdo con el informe de seguimiento correspondiente a la situación que guardan las observaciones y acciones promovidas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), de los 2 mil 323 millones 408 mil 505.78 pesos observados en el segundo y último año de la administración yunista, se solventaron 2 mil 300 millones 904 mil 502.78 pesos.

Del total de los entes fiscalizables observados, solo uno, el Instituto Tecnológico Superior de Juan Rodríguez Clara no aclaró 22 millones 504 mil pesos, por lo que se presentó una denuncia penal en contra de quien o quienes resulten responsables.



Incluso, el organismo autónomo Fiscalía General del Estado que presidió Jorge Winckler Ortiz pudo aclarar el destino de 7 millones 192 mil 633.66 pesos.

Cabe recordar que el Informe General Ejecutivo y los Informes Individuales de la Cuenta Pública 2018, que el exauditor Lorenzo Portilla Vásquez entregó al Congreso del Estado, no fueron aprobados y se ordenó al ORFIS una nueva valoración.

Con el nuevo informe, las 9 dependencias señaladas con presunto daño patrimonial fueron la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), con 406 millones 124 mil 291.91 pesos y la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), por 128 millones 148 mil 998 pesos.



También la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), con 258 millones 418 mil 673.29 pesos; la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), 28 millones 653 mil 406.05 pesos.

La Coordinación General de Comunicación Social, 67 millones 643 mil 161.16 pesos; Secretaría de Gobierno, 5 millones 2 mil 366 pesos; la Contraloría General del Estado, 2 millones 516 mil 297.82 pesos y la Oficina de Programa de Gobierno, 456 mil 281.50 pesos.

Sin embargo, esos entes estatales solventaron las observaciones durante la fase de sustanciación.



Por cuanto hace a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se dio seguimiento a las irregularidades detectadas en el 2017 por un daño patrimonial de mil 44 millones 523 mil 721.33, relacionado con el sistema de videovigilancia, en el que se confirmó una denuncia penal ante la fiscalía general de la República.

Con relación a los dos Fideicomisos, EXPOVER solventó 162 mil 923.95 pesos y el Fondo Veracruzano de Fomento Agropecuario (FIVERFAP) comprobó 14 millones 215 mil 995.26 pesos.

Asimismo, la administración yunista comprobó un presunto daño patrimonial en la deuda pública de 125 millones 490 mil 162.96 pesos y 183 millones 471 mil 791.87 pesos por el proceso de refinanciamiento.