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Desaparece el IDERE

Se creará Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.

Iniciativa enviada por el Gobernador se turnó a Comisiones

Javier Salas Hern?ndez Xalapa, Ver. 10/01/2007

alcalorpolitico.com

El gobernador Fidel Herrera Beltrán presentó al Congreso local una reforma integral a la Ley 26 de Desarrollo Regional y Urbano de Veracruz, misma que desaparece al Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional –IDERE-- para crear el Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.

Con un Instituto de ésta naturaleza –expuso el mandatario estatal-- Veracruz estará en posibilidades de aprovechar recursos federales, estatales y municipales para la construcción de vivienda barata con fines de interés social.

También tendrá los elementos jurídicos para extender los beneficios de programas internacionales (como Habitat ONU y la apoyos de vivienda digna Fundación James Carter, por ejemplo) no sólo a las grandes Ciudades y a los principales centros urbanos, sino a las comunidades rurales y marginadas del Estado de Veracruz.

“De antemano, les expreso mi reconocimiento por su apoyo para hacer de Veracruz un lugar donde todos sus habitantes vivan con decoro y les reitero mi absoluta disposición para encontrar juntos soluciones a los añejos problemas de marginación y olvido, que por muchas décadas han vivido muchos hermanos veracruzanos”.

Y es que reconoce que el derecho de todo mexicano a tener una vivienda digna, está tutelado por el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus leyes reglamentarias dan cuenta de la forma en que debe hacerse realidad este planteamiento programático que es producto de los valores de Justicia Social que dieron lugar al Movimiento de 1910.

La vivienda es parte esencial del patrimonio familiar y representa un elemento de unión y seguridad para el individuo y su descendencia, trasladándose habitualmente su propiedad de generación en generación a través de la herencia.

Este planteamiento, que deviene del Derecho Romano y que supera las tradiciones utilitaristas del Common Law, hace que habitualmente tras la adquisición de una vivienda no exista un ánimo de lucro, sino la intención y la oportunidad de garantizar un mejor futuro a todos los miembros de la familia.

Para actualizar la hipótesis de ese precepto constitucional en la entidad, se requiere de un gran esfuerzo institucional.

Indicó que el 8 de noviembre de 2006, se realizaron modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social y Medio Ambiente, para permitir que el Instituto Veracruzano de Desarrollo Regional (IDERE), absorba las funciones que en materia de Ordenamiento Urbano venía desarrollando la extinta Dirección General de Ordenamiento Urbano, para generar una Entidad que sea autónoma en su gestión y con personalidad jurídica propia, y que atienda las Políticas Públicas en materia de Desarrollo Regional y Vivienda, evitando la duplicidad de funciones y gastos injustificados.

Ésta medida, si bien ha permitido avances considerables a más de 60 días de su vigencia, ha sido insuficiente: se requiere dotar de un nuevo marco jurídico al IDERE, si se pretende alcanzar las ambiciosas metas propuestas.

Por esa razón, en esta propuesta se plantea la transformación integral del citado Instituto en una Entidad diversa, especializada en el tema de la vivienda, denominado Instituto Veracruzano de Desarrollo Urbano Regional y Vivienda.

“Este modelo, innovador para nuestro Estado pero que ya opera en otras entidades federativas, es congruente con las líneas estratégicas contenidas en nuestro Plan de Desarrollo, que para la materia de equipamiento urbano y vivienda considera además instrumentar las siguientes líneas estratégicas: Aprovechar al máximo los convenios vigentes y suscribir otros para que Veracruz participe intensamente y de inmediato en el Programa Sectorial de Vivienda.

Actualizar los planes de desarrollo urbano de las 14 ciudades (y conurbaciones) más importantes de Veracruz.

Instalar el Consejo Estatal de Vivienda, en el que participen todos los actores relevantes en la cadena productiva de la vivienda (Gobiernos Federal, Estatal y Municipales; legisladores estatales; cámaras empresariales de vivienda, y colegios profesionales) con el propósito de articular los programas y acciones tanto con el Gobierno Federal y los municipales, como con el sector privado y la sociedad civil.

Adquisición por parte del Gobierno Estatal de las reservas territoriales adecuadas para uso habitacional, por la vía de la reactivación del Fideicomiso de Reservas Territoriales, con la creación de un mecanismo para que los particulares puedan participar conjuntamente con el Gobierno. Este mecanismo implica la compraventa ordenada y transparente de las reservas, en cumplimiento estricto de los lineamientos técnicos y legales acordados con los Gobiernos Municipales.

Impulsar, con los Gobiernos Municipales, la creación de ventanillas únicas para simplificar los trámites vinculados con la construcción de vivienda.

Abatir las deficiencias de infraestructura de servicios públicos en todas las regiones del Estado, para reducir el rezago en la cobertura de pisos, techos y paredes.

Mejorar las condiciones de equipamiento y de los edificios públicos para brindar mejor cobertura y eficiencia operativa en la prestación de servicios.

Realizar acciones de vivienda en terrenos regularizados, con programas de urbanización progresiva, promoviendo la participación del sector privado y social.