Coatzacoalcos es la casa de Rocío Nahle, por eso no sorprendió que la primera actividad de la flamante gobernadora al día siguiente de su toma de posesión haya sido instalar la mesa de seguridad en el antiguo Puerto México. Seguramente debió recordar que las dos masacres más sangrientas ocurrieron precisamente en el sur de Veracruz al inicio de la administración de su antecesor Cuitláhuac García.

Primero, como se recordará, la noche del 19 de abril de 2019 fueron asesinadas en Minatitlán 14 personas, entre ellas una bebé, mientras festejaban en la palapa Los Potros el cumpleaños de una mujer de 52 años conocida como “La Beky”. Según versiones de la policía estatal, el tiroteo fue por la disputa del territorio entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Zetas, grupo al que la festejada le pagaba una cuota por la protección de un bar que administraba.
 
El otro ataque armado y con bombas molotov ocurrió la noche del 27 de agosto de ese mismo año en un centro nocturno llamado “Caballo Blanco”, en la ciudad de Coatzacoalcos. El saldo fue de 30 muertos: 20 hombres y 10 mujeres, además de 11 heridos. La agresión le fue atribuida también a sicarios del CJNG, los cuales bloquearon todas las salidas a las víctimas que pretendían salvarse de las llamas.


Hace cinco meses, a mediados de julio, empresarios porteños pidieron el apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que dos establecimientos comerciales fueron incendiados a principios de ese mes por miembros de la delincuencia organizada que trataban de extorsionarlos con el llamado “cobro de piso”. En la conferencia de prensa en Palacio Nacional, una reportera le expuso al mandatario que socios de la Cámara Nacional de Comercio del puerto de Coatzacoalcos habían manifestado “vivir con miedo de perder su patrimonio y sus vidas”, remarcándole la importancia de reestablecer la seguridad por tratarse de un punto estratégico para el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, impulsado por el propio jefe del Ejecutivo federal.

El año pasado, entrevistado por el periodista Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Multicast, el director del Observatorio Ciudadano de Coatzacoalcos, Renato Riveroll Rivera, declaró que no sólo habían cerrado alrededor de 5 mil negocios víctimas de extorsión por parte del crimen organizado, sino que además había aproximadamente 25 mil casas en venta o renta, pertenecientes a familias porteñas que habían huido por la delincuencia.

Ahora, la economía de la región de Coatzacoalcos se ha contraído por las deudas millonarias que mantiene Pemex con cerca de 40 empresas proveedoras del sur de Veracruz.


Cuestionado sobre el tema, el presidente de la Delegación Veracruz Sur de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Iván Ordaz Aréchiga, indicó que fue desde septiembre que se suspendieron los pagos a subsidiarias de Pemex Exploración y Producción (PEP), además de Pemex Transformación Industrial (PTRI).

“Sigue habiendo pendientes, incluso sigue habiendo pendientes muy añejos, casos que tenían situaciones especiales, digamos que lo que se prometió en su momento que con AMLO se iba a liquidar de trabajos recientes de ese tiempo, eso se liquidó; ahorita sí está suspendido todo, la verdad es que está crítico”, manifestó el líder de los constructores en la zona.

Se trata de rehabilitaciones en los Complejos Petroquímicos Morelos, La Cangrejera y Cosoleacaque, así como en la refinería Lázaro Cárdenas del Río, de Minatitlán. Ello, dijo, sumado a que hay adeudos con la perforación de pozos, por lo que se verá complicado para los socios de CMIC poder cubrir con las prestaciones de trabajadores.


En su conferencia de prensa del jueves pasado, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que sí había una deuda de la empresa petrolera del Estado mexicano, que se estaba revisando y que “se van a definir distintos mecanismos para el pago de los proveedores”, pero no dio una fecha concreta para su liquidación.

Hasta el año anterior, Pemex adeudaba 800 millones de pesos a proveedores locales por trabajos realizados en el Complejo Petroquímico de Cosoleacaque y de Pro-Agroindustria, según informó el entonces presidente de la CMIC en la región sur de Veracruz, Luis Escamilla Aguilar.

Sin embargo, Rafael Espino de la Peña, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Petroleros (Amespac), acaba de declarar que Pemex no sólo no ha podido pagar los más de 400 mil millones de pesos que debe en total a sus proveedores de bienes y servicios, sino que cada mes acumula a este lastre más de 25 mil millones de pesos por los trabajos que siguen realizando sus contratistas desde que arrancó la presente administración.


Malas noticias para el sur de Veracruz.