Reconocer a comunidades indígenas como sujetos de derecho público, plantean diputados

Las diputadas federales Claudia Martínez Aguilar y Clementina Marta Dekker Gómez, así como especialistas en asuntos indígenas, coincidieron en la necesidad de impulsar una agenda legislativa encaminada a fortalecer los derechos de las comunidades y pueblos originarios, y para darles el estatus de “sujetos de derecho público”.

Durante el foro “Los Pueblos Indígenas ante la Cuarta Transformación”, organizado por ambas legisladoras, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemoró el 5 de septiembre, señalaron que a los pueblos originarios no se les debe ver como grupos susceptibles de programas asistencialistas, sino como “sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”.

Ser reconocidos así implicaría que los pueblos indígenas no tendrían que recurrir a un órgano del Estado para hacer cumplir sus determinaciones, aunado a que éste tendría la obligación de suministrarles recursos económicos para que puedan hacer efectivos sus derechos.



La diputada Dekker Gómez indicó que la agenda legislativa en materia de asuntos indígenas “es una deuda ancestral y moral”, y debe considerar una reforma constitucional, para otorgarles el reconocimiento de “sujetos de derecho público”.

Agregó que otro de los temas a tratar en dicha agenda debe ser la creación de un protocolo de atención a migrantes de pueblos indígenas.

“Nuestra tarea es invitar a los demás compañeros de los distintos grupos (parlamentarios) para que asuman esta agenda legislativa que ya estamos construyendo”, comentó Dekker Gómez.



La diputada Martínez Aguilar expresó que uno de los objetivos del foro es “dar más y mayor importancia a nuestros pueblos originarios, los cuales han sido al paso de los años motivo de discriminación y rezago”.

Destacó que los pueblos indígenas tienen mucho que aportar desde una perspectiva humana, social, cultural y de tradición.

“Miremos más hacia nuestros pueblos originarios como un sinónimo de respeto y admiración…por la defensa de la dignidad de sus usos y costumbres”, apuntó.



Guillermo Rafael Santiago, exdiputado federal de MORENA en la pasada legislatura, aseguró que la principal demanda de los pueblos indígenas es que se les reconozca jurídicamente como sujetos de derecho público.

Recordó que presentó una iniciativa para reformar el artículo 2 de la Constitución Política, para reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, “pero se quedó en la congeladora” por cuestiones políticas.

El concepto de “sujetos de derecho público” sirve para referirse a personas o entes de derecho público, es decir, organismos que, habiéndose sido creados por el derecho, forman parte de la organización estatal, y por lo tanto cuentan con facultades y competencias determinadas por la propia ley. Su personalidad jurídica les permite establecer relaciones jurídicas válidas y por esa vía ejercer derechos o contraer obligaciones, explicó en su iniciativa.



Norma Don Juan Pérez, integrante de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, Región Centro (CONAMI), que agrupa a diversas organizaciones, consideró que también es necesario integrar la cosmovisión de los pueblos originarios a la perspectiva de género.

Subrayó que las potencialidades y necesidades de los pueblos originarios trascienden al campo productivo artesanal, comercial, académico, “estamos en todos lados, entonces necesitamos que las políticas públicas no nos encajonen en un tema o un programa”.

El asesor de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las comunidades de la Ciudad de México, Miguel Alejandro Marín Gutiérrez, precisó que en la Constitución de la capital del país ya se establece que los pueblos indígenas son sujetos de derecho público.



“El reto ahora es cómo vamos a instrumentar, cómo vamos a procedimental, cómo vamos a hacer la gestión presupuestal para que los sujetos de derecho público, que son los pueblos indígenas en la CDMX, y puedan mantener sus sistemas normativos, puedan promover sus propias ideas de desarrollo económico, entre otras”, concluyó.