Los adeudos presupuestales de millonarias sumas de dinero a la Universidad Veracruzana (UV) de parte de los cuatro últimos gobiernos estatales –dos priistas, uno panista y uno morenista– son cuantiosos, ello sin tomar en cuenta los pagos al fisco que no hicieron, pero que sí los descontaron a los trabajadores universitarios.

Hasta hoy, ninguno de los rectores involucrados –Raúl Arias Lovillo y Martín Aguilar Sánchez– han exigido con decisión al gobernador que les tocó en turno el pago de lo que por ley le corresponde presupuestalmente a la UV. Solamente la rectora Sara Ladrón de Guevara salió a marchar al lado de los universitarios antes que la rebasaran éstos, y eso porque el gobernador Javier Duarte ya casi era un cadáver político.

El actual rector, hombre de izquierda laica y seguramente racionalista, al ser nombrado visitó inmediatamente al catedrático de la Facultad de Ingeniería, Cuitláhuac García Jiménez, el primer gobernador morenista, pero se topó con que el presupuesto legal para la UV fue recortado por decisión de quien, se suponía, era un compañero universitario y de lucha izquierdista.


Y antes que proceder con la ley en la mano contra el mandatario estatal por violación a la Constitución Política de Veracruz y quedarse con recursos económicos de su Alma Mater, el rector instruyó a las áreas de la UV para hacer mítines culturales en vez de marchar con dignidad y exigir justicia como antaño.

Pero el atropello a las tareas sustantivas de la UV por parte del gobernador “andresista” que ha resultado más “austericida” que su jefe político Andrés Manuel López Obrador, ha sido capoteado por un dócil rector que se resiste a reclamar lo que por derecho les corresponde.

Todo lo anterior redunda hoy en los recortes de dinero al servicio médico para los trabajadores universitarios, hecho que viene incrementando la inconformidad, aún soterrada, del personal académico, misma que puede aflorar y afectar la reelección a modo del rector, quien al parecer también mantiene una lealtad a ciegas con los ocupantes de los palacios federal y estatal, la que posiblemente se renueve y se ofrezca a las ocupantes que están por llegar.
 

En la zona Xalapa, ciertamente, las afectaciones al servicio médico no alcanzan las penosas circunstancias de las otras cuatro regiones, pero también existen. Faltan especialistas –no hay neurólogos en ninguna región, por ejemplo– y los que hay tardan en otorgar citas a los derechohabientes de la UV; y aunque existen quejas, el estado de cosas no cambia y las autoridades no les exigen cumplir. Cuenta un profesor que una mañana de martes solicitó cita con un especialista, el cual se la agendó para ese mismo día en la tarde al suponer que era un paciente particular; pero cuando le aclaró que era de la Universidad, se la dio para dos semanas después y en un horario de 18 a 20 horas, justo cuando él debía impartir su clase.

Otra situación se viene presentando con las incapacidades médicas al personal que acude a consulta. Sólo se conceden en casos de extrema y manifiesta incapacidad del paciente a simple vista o por ser un foco contagioso evidente ante cualquiera. Esto es resultado de que todo el personal médico responsable de la salud de los trabajadores universitarios padece la presión de las autoridades para reducir al mínimo los egresos, afectando en ocasiones, paradójicamente, de manera negativa al presupuesto, porque los enfermos requieren a posteriori servicios de urgencias y hospitalización. No sobra decir que dicha situación no es grata para ninguna de las partes y afecta tanto a los médicos como a los pacientes.

En el caso de quienes acuden a urgencias, los médicos de guardia los atienden de manera inmediatista. Contienen los síntomas y se niegan a llamar, por instrucciones de las coordinaciones medicas de la UV, a los especialistas que requieran los enfermos, exceptuando “casos de extrema gravedad”; los dan de alta y con esto evitan dejarlos en observación. Se trata de evitar el pago de hospitalización y honorarios del médico con la especialidad que el paciente en turno necesita.
 

Todo trabajo, o actividad a secas, cansa, genera estrés y tensiones que acumulados estallan en crisis de ansiedad, angustia y mayores afectaciones mentales. Lo anterior, según algunos académicos de la UV, es una situación que ha crecido entre ellos porque la no entrega, ni exigencia de los recursos económicos, ha provocado, por ejemplo, la saturación de estudiantes en un solo grupo –hasta 60 por cada profesor, cuando los programas para los talleres en la UV fijan 15 mínimo y 25 máximo por docente–, ya que la universidad se niega a abrir más grupos para evitar gastos. Aunque es posible que las autoridades de nuestra máxima casa de estudios “tengan otros datos”, que contradigan y pongan en su lugar a la “conservadora” y “neoliberal” realidad.

Sobre esta lamentable situación se desconoce hasta el momento si los socios de la FESAPAUV han dado cuenta a sus dirigencias seccionales, regionales y estatal de lo que acontece. Como sea, hasta ahora no se sabe de algún pronunciamiento sindical al respecto.

Uno de los ejes transversales del programa de trabajo del rector es el de los derechos humanos, y dentro de éste se encuentra el Programa Universitario de Educación Inclusiva para estudiantes en condición de discapacidad. Con lo señalado aquí, cabe preguntar si la UV está cumpliendo con el eje enunciado respecto a su planta laboral en general, y académica en específico.


Sería el colmo de la ironía que los pares universitarios del rector Martín Aguilar, otrora marchador, salieran a manifestarse en contra de una política de austeridad con la cual quizás él no esté de acuerdo, pero ante la cual guarda silencio o, citando al todavía “dictador” de Palacio Nacional –como le gritaron este domingo al presidente López Obrador en el puerto de Veracruz los empleados del Poder Judicial de la Federación–, “calla como momia”.