Por aplicar retiro forzoso a Lezama Moo, denuncian ante la FGR al Congreso del Estado

Por haber aplicado de manera arbitraria el retiro forzoso al exmagistrado Marco Antonio Lezama Moo a pesar de la existencia de una orden federal que impedía al Congreso local removerlo del cargo, el Juez Décimo Octavo de distrito en Veracruz determinó presentar una denuncia en contra de los diputados locales y la presidenta del Congreso del Estado, Paola Linares Capitanachi, por su probable participación en un delito federal que prevé penas de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para ocupar otro cargo público.

En su resolución, dictada dentro del Juicio de Amparo 1136/2019, el Juez Federal determinó procedente presentar la denuncia en contra de los legisladores ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de constatar que el 7 de junio de 2020, fecha en que el Congreso del Estado removió arbitrariamente del cargo de Magistrado a Marco Antonio Lezama Moo, éste contaba con una suspensión definitiva dictada dentro del Juicio de Amparo 1136/2019, para el efecto de que “las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y, de no haber ocurrido ya, no se separe, cese o retire al quejoso Marco Antonio Lezama Moo del cargo de Magistrado del Estado de Veracruz o se ejecute un acto tendente al mismo”.

A pesar de ello, el Congreso del Estado, actuando en la ilegalidad, ignoró dicha orden emitida por el Juez Décimo Octavo y lo privó de su cargo.



Ante dicha situación, el Juez Federal requirió en múltiples ocasiones al Congreso del Estado para que cumplieran con la suspensión y reinstalaran en el cargo a Lezama Moo, requerimientos que también fueron ignorados, con el desdén por la ley que ha caracterizado al Congreso del Estado bajo el liderazgo de Juan Javier Gómez Cazarín.

Por eso, en un hecho inédito en Veracruz, es que ahora el Juez Federal denunció a los legisladores locales ante la Fiscalía General de la República, pues quienes aprobaron remover del cargo a Marco Antonio Lezama Moo habrían incurrido en el delito previsto en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo que establece una pena de hasta 9 años de prisión e inhabilitación para desempeñar otro cargo público, a quien “no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.

Asimismo, dentro del expediente se constata que la Junta de Coordinación Política, desde el año 2020, recibió la instrucción federal de restituir en su cargo a Lezama Moo. Sin embargo, desde esa instancia se obstaculizó el cumplimiento de la suspensión definitiva, por lo que Juan Javier Gómez Cazarín sería directa y penalmente responsable del desacato a la justicia federal.



El caso de Lezama Moo es sólo una más de las pifias jurídicas del Congreso local con Juan Javier Gómez Cazarín como Presidente de la Junta de Coordinación Política, quien por ello ha sido señalado como el responsable del Congreso con mayor número de fracasos legales en la historia del Estado.

En ese sentido, Gómez Cazarín ha sido exhibido en numerosas ocasiones por las autoridades federales por abuso de poder, por ejemplo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró como un acto arbitrario y fuera de la ley la suspensión de los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, el nombramiento de un Concejo municipal para gobernar dicho municipio y la intervención de la tesorería municipal, actos que fueron catalogados por la SCJN como producto de una manipulación de la ley por parte del Congreso para actuar al margen de la ley.

Igualmente, la actual legislatura fue exhibida por actuar de manera ilegal, luego de que removió arbitrariamente al magistrado Roberto Dorantes de su cargo, por lo que un Juez Federal ha ordenado su restitución, sin embargo, el Congreso se ha mantenido en desacato ante la resolución federal.



Otra muestra de la arbitrariedad de Juan Javier Gómez Cazarín ha sido su resistencia para acatar el fallo definitivo de fecha 17 de julio de 2020, en el que el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) le ordenó llamar al alcalde suplente de Actopan José Alfredo López Carreto, para que éste encabece el Ayuntamiento. Sin embargo, la Legislatura se ha mantenido en desacato durante 13 meses.