17 de septiembre de 2024
alcalorpolitico.com
Quién sabe si antes de que el miércoles 28 de agosto pasado anunciara la designación del diputado local Luis Fernando Cervantes Cruz como su próximo director de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), la gobernadora electa Rocío Nahle habrá investigado a fondo los antecedentes del exalcalde de Pueblo Viejo, municipio del norte veracruzano que limita con el estado de Tamaulipas.
Y es que, al parecer, tanto el exmunícipe como quienes lo conocen le ocultaron a la virtual sucesora del gobernador Cuitláhuac García algunos pecadillos que han salido a flote en contra del legislador de la Huasteca veracruzana, pues Nahle García, en un video que difundió hace tres semanas para presentar a su inminente colaborador, se deshizo en elogios hacia él. “Un compañero, amigo, actualmente es diputado local de nuestro movimiento, diputado local por el distrito de Pánuco en el norte y le he pedido que nos ayude, que nos acompañe a la administración de una dirección muy importante que es la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Él es abogado, político, pero también ha estado inmerso en el tema hídrico, vamos a trabajar muy de cerca en la administración de esta importante dirección”, subrayó la exsecretaria de Energía.
A su vez, Cervantes Cruz agradeció la confianza de Nahle y se comprometió con ella a trabajar con compromiso y esfuerzo para apoyar desde CAEV en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en la entidad veracruzana. “Gracias Gobernadora, es un honor servirles a los veracruzanos y estoy seguro que bajo la dirección de una mujer extraordinaria, una mujer exitosa y muy inteligente, a Veracruz le va a ir muy bien y vamos a acelerar juntos la transformación de nuestro querido estado de Veracruz y de México. Muchas gracias por la confianza y vamos a esforzarnos”, expresó.
Sin embargo, este domingo 15 de septiembre, vecinos y residentes del sector denominado Lote 64, una colonia ubicada en la cabecera municipal de Pueblo Viejo, tenían programado tomar pacíficamente la caseta de cobro del puente Tampico, ubicada en el municipio veracruzano y que es operada y administrada por Caminos y Puentes Federales (Capufe), en protesta porque los últimos tres alcaldes –entre ellos el actual diputado local y próximo titular de la CAEV– han estado negociando y vendiendo ilegalmente a particulares esos terrenos que originalmente pertenecían a Pemex.
Según declaraciones que hizo a la prensa regional el abogado José Luis González Meza, un activista social de la zona sur de Tamaulipas que es el apoderado legal de los residentes del Lote 64, presentaron denuncias penales en contra del exmunícipe Cervantes Cruz y de su esposa Valeria Nieto Reynoso, la alcaldesa actual. También presentaron querella contra el exalcalde Tomás Castillo Rivera, ya finado, y su exsíndico Jorge Arturo Cuén Delgado.
El litigante explicó que los lotes del referido sector fueron vendidos en primera instancia a un empresario de origen chino, y que luego otros dos alcaldes continuaron con la venta ilegal a particulares. Los terrenos, que nunca se pudieron regularizar totalmente, pertenecían a Pemex, pero mediante un decreto presidencial de 1982 –a decir de los informantes– el gobierno federal se los cedió a extrabajadores jubilados y transitorios, particularmente de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.
Y es que, al parecer, tanto el exmunícipe como quienes lo conocen le ocultaron a la virtual sucesora del gobernador Cuitláhuac García algunos pecadillos que han salido a flote en contra del legislador de la Huasteca veracruzana, pues Nahle García, en un video que difundió hace tres semanas para presentar a su inminente colaborador, se deshizo en elogios hacia él. “Un compañero, amigo, actualmente es diputado local de nuestro movimiento, diputado local por el distrito de Pánuco en el norte y le he pedido que nos ayude, que nos acompañe a la administración de una dirección muy importante que es la Comisión del Agua del Estado de Veracruz. Él es abogado, político, pero también ha estado inmerso en el tema hídrico, vamos a trabajar muy de cerca en la administración de esta importante dirección”, subrayó la exsecretaria de Energía.
A su vez, Cervantes Cruz agradeció la confianza de Nahle y se comprometió con ella a trabajar con compromiso y esfuerzo para apoyar desde CAEV en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación en la entidad veracruzana. “Gracias Gobernadora, es un honor servirles a los veracruzanos y estoy seguro que bajo la dirección de una mujer extraordinaria, una mujer exitosa y muy inteligente, a Veracruz le va a ir muy bien y vamos a acelerar juntos la transformación de nuestro querido estado de Veracruz y de México. Muchas gracias por la confianza y vamos a esforzarnos”, expresó.
Sin embargo, este domingo 15 de septiembre, vecinos y residentes del sector denominado Lote 64, una colonia ubicada en la cabecera municipal de Pueblo Viejo, tenían programado tomar pacíficamente la caseta de cobro del puente Tampico, ubicada en el municipio veracruzano y que es operada y administrada por Caminos y Puentes Federales (Capufe), en protesta porque los últimos tres alcaldes –entre ellos el actual diputado local y próximo titular de la CAEV– han estado negociando y vendiendo ilegalmente a particulares esos terrenos que originalmente pertenecían a Pemex.
Según declaraciones que hizo a la prensa regional el abogado José Luis González Meza, un activista social de la zona sur de Tamaulipas que es el apoderado legal de los residentes del Lote 64, presentaron denuncias penales en contra del exmunícipe Cervantes Cruz y de su esposa Valeria Nieto Reynoso, la alcaldesa actual. También presentaron querella contra el exalcalde Tomás Castillo Rivera, ya finado, y su exsíndico Jorge Arturo Cuén Delgado.
El litigante explicó que los lotes del referido sector fueron vendidos en primera instancia a un empresario de origen chino, y que luego otros dos alcaldes continuaron con la venta ilegal a particulares. Los terrenos, que nunca se pudieron regularizar totalmente, pertenecían a Pemex, pero mediante un decreto presidencial de 1982 –a decir de los informantes– el gobierno federal se los cedió a extrabajadores jubilados y transitorios, particularmente de la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas.