Poder Judicial oculta supuestas sanciones a jueces, mientras presume combatir corrupción

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Inés Romero, asegura que han aplicado sanciones a jueces y otros funcionarios por actos de corrupción; sin embargo, el Poder Judicial de Veracruz sigue sin hacer pública la información.

Con ello se incumpliendo la Ley número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, que en su artículo 15 establece como obligación informar las sanciones administrativas, dando a conocer “el listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición”.

A la fecha, el Poder Judicial del Estado únicamente reporta que en el primero y segundo semestre de 2021 se encuentran en proceso de causar estado las resoluciones de los procedimientos administrativos sancionadores instaurados a servidores públicos.



“Por lo tanto, la información generada será publicada en el trimestre correspondiente”, justifica el Poder Judicial

Apenas este miércoles la magistrada presidenta afirmó que han cesado a jueces, ordenando cambios de secretarios, proyectistas y oficiales administrativos por “actos de corrupción”.

En gira por Misantla, a donde la magistrada presidenta acudió tras acceder a varias demandas de abogados y ciudadanos que tomaron la Ciudad Judicial por la desaparición del Juzgado Sexto, la propia Romero Cruz reconoció que no le gusta hacer pública este tipo de información “en redes sociales”.



“No soy muy partidaria a usar las redes sociales, me preguntan ‘qué jueces han cesado’, ‘vemos que un compañero de usted dijo esto’; sí, pero yo no soy partidaria de usar las redes sociales; solamente cuando es necesario, pero hemos cesado a jueces, se han ordenado cambios de secretarios, proyectistas y oficiales administrativos que, por hechos notorios, han hecho actos de corrupción en los Distritos en donde se encontraban trabajando, todo esto en combate frontal a la corrupción”, dijo.

Pocas sanciones



En mayo del año en curso el integrante del Consejo de la Judicatura, Esteban Martínez, reveló que, entre 2020 y 2021, se abrieron unos 200 procedimientos administrativos que pueden ir desde la amonestación hasta la inhabilitación; a la fecha sigue sin conocerse el tipo de sanción.

De 2020 a la fecha el Consejo de la Judicatura únicamente ha aplicado 3 apercibimientos privados y 2 amonestaciones en contra de funcionarios que incurrieron en irregularidades.



En 2020 se aplicó una amonestación pública a la juez Elizabeth Ramírez Salazar y al secretario de acuerdos, Anwar Yunes Morales.



Recibieron un apercibimiento privado la secretaria de acuerdos Mariana Velázquez Villafuerte; la oficial administrativa Alma Janely Guadarrama Acosta y el actuario Fausto Iván Aguilar Huerta.

Además, se aplicó el procedimiento administrativo sancionador número 70/2019 en contra de la juez Ramírez Salazar; Anwar Yunes Morales y Guadarrama Acosta.



“Por probables irregularidades administrativas cometidas en su actuar como juez, secretario de Acuerdos y Oficial Administrativo respectivamente, del juzgado Décimo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz”.



En otro asunto, se procedió en contra de la secretaria de acuerdos del juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Pánuco, Mariana Velázquez Villafuerte. El Consejo de la Judicatura declaró fundado el procedimiento sancionador número 84/2019-II, imponiéndole un apercibimiento privado.

Finalmente se implementó un procedimiento administrativo sancionador número 36/2019 y sus acumulados 56/2019; 57/2019; 58/2019 y 59/2019 al actuario adscrito al Juzgado Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Acayucan, Fausto Iván Aguilar Huerta, quien únicamente recibió un apercibimiento privado.