"Carpetazo" al caso de tortura a indígena reforzaría patrón de impunidad en Veracruz

La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE), encabezada por Verónica Hernández Giadáns, estaría por dar carpetazo a una investigación por tortura que habría sido cometida por agentes de la Policía Ministerial en contra de Diego, un hombre indígena ñuhú de la sierra norte del estado.

El Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, en conjunto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dieron a conocer esta situación mediante un pronunciamiento público. En el documento, señalan que “esta acción refuerza el patrón de impunidad que prevalece en el estado frente a denuncias graves de violaciones a derechos humanos”.

De acuerdo con la información difundida, el 29 de mayo de 2023 Diego fue testigo de un crimen y trasladado a declarar ante la FGE. Durante el proceso, denunció haber sido torturado por elementos ministeriales, quienes lo habrían obligado a incriminar a otra persona. Su testimonio fue redactado en español, sin respetar su lengua materna, el ñuhú, y sin brindarle la oportunidad de relatar su versión de los hechos.



Esa declaración fue utilizada posteriormente para detener a una persona que, según ha reiterado Diego, él nunca señaló como responsable. Ante la falta de acción por parte de la Fiscalía, en junio de ese año, con acompañamiento del Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz y del Centro Prodh, presentó una denuncia formal por tortura. La carpeta fue registrada con el número XAL/FIM/FEIDT/219/2023.

Durante varios meses, el expediente no presentó avances. Fue hasta que se promovió un juicio de amparo que la FGE se vio obligada a realizar diligencias. Sin embargo, pese a contar con peritajes y la ratificación del testimonio de Diego, el 25 de marzo de 2025 la institución notificó el posible cierre de la investigación, sin considerar elementos relevantes.

“Este hecho no es aislado. Según datos oficiales del Registro Nacional del Delito de Tortura (RENADET), Veracruz es el segundo estado del país con más investigaciones por tortura (2,441 entre 2019 y 2024) y el primero en número de víctimas (4,061). Las personas indígenas, como Diego, son uno de los grupos más afectados. La Policía Ministerial es la autoridad más señalada como responsable”, subrayaron las organizaciones.



Actualmente, el caso también es objeto de revisión en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, bajo el expediente DAI/0161/2023. Para esta etapa, se solicitó el auxilio de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a fin de aplicar el Protocolo de Estambul, instrumento internacional para investigar casos de tortura.

Las organizaciones firmantes instaron a la fiscal Verónica Hernández Giadáns a no cerrar el caso y realizar una investigación con enfoque intercultural.