Autoridades municipales harán su negocio con Asociaciones Público-Privadas: Rafael Arias

En el Congreso del Estado no se analiza ni se miden las consecuencias de lo que se aprueba o se rechaza, aseveró Rafael Arias Hernández, investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales (IIESES) de la Universidad Veracruzana.

Dijo que un caso reciente es la autorización a 10 ayuntamientos (Banderilla, Atzacan, Cerro, Azul, Cosamaloapan, Fortín, Medellín de Bravo, Pánuco, Poza Rica, Veracruz y Carlos A. Carrillo) para constituir Asociaciones Público-Privadas (APP) a fin de concesionar a 10 y 15 años el programa de modernización del alumbrado público.

Expuso que teóricamente hay posibilidad de que las APP sean, en algunos aspectos, viables y benéficos, pero como toda media verdad o mentira a medias, esconden la intención de apropiarse de un servicio público o de un patrimonio público para hacer negocio, por lo que “los diputados locales no saben ni lo que aprobaron”.



Dijo que es muy preocupante que en Veracruz se sigan concesionando el poder público porque se está encaminando a una privatización del Gobierno, en el cual los servicios básicos y fundamentales, simple y sencillamente, se les pasan a empresas privadas.

“Usualmente hay grandes aportaciones, sobre todo, a fondo perdido por parte de los Gobiernos lo cual hace que sean jugosas inversiones y/o jugosos negocios tanto para los empresarios como para quienes están en el Gobierno”, dijo.

Aseveró que las APP pueden conducir a un endeudamiento mayor en los municipios porque es falso que haya tal magnitud de inversión privada.



“Es importante llamar la atención que el ámbito de gobierno en Veracruz va a terminar con municipios más endeudados en forma directa o indirecta”.

Añadió que puede haber algunos esfuerzos público-privados que sean positivos, pero la inmensa mayoría de esos casos conducen a favorecer el enriquecimiento de socios, familiares o amigos de las autoridades municipales, estatales o federales.

Explicó que en una APP de la inversión total, en este caso los ayuntamientos, no puede aportar más del 50% de la inversión, mientras que la empresa participa con un porcentaje mínimo de inversión, que a mediano y largo plazo habrá de recuperar al 100% el monto total de lo invertido.



El ayuntamiento para garantizar el costo-beneficio a la empresa tendrá que buscar recursos, en donde participa la Federación y en algunos casos, el Estado; y al final del día los municipios quedarán más endeudados, mientras que la empresa recupera su capital sin ningún problema.

Mencionó el caso del servicio de agua potable en el los municipios de Veracruz y Medellín de Bravo, que extrañamente es un asunto que el Congreso de Veracruz no ha tratado y que la empresa brasileña Odebrecht, que tiene un reconocimiento mundial de empresa corrupta, no ha cumplido con sus funciones y ha abusado del poder que se le ha dado.

El esquema de operación y recuperación es el que debe cuidarse y en el que debe haber una responsabilidad, pues indiscutiblemente si alguien viene a ayudar y a poner capital y trabajo debe asegurar la recuperación de la inversión.



“Es necesario que en estos casos de las APP haya claridad en el costo y en el beneficio, que no se vaya a conducir, como es normal, a grandes negocios de quienes están en este momento en el poder”, dijo.

Recordó que el primero de enero del próximo año los actuales alcaldes dejan de tener fuero y pueden ser llamados para que respondan sobre responsabilidades administrativas.

“Podemos decir que hay doscientos doce posibilidades, salvo excepciones, de candidatos a procesos judiciales sobre todo por el manejo de recursos federales y por el manejo de negocios con servicios públicos básico”.