TEJAV confirma que empleada de SEGOB sí sufrió acoso sexual

El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz (TEJAV) emitió una resolución en la que determinó que una empleada de la Secretaría de Gobierno sí sufrió acoso sexual y se vulneraron sus datos personales.

La semana pasada el TEJAV resolvió el recurso RIN/01/2020 interpuesto por los abogados de la trabajadora estatal, luego de que la resolución emitida por la Contraloría General del Estado determinara que no hubo faltas graves que sancionar.

La sentencia del Tribunal incluirá en su momento la sanción que ha de imponerse al exdirector general de Gobernación y el jefe de la Unidad Administrativa de SEGOB, señalados de incurrir en diversas faltas en este caso.



Además, exhibe que ni la Contraloría, ni el Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), ni la propia Secretaría de Gobierno (SEGOB) mediante los órganos internos de control, actuaron con debida diligencia en las denuncias por acoso, hostigamiento y amenazas contra la mujer.

La resolución del TEJAV coincide con lo que había determinado ya antes la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

El caso se remonta a 2019 y es el mismo por el que en mayo de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió la recomendación 02/2022 dirigida a la Secretaría de Gobierno a cargo de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, a la Contraloría General del Estado y al Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).



La CEDH encontró que todas las dependencias que tuvieron conocimiento de los hechos desdeñaron por completo el caso de acoso sexual y laboral que sufrió una empleada justo cuando el gobernador Cuitláhuac García Jiménez hacía la presentación del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual en la Administración Pública.

El exdirector también fue denunciado penalmente, aunque a la fecha no ha sido llevado a control judicial.

“Fue precisamente ahí en la Contraloría donde me dijeron que necesitaban que denunciara penalmente al funcionario para que sirviera como prueba en el juicio que se estaba llevando en la Contraloría y entonces denuncio en noviembre de 2019 y esta es la fecha donde no tengo absolutamente nada.



“La carpeta ya está integrada, ya íbamos a llegar a la audiencia inicial que estaba programada para el 1 de julio y la persona que denuncié solicitó más tiempo para su defensa”, señaló la víctima en entrevista.

La mujer relató que cuando ocurrieron los hechos –insinuaciones sexuales, abuso psicológico y coacción, entre otros– acudió al Centro de Justicia de las Mujeres pero también ya había procedido ante el Órgano Interno de Control por ser un funcionario el que estaba ejerciendo acoso contra ella, aunque a la postre nada ocurrió y el funcionario incluso pudo poner su renuncia sin recibir castigo.

“Para mí es muy indignante, a 15 días de que saliera la resolución de Derechos Humanos se va y no se fue investigado, porque hay otras denuncias pero desistieron las personas que denunciaron. Mínimo somos tres víctimas, que a mí me conste.



“La Contralora General ha dicho muchas veces que ella como mujer no va a permitir que ese tipo de actos se den en la administración. Sin embargo, ella en su misma comparecencia dijo que el tema ya estaba resuelto pero que yo, cada vez que se iba a resolver me iba a otro lado. Ese otro lado significa recursos de inconformidad al no estar de acuerdo en que haya sido calificado como una falta no grave”, reprochó.

La víctima defendió su posición de impugnar las resoluciones que no le garantizaban en ningún sentido sanción alguna a su agresor, de ahí que llegara hasta el TEJAV, que le dio la razón a su queja.

“El Tribunal me da la razón en la resolución de que el Órgano Interno de Control no le dio la importancia debida, por lo que sí podría llegar a la inhabilitación –contra el agresor– o cualquier otra sanción que decida”.



Si bien la víctima admitió la responsabilidad de Mayra Ledesma Arronte, exdirectora de Cultura de Paz, a quien Cisneros Burgos acusó de ser la responsable de exponer los datos personales de la víctima, al tiempo que afirmó que el acoso sexual no se probó, la mujer enfatiza que no es la única responsable.

“Mayra Ledesma es responsable de violar la Ley de protección de Datos Personales pero había un protocolo para el acoso sexual y un comité y un subcomité. Entonces fue todo un grupo de funcionarios que hicieron caso omiso a este protocolo, intentando tapar todo.

“Yo iba siguiendo las indicaciones del protocolo sobre lo que se tenía que hacer. No solamente es ella. En ella sí recae la responsabilidad, esa declaración desafortunada del Secretario dice que la sanción va a ella, pero dice que no está probado el acoso. Pero sí está probado”, reprocha.



Actualmente, el caso se ventila también en la Fiscalía General del Estado (FGE) donde igualmente ha encontrado dilación.

“De mi parte espero que la justicia llegue y que el servidor público que violentó mis derechos humanos, que me agredió sexualmente, que lastimó mi dignidad sea castigado. Tenemos muchas leyes a nuestro favor las mujeres y yo espero justicia porque nuestras autoridades nos dicen en sus discursos que ellos están a favor de las mujeres y que no van a permitir la violencia de género de ningún tipo en su administración. Yo la sufrí en esta administración y les imploro (a la Fiscal, Al gobernador, al Secretario de Gobierno) que apoyen en esta situación”, concluyó.