Suri Sadai Herrera Morales, originaria del pueblo Mesa de Guadalupe, municipio de Actopan, denunció que ha sido amenazada de muerte por un hombre que se hace pasar por gestor de visas, contra quien las autoridades no procedieron por falta de pruebas. Su asesor legal señaló que el perito se negó a revisar los mensajes con amenazas guardados en el teléfono de la víctima enviados por el señalado, con el argumento de que debía ser autorizado por un juez federal.
“Responde al nombre de Jerson Nael ‘X’. Vive en Trapiche del Rosario, se hace pasar como gestor para visas para personas que quieren irse a Estados Unidos. Las personas incautas llegan con él y le aportan el dinero que pide, caso de la señorita, que también quiso ir a trabajar a Estados Unidos y le cobraron 70 mil pesos. Le entregaron documentos falsos, que no son legítimos, de la embajada y que evidentemente es un fraude”, comentó el abogado.
“El señor Jerson Nael ‘X’ yo lo conocí. Vive a 25 minutos de mi pueblo, un pueblo donde no hay absolutamente nada de seguridad. Soy estudiante y con la ilusión por salir y tener otro tipo de vida y dárselas a mis papás me acerqué a él y me dijo que tramitaba visas. Me dio papeles falsos y me pedía cantidades que llegaban hasta los 70 mil pesos y desde hace tiempo me ha mandado mensajes diciéndome que le debo pagar 50 mil pesos más para entregarme los documentos completos”, comentó la afectada.
La joven refirió que tras recibir asesoría legal comprendió que no debe darle dinero por ser un hecho ilícito; sin embargo, refirió que de Jerson Nael el sábado pasado la volvió a amenazar por mensaje diciéndole que si en esos momentos no le daba la cantidad requerida iba a quemar su casa con todo y familia, “también amenazó con matarla si no le daba la cantidad, así como a sus papás”, agregó Auñón Segura.
Asimismo, el abogado recriminó el actuar de la fiscal segunda Mirian Hernández, que presuntamente actuó de manera contraria a la cadena de custodia; “muy insistente la fiscal desde un principio me pedía que aceptara yo que no se pusiera a disposición el teléfono de mi clienta y que ella misma lo entregara físicamente al perito. Eso es incorrecto porque se perdería la hilación de ese mecanismo y tendría como consecuencia duda del juez. No aceptamos y fue cuando se inició la investigación 3978 de este año. Declararon testigos de cargo y la persona detenida nunca se apersonó nadie más que su abogado”.
El abogado también refirió que la fiscal mandó a hacer el peritaje a la Dirección General de Servicios Periciales y el perito Gerardo Hernández Tello, que es un ingeniero que extrae esa información, dio a conocer en un informe que no es posible extraer la información porque lo tiene que autorizar un juez federal.
Comentó que debido a ello, la fiscal se basó en el argumento de no tener elementos para acreditar las acusaciones y dejó en libertad al señalado, “ese mandato lo está ordenando la Fiscalía, el perito lleva a cabo esa información y al no tener elementos la Fiscal para poder acreditar que existían esos mensajes, lo deja en libertad argumentando la Fiscal Regional y la que lleva el asunto que hay que hacerle caso al perito por qué no pudo sacar la información”.
El abogado Auñón, a petición de su clienta recriminó que si algo le llega a pasar a ella o a su familia hacen responsables a las personas involucradas y a las autoridades que tuvieron conocimiento de este hecho y aseveró que la Fiscalía está siendo cómplice en este caso, “la Fiscalía se está haciendo cómplice de un delito, ¿en dónde está el Estado de Derecho?, ¿en dónde está el respeto que se le debe al señor Gobernador en dónde dijo que no se iba permitir ninguna agresión a la mujer?”.
La afectada señaló qué hay otros casos de fraude cometidos por las mismas personas, que constan de un tío, un primo y una amiga suya.