Piden intervención estatal por presunta vulneración de derechos de menor en proceso familiar en Córdoba

Una ciudadana solicitó públicamente la intervención de autoridades estatales y judiciales, al señalar una presunta vulneración a los derechos de un menor de edad dentro de un proceso familiar que actualmente se desahoga en el estado de Veracruz.

De acuerdo con la información proporcionada, el caso se encuentra radicado bajo el expediente 317/2025 en el Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar.

Según lo expuesto, durante audiencias realizadas dentro del procedimiento, el menor habría manifestado en al menos dos ocasiones su negativa a regresar al domicilio de su madre, argumentando presuntos actos de violencia física cometidos por la pareja sentimental de ésta.

La denunciante indicó que, pese a las declaraciones emitidas por el menor ante la autoridad correspondiente, presuntamente se habría ordenado la restitución del niño al mismo entorno familiar señalado por él como un espacio de violencia, situación que —afirma— podría derivar en una posible revictimización y afectación a sus derechos fundamentales.

Ante ello, se solicitó el apoyo e intervención de diversas autoridades estatales, entre ellas la gobernadora de Veracruz, la Fiscalía General del Estado, la Presidencia del Poder Judicial del Estado y la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF, con la finalidad de que el caso sea revisado y se garantice la protección integral del menor involucrado.

Hasta el momento, ninguna de las autoridades mencionadas ha emitido una postura pública respecto al señalamiento realizado por la ciudadana.

Asimismo, no se ha dado a conocer información oficial adicional sobre el estado procesal del expediente ni sobre las medidas de protección que pudieran existir en favor del menor.

Especialistas en materia familiar han señalado en reiteradas ocasiones que, en este tipo de procedimientos, las autoridades deben priorizar el interés superior de la niñez, principio establecido tanto en la Constitución Mexicana como en diversos tratados internacionales de protección a menores.

El caso ha comenzado a generar atención entre ciudadanos y colectivos relacionados con la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, quienes han solicitado que se analice el asunto con apego a derecho y garantizando en todo momento la seguridad física y emocional del menor involucrado.