Ante las versiones que circularon en redes sociales este jueves, en el sentido de que habría una orden de aprehensión en contra del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, una fuente del Poder Judicial estatal que pidió no ser identificada, negó que exista tal ordenamiento, por lo que se procedió a indagar en otras instancias la posibilidad de que hubiera un proceso en su contra, dada la circunstancia de que tanto él como su hijo Miguel Ángel, están a punto de tomar posesión en el Senado de la República, Chiquiyunes como propietario y/o su padre como suplente.
Entre los testimonios localizados se encontró que desde enero de este año, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió que no existe investigación alguna en contra de Miguel Ángel Yunes Linares, por el asunto de las cámaras de videovigilancia. (
https://www.cjf.gob.mx/documentos/notasInformativas/docsNotasInformativas/2024/notaInformativa3.pdf).
Asimismo, se localizó la resolución del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), la cual indica que tras el análisis del sistema de videovigilancia se comprobó que se adquirieron e instalaron 6,476 cámaras, concluyendo que no hubo ninguna irregularidad. (http://www.orfis.gob.mx/CuentasPublicas/informe2018/archivos/TOMO%202/Volumen%202/003%20SSP-Videovigilancia.pdf).
Relativo al asunto de las cámaras del sistema de videovigilancia, que desde el inicio del actual sexenio se comenzó a manejar como un caso de corrupción por parte de Yunes Linares, es de mencionarse que el día lunes 29 de julio de este 2024, o sea hace menos de un mes, el propio exgobernador Yunes Linares presentó personalmente denuncia ante la Fiscalía General del Estado en contra del actual gobernador Cuitláhuac García Jiménez, por no haber demandado la pena económica por incumplimiento del contrato a la empresa contratada, como era su responsabilidad, por lo que en caso de existir el incumplimiento de ese deber legal, recaería en el actual Gobernador.
Como se ha publicado en notas periodísticas y en comentarios de Columnistas, se cree que la Fiscalía General del Estado inició una persecución política en contra de la familia Yunes, intentando revivir el asunto de las cámaras de videovigilancia que, como lo dicen los documentos citados, es un asunto jurídica y administrativamente agotado, pero con el que se intenta impedir que Miguel Ángel Yunes Linares rinda protesta como Senador, en caso de que logren inhabilitar a Miguel Ángel Yunes Márquez, pero esto sólo podrá corroborarse o desestimarse hasta el día 1 de septiembre, cuando en el Senado de la República tomen posesión sus nuevos integrantes.