OPLE sigue en espera de que quede totalmente avalado cambio de elección judicial: Marisol Delgadillo

Luego de la aprobación en la Cámara de Diputados de la reforma constitucional que pospone la elección del Poder Judicial para el 2028, en el Organismo Público Local Electoral (OPLE) se esperará a que se concrete el proceso legislativo para replantear las actividades previstas en la organización de la elección judicial local.

La reforma aprobada debe ratificarse en el Senado de la República y posteriormente en, al menos, 17 Congresos locales, así como promulgarse y publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Al respecto, Marisol Alicia Delgadillo Morales, consejera presidenta del OPLE, dijo que se mantendrán atentos al desarrollo de la reforma y a los posibles ajustes que tendría en las elecciones locales de Veracruz. “Si la situación así permanece y así se aprueba, en ese escenario tendríamos (para el 2027) sólo la elección del Congreso del Estado de Veracruz junto con la elección de diputados federales”, añadió.

Cabe mencionar que mientras la reforma no entra en vigor, la legislación señala que la elección judicial se debe realizar el 6 de junio del 2027, por lo que su preparación y organización debe iniciar en el mes de septiembre de este año. Insistió que, si bien avanzó la reforma constitucional para que la elección judicial se lleve a cabo en el 2028, se debe esperar que se apruebe en el Senado y continúe el trámite legislativo en los Congresos locales. “Anoche fue primeramente aprobado en la Cámara de Diputados. Tiene que seguir todavía otro trámite, porque es una reforma constitucional que va a representar al Senado, tiene que ser aprobada por las legislaturas”, agregó.

La reforma plantea quitar del proceso electoral concurrente 2026-2027 la elección judicial y pasarla al 2028, con la finalidad de que el próximo año sólo haya elecciones para diputados federales y locales, 17 gubernaturas y presidencias municipales. Al retrasar la elección judicial un año se evitará la saturación de procesos electorales, reducir la carga para las autoridades electorales y simplificar la participación ciudadana en las urnas.