Veracruz es la onceava entidad federativa del país que registra el mayor número de accidentes viales, que pone en riesgo la existencia, la integridad y la calidad de vida de las personas y que ya representa un problema de salud pública con amplias consecuencias sociales y económicas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el año 2020, en el país ocurrieron 301 mil 678 accidentes de tránsito terrestres, dejando 3 mil 826 personas fallecidas y 71 mil 935 lesionados heridos, del total de esos accidentes, 10 mil 395 ocurrieron en Veracruz.
Por ello, como una estrategia preventiva y educativa para contribuir a generar mayor conciencia vial y de esta forma prevenir accidentes y salvar vidas, desde este martes queda debidamente instaurada la “Semana de Movilidad y Seguridad Vial”, que habrá de llevarse a cabo en la tercera semana del mes de mayo de cada año.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reporta que cada 24 segundos, una persona del mundo fallece a causa de un accidente de tránsito y cada año se pierden aproximadamente 1.3 millones de vidas como consecuencia de los siniestros viales.
Y en México, la cifra de estos accidentes sigue siendo alarmante y ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por accidentes de tránsito y de no tomarse medidas urgentes, los accidentes de tráfico en el país se convertirán para el año 2030 en la quinta causa de muerte en el mundo.
La Comisión Permanente de Transporte, Tránsito y Vialidad del Congreso del Estado será la responsable de la “Semana de Movilidad y Seguridad Vial”.
Por lo que en el próximo mes de mayo realizará campañas, conferencias, seminarios, foros consultivos y cursos, entre otras actividades, que estarán avaladas bajo el lema que emita anticipadamente la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para conmemorar la “Semana Mundial de las Naciones Unidas para la Seguridad Vial”.
Además, se planteará una agenda legislativa en materia de movilidad y seguridad vial, así como propuestas de políticas públicas, en coordinación con las autoridades estatales en la materia y se sumarán esfuerzos con los diversos sectores de la sociedad, para contribuir a garantizar que toda persona tenga acceso a estos derechos en condiciones de seguridad.
Aunado a ello, se contribuirá a la implementación del objetivo de “lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, plasmado en el Capítulo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.