Con FONDEN había certeza financiera y pronta ayuda; ahora hay lentitud ante emergencias

Durante más de dos décadas, el Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN) fue sinónimo de respuesta inmediata ante huracanes, sismos e inundaciones. Su nombre aparecía en cada emergencia, asociado a apoyos rápidos, reconstrucción de viviendas y envío de recursos a municipios devastados. Hoy, tras su desaparición, México opera bajo un esquema distinto, centralizado en la Secretaría de Bienestar, que promete mayor transparencia pero, enfrenta serios cuestionamientos por su lentitud y capacidad de respuesta.

El FONDEN fue creado en 1996 como un fideicomiso federal destinado a financiar la reparación de daños ocasionados por fenómenos naturales. Su funcionamiento era claro: una vez declarada una zona de desastre, se liberaban recursos etiquetados para atender a la población, reconstruir infraestructura y restablecer servicios básicos. Gobernadores y presidentes municipales podían acceder a fondos federales mediante procedimientos establecidos, lo que daba certeza financiera a las zonas siniestradas.

En 2021, el fideicomiso fue eliminado como parte de una política nacional que extinguió 109 fondos y fideicomisos considerados opacos o susceptibles de corrupción. El argumento principal del Gobierno Federal fue que el FONDEN había servido durante años como una “caja chica” de funcionarios estatales, donde se reportaban daños inflados o inexistentes y se contrataban obras con sobrecostos. La decisión, aprobada por el Congreso, implicó la desaparición de un mecanismo con más de 20 años de operación y la reasignación de sus recursos a la Tesorería de la Federación.



En sustitución, se creó el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, administrado por la Secretaría de Bienestar. Este nuevo esquema tiene como objetivo otorgar apoyos directos —económicos o en especie— a personas afectadas por desastres naturales o emergencias sociales, sin intermediarios y con base en censos realizados por servidores públicos.

El programa opera con lineamientos publicados anualmente en el Diario Oficial de la Federación, donde se establecen los montos, los criterios de entrega y la temporalidad. Los apoyos pueden ser en efectivo o a través de tarjetas, principalmente para limpieza, rehabilitación de viviendas y recuperación de pequeños negocios. A diferencia del FONDEN, que liberaba fondos de manera automática tras una declaratoria de desastre, el nuevo modelo depende de censos de daños, dictámenes técnicos y aprobaciones presupuestales, lo que ha generado demoras notables.

El caso más reciente fue el de Guerrero tras el paso del huracán Otis en 2023. De acuerdo con datos oficiales, la entrega de apoyos de limpieza por 8 mil pesos por vivienda comenzó un mes después del impacto, y los recursos para reconstrucción, que iban de 35 a 60 mil pesos, se dispersaron gradualmente durante los siguientes seis meses. Si bien el Gobierno Federal reportó la entrega de más de 300 mil apoyos y una inversión superior a 15 mil millones de pesos, diversos sectores cuestionaron la tardanza y la falta de claridad sobre los criterios de selección de beneficiarios.



En 2025, el presupuesto federal para atender desastres naturales asciende a 19 mil millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Estos recursos no se encuentran en un fideicomiso, sino en partidas presupuestales que deben ser autorizadas caso por caso. Hasta octubre de este año, se calcula que más de 3 mil millones se han utilizado para emergencias en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, aunque los informes completos de dispersión no se han hecho públicos.

Organismos independientes como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) han señalado que la eliminación del FONDEN eliminó también un marco institucional que garantizaba reglas claras, tiempos definidos y coordinación entre órdenes de gobierno. En su lugar, las decisiones ahora dependen de la voluntad política y la disponibilidad presupuestal de cada ejercicio fiscal.

Expertos en gestión de riesgos coinciden en que el nuevo esquema puede funcionar si mejora la planeación y los censos se realizan con rigor técnico. Sin embargo, las recientes inundaciones en Veracruz y el norte del país han reavivado la discusión sobre la falta de mecanismos automáticos y la lentitud con que llegan los apoyos a las familias damnificadas.



La Secretaría de Bienestar sostiene que el nuevo modelo evita intermediarios, reduce la corrupción y entrega apoyos directamente a las personas afectadas. No obstante, la realidad sobre el terreno muestra que, ante cada emergencia, la ayuda sigue tardando semanas en llegar, los censos se duplican y los gobiernos locales quedan rebasados en los primeros días del desastre. El debate sobre el FONDEN, lejos de cerrarse, vuelve a abrirse cada vez que el agua arrasa comunidades o un huracán golpea las costas mexicanas. La pregunta es si el país está mejor preparado hoy que hace cuatro años, o si la eliminación del fondo significó perder un instrumento clave de respuesta inmediata que, con sus fallas, al menos garantizaba que el dinero existía y estaba listo para usarse cuando la naturaleza volvía a poner a prueba a México.