Yolanda Tovar, encargada de Registro Público de la Propiedad, impuso cobros ilegales a notarios

Empleados meritorios del Registro Público de la Propiedad en Xalapa destaparon una red interna de operación de cobros irregulares por trámites “urgentes”, así como un esquema de control, filtrado y vigilancia interna que, aseguran, es encabezado directamente por la encargada de la dependencia, Yolanda Aideé Tovar Vadillo, y ejecutado por su equipo de confianza, mientras ellos son utilizados como mano de obra sin certeza laboral y posteriormente señalados como responsables de hechos en los que no tienen participación.

Los trabajadores, quienes solicitaron omitir sus nombres por temor a represalias, aclararon que ellos no cobran a notarios ni a particulares, no fijan costos y no autorizan urgencias. Señalaron que los precios y condiciones de los trámites urgentes fueron definidos desde el inicio del nombramiento de Tovar Vadillo, tras una reunión que sostuvo con todos los notarios públicos, sin excepción, en la que se acordaron los montos y tiempos de entrega.

De acuerdo con los testimonios, el esquema funciona mediante un procedimiento estructurado. En recepción se atiende a los gestores o particulares, quienes indican el trámite requerido y la urgencia con la que lo necesitan. Con base en ello, se colocan etiquetas de colores –papel azul, rojo o verde– que determinan el día, la hora de entrega y el costo. Estas urgencias no se autorizan de manera automática: primero se canalizan con personal cercano a la encargada, se le informa directamente y es ella quien da el visto bueno para que se realice el cobro.

Los cobros se efectúan únicamente en un área específica del Registro Público, ubicada a un costado del área de consulta, donde está prohibido el ingreso de teléfonos celulares y de personas ajenas. Sólo ingresan quienes solicitan trámites urgentes. Los empleados afirmaron que esta área concentra todo el dinero y que ellos no tienen acceso ni manejo del efectivo.

Los trámites que ingresan bajo este esquema incluyen copias certificadas, avisos preventivos, búsquedas, historiales registrales y otros servicios tanto para particulares como para notarios. Una vez elaborados en las áreas correspondientes, los documentos pasan a firma con la encargada y, por conducto de su personal de confianza, regresan al área de caja.

El dinero recaudado diariamente es concentrado por la persona encargada de la caja y, en su ausencia, por Dante Gerardo Cardoso Simonee, identificado por los trabajadores como asistente directo de Tovar Vadillo. Incluso –señalan– él coloca avisos internos sobre los horarios de entrega de trámites urgentes. Al finalizar la jornada, el efectivo se guarda en sobres que son entregados directamente en mano a la encargada, quien los acumula durante la semana.

Los empleados meritorios también señalaron que la encargada opera con un grupo cercano identificado como su equipo de confianza, integrado por María Adelina González López, Edy Alberto Cabrera Jiménez, Karen Mora y Dante Gerardo Cardoso Simonee, quienes participan en la canalización, filtrado y seguimiento de trámites urgentes, así como en la comunicación directa con notarios.

Actualmente laboran alrededor de 25 empleados meritorios, quienes reciben pagos semanales en efectivo que van de mil 700 a 3 mil pesos, con un promedio cercano a los 2 mil pesos por persona. Los pagos, explicaron, dependen exclusivamente de la decisión de la encargada, quien define cuándo y cuánto se les entrega.

De acuerdo con sus propios registros, por concepto de urgencias se recaudan entre 20 mil y 30 mil pesos diarios. En un escenario de 30 mil pesos diarios, el ingreso semanal en 5 días laborales alcanzaría aproximadamente 150 mil pesos. De ese monto, el pago total semanal a los 25 meritorios sería cercano a los 50 mil pesos, lo que dejaría un excedente aproximado de 100 mil pesos. Incluso con un ingreso menor de 20 mil pesos diarios, el monto semanal sería de 100 mil pesos, de los cuales sólo la mitad se destina al pago del personal.

Este esquema representa, de manera conservadora, alrededor de 400 mil pesos mensuales libres, una vez descontados los pagos a los empleados meritorios. Se trata de recursos cuyo destino es completamente desconocido, que no ingresan a cuentas oficiales y de los que no existe registro administrativo alguno. Hasta ahora, ninguna autoridad ha explicado para qué se utilizan o a quién se entregan estos casi medio millón de pesos mensuales que ingresan de manera irregular al Registro Público de la Propiedad en Xalapa.

Los trabajadores denunciaron que, tras hacerse públicas hace unas semanas las presuntas irregularidades dentro del Registro Público, se intensificaron el acoso laboral, las amenazas y los despidos. Aseguraron que la encargada intentó fabricar “chivos expiatorios”, despidiendo a quienes se negaron a acusar a compañeros que no tenían responsabilidad alguna.

Indicaron que uno de sus compañeros fue acusado injustamente y puesto a disposición de las autoridades, pese a no tener relación con los hechos señalados, y actualmente mantiene una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Los empleados recalcaron que trabajan por necesidad, que son padres y madres de familia, algunos con personas enfermas en casa, y que resulta injusto que se les trate como delincuentes cuando no manejan dinero, no autorizan urgencias ni toman decisiones.

A pesar de la gravedad de los señalamientos y de que el Registro Público de la Propiedad es un área de responsabilidad directa de Ricardo Ahued Bardahuil, hasta la fecha no se ha ordenado ninguna auditoría, revisión administrativa ni acción legal contra los responsables. El director del Registro Público de la Propiedad en Xalapa es Jesús Alberto Islas Aguilera y el subdirector Christopher Gómez Deseano, quienes continúan en funciones sin que se haya informado de investigación alguna en su contra.

La falta de acciones coloca a Ricardo Ahued en una posición crítica: o desconoce lo que ocurre al interior de una de las áreas bajo su mando directo, lo que evidenciaría una grave omisión en sus responsabilidades, o conoce la operación y ha permitido que continúe, lo que lo convertiría en responsable por tolerancia o complicidad.

Finalmente, los empleados agradecieron a la gobernadora Rocío Nahle García por ser la única autoridad que ha reconocido la gravedad de la problemática y le solicitaron su intervención directa para destituir a la encargada Yolanda Aideé Tovar Vadillo, investigar a fondo la red de cobros irregulares y el sistema de control interno, y otorgar certeza laboral a los empleados meritorios que sostienen la operación diaria del Registro Público de la Propiedad en Xalapa, así como a los despedidos de manera injustificada.