Proponen que titulares de dependencias se sometan al “antidoping” antes de su nombramiento

El diputado local del Partido de la Revolución Democrática, Sergio Rodríguez Cortés, propone ante el pleno del Congreso del Estado, una reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que los titulares de las dependencias, entidades u organismos autónomos de la Administración Pública Estatal, se sometan a exámenes toxicológicos 30 días antes de su nombramiento y, una vez en el cargo, que estén sujetos, de manera aleatoria y sin previo aviso, a subsecuentes exámenes de la misma índole; en caso de dar positivo serán cesados y sin posibilidad de reincorporarse al servicio activo.

En ese sentido, añade que no se debe permitir que se utilice dinero público para sostener a funcionarios con vicios y adicciones, por la simple y llana razón de los perjuicios al interés público si los funcionarios toman decisiones bajo un estado afectado por las drogas.

Las actuaciones de los servidores públicos últimamente han sido cuestionadas por su parcialidad, ahora si actúan bajo la influencia de sustancias psicotrópicas no hay que mencionar el daño público que causarían.



“Si un funcionario tiene una dependencia a cualquier tipo de droga, que no sea dirigida para algún tratamiento médico y que no haya sido notificada por sus doctores, a este funcionario se le debe separar de su cargo, y no deberá permitirse su reingreso a la administración pública, bajo ninguna circunstancia”.

Por ello, el Estado debe aplicar de manera obligatoria, aleatoria, sin previo aviso y en la más estricta confidencialidad y sigilo, exámenes toxicológicos a los funcionarios estatales, para garantizar que son ajenos al consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.

La iniciativa propone reformar el primer párrafo y la fracción III, del artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, misma que establece:



“Para ser titular de cualesquiera de las dependencias, entidades u organismos autónomos, de la Administración Pública del Estado se requiere:

Tener un modo honesto de vivir; presentar constancia de haberse sometido, con vigencia máxima de treinta días antes de asumir el cargo, un examen toxicológico con resultado negativo. La Contraloría General del Estado podrá solicitar, a través de la dependencia correspondiente, la aplicación de exámenes toxicológicos, de manera aleatoria, discreta y sin previo aviso, durante el desempeño del cargo del funcionario de que se trate. En caso de que un servidor público resultara positivo en el examen toxicológico, se procederá a su cese inmediato, sin posibilidad de reincorporarse a la administración pública estatal".

Con la iniciativa de reforma –señala en la exposición de motivos— no se pretende violar los derechos laborales de los servidores públicos estatales; toda vez que la Ley Federal del Trabajo contiene en su Título Segundo, denominado relaciones individuales de trabajo, el Capítulo IV, relativo a la rescisión de las relaciones de trabajo concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que, en este último caso, exista prescripción médica.



Rodríguez Cortés señala que cuando se conformó la alianza entre los partidos de la Revolución Democrática y Acción Nacional, compartieron el ideal y compromiso de coadyuvar en la transformación del Estado, en un trabajo conjunto con el próximo titular del Poder Ejecutivo, con la finalidad de recuperar en los próximos veinticuatro meses la confianza que los ciudadanos veracruzanos han perdido en sus instituciones.

“La presente iniciativa es parte de ese compromiso, para sentar las bases de la transformación por el cual votó la mayoría de los veracruzanos: que los servidores públicos no sólo tengan un desempeño eficiente, sino que tengan una conducta ejemplar. Sólo así empezaremos a erradicar la corrupción y lograremos la transparencia de la que tanto han carecido nuestras instituciones”.

La administración estatal saliente y la que antecedió a ésta, han sido objeto de diversos señalamientos, no sólo en lo que se refiere a los actos de corrupción en los que se han visto envueltos sus funcionarios, sino también por sus conductas disolutas; por su falta absoluta de respeto a las instituciones y el pueblo veracruzano.



En aras de transparentar el sano comportamiento de los servidores públicos, ya que la toma de decisiones que estos realizan, afecta a miles de veracruzanos, es que es necesario comprobar que se llevan a cabo teniendo un estado de salud sin adicciones a sustancias o bebidas, que afecten aún más aplicar una correcta política institucional.

“Si los veracruzanos aspiramos a contar con mejores instituciones y el Gobierno del Estado quiere un cambio verdadero, la eficiencia y honestidad deben ser ejes rectores del día a día de los funcionarios, debiendo tener los mejores perfiles profesionales y sociales; se debe emplear a gente con capacidad y experiencia y se debe exigir sanidad por parte de los servidores públicos, porque sólo así evolucionaremos”.

A nivel mundial existe la tendencia a legalizar el consumo de sustancias adictivas, por el derecho fundamental de que las personas pueden decidir sobre su vida y el respeto del Estado hacia los ciudadanos; coincido con que la legalización puede ayudar a combatir y erradicar al crimen organizado, así como todo lo relacionado con la producción y venta de estupefacientes; aviso y en la más estricta confidencialidad y sigilo, exámenes toxicológicos a los funcionarios estatales, para garantizar que son ajenos al consumo de sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras que produzcan efectos similares.