La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), Jimena Puente de la Mora, calificó de grave el abuso de los datos personales que suelen cometer principalmente los bancos e instituciones públicas, a los que se les aplicó sanciones por alrededor de 50 millones de pesos.
Aclaró que el delito del abuso de los datos personales debe ser equiparable a la negativa al acceso a la información que cometen instituciones públicas cuando se les cuestiona del manejo de los recursos públicos y se trabaja en una ley federal en esta materia que entraría en vigor en febrero de 2015 con sanciones de tipo penal.
Nadie puede hacer uso ilegal de la información de cada persona sin su consentimiento, pero gran parte de la población ignora este precepto.
"Lo más grave, que solamente un cinco por ciento de los ciudadanos que padecieron de este problema tuvieron conocimiento pleno de sus derechos que igual de importante es el acceso a la información como del manejo de los recursos públicos, como también la difusión, pero sobre todo la protección de los datos personales".
La información de cada ciudadano debe ser protegida, pero empresas suelen hacer mal uso de las bases de datos personales, las quejas en relación a esto es mínima porque la población no sabe de este tipo de anomalías, deben conocer sus derechos, porque a veces sufren de llamadas telefónicas y correos de algunos bancos.
La titular del IFAI expresó que en este puerto de Veracruz, durante este día se llevará a cabo el sexto foro nacional de cara a lo que será la aprobación de una ley federal de protección de datos personales.
Explicó que en cuanto a solicitudes de acceso a la información se lleva un millón 70 mil, siendo la dependencia con más solicitudes la del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero es elevado el porcentaje de respuesta de esa institución.
La presidenta del IFAI, en conferencia de medios, dijo que se tienen avances importantes en ley general de protección de datos personales que se espera aprobar y entrar en vigor en el mes de febrero de 2015, a la fecha solamente once estados del país tienen una normatividad en esta materia.