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Sección: Estado de Veracruz

Por “cártel inmobiliario” se revisan notarías; se les impondrán prohibiciones: Ahued

- El Secretario de Gobierno informó que ya hay denuncia y no habrá encubrimientos

- “Es toda una red” y notarios ya colaboran con revisiones, destaca

- Se prohibió validar contratos que puedan derivar en despojos usando papeles antiguos o personas fallecidas

Ángel Camarillo / Julio Abraham Hernández Xalapa, Ver. 05/02/2026

alcalorpolitico.com


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El Gobierno de Veracruz endureció los controles internos y externos en materia notarial y registral tras detectar el uso indebido de sellos oficiales por parte de un trabajador, así como un presunto intento de despojo de aproximadamente 500 hectáreas en la región de Perote, casos vinculados a investigaciones sobre fraudes inmobiliarios en la entidad.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, informó que ya se interpuso una denuncia formal contra personal de la dependencia y dejó en claro que no habrá excepciones ni encubrimientos dentro del propio Gobierno ante conductas irregulares.

Como parte de las medidas preventivas, la dependencia inició esta semana una revisión integral a las notarías del Estado, en coordinación con el Colegio de Notarios, con el objetivo de cerrar espacios a prácticas indebidas en trámites de escrituración y registros de propiedad.

“Se están haciendo, a partir del lunes, las revisiones a las notarías. Han colaborado los notarios. Todas las personas que tengan algo que denunciar que lo puedan transmitir a nosotros para que actuemos de inmediato. Nosotros no nos prestamos a que hayan fraudes”, dijo sobre el llamado “cártel inmobiliario”.

Ahued explicó que desde el arranque de la administración se detectaron anomalías, entre ellas una Notaría que permanecía abandonada, la cual fue retirada. Añadió que cualquier nueva irregularidad que se confirme dará lugar a procedimientos administrativos y, de ser el caso, a la suspensión correspondiente.

Ahued Bardahuil comentó que no se puede responsabilizar de manera general al gremio notarial ni al Poder Judicial; no obstante, reconoció la existencia de una red de gestores, abogados y particulares que aprovechan debilidades institucionales para cometer fraudes, especialmente contra personas adultas mayores. “Es un contubernio de defraudadoras y defraudadores que aprovechan todo el contexto para hacer de alguna manera actos que son indebidos. Ha habido abogados que ni tienen dirección en Xalapa, que el título es de San Luis Potosí, que hacen notificaciones”, comentó.

En cuanto al caso de Perote, señaló que ya se sigue una ruta legal para frenar el intento de apropiación de tierras y que las denuncias se presentarán conforme avancen las investigaciones, de lo que no dio detalles para no afectar los procesos en curso.

Indicó que el Registro Público de la Propiedad es una de las áreas estratégicas a reforzar, al tratarse de una instancia que maneja un alto volumen de trámites y recursos, por lo que se analiza también la situación laboral de más de 180 personas que apoyan como “meritorios” en distintas oficinas. Entre las acciones recientes, destacó la prohibición expresa a las notarías para validar contratos privados que puedan ser utilizados como mecanismo de despojo, sobre todo aquellos sustentados en documentos antiguos o a nombre de personas fallecidas.

El funcionario reiteró a la ciudadanía el exhortó a informar sobre atropellos, con el fin de evitar despojos indebidos. Explicó que en caso de detectar irregularidades en notarías, son suspendidas con el debido proceso. “El tema es toda una red. No voy a hablar mal de los notarios porque no puedo generalizar, pero sí es una red que tenemos que tener en cuenta y no nada más son Poder Judicial, abogados o pseudoabogados, que desde afuera se aprovechan de la gente de la tercera edad o algunos asuntos que pueden ya encontrar posibilidades de hacer este tipo de defraudaciones. Por eso queremos la denuncia para actuar”.

Finalmente, informó que se fortaleció la coordinación con el Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para revisar las órdenes de desalojo antes de su ejecución, a fin de detectar posibles irregularidades y evitar abusos relacionados con juicios inmobiliarios.