Al celebrarse, el 12 de junio, el día Internacional del No Trabajo Infantil en nuestro país no hay cifras reales de la cantidad de niños que laboran en el campo, en la industria, en el sector terciario y en la economía informal, pero se estima que al menos el 20% de los 3 millones 500 mil menores de 18 años en Veracruz trabaja, mientras el desempleo en los adultos obliga a unos 50 mil paisanos anualmente a emigrar a otros estados y al extranjero, la Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad otorgó de enero a mayo de 2006, 612 permisos en el estado a niños empacadores en los supermercados, la mayoría de ellos trasnacionales.
Estas contradicciones de los gobiernos federal y estatal, con los tratados internacionales de protección a la infancia, hacen pensar que ya no sólo la Ley Federal del Trabajo es inaplicable, sino que la misma Constitución se quedó en un catálogo de buenas intenciones ya que los derechos a la educación, la salud, la seguridad, la vivienda, la diversión y al respeto que deben gozar los menores son ya historia.
A juicio de Ana María Vera Cid, representante legal de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos A.C., refirió que los permisos que otorga la Secretaría de Trabajo para menores trabajadores es “un disfraz para no caer en la violación de sus derechos bajo la disculpa de que trabajando tendrán comida” y así es una especie de disculpa legalizada para los empresarios para no pagar salarios a los adultos ya que en muchos casos esos puestos de trabajo que ocupan los niños bien podrían ocuparlos sus padres y tendrían derecho a prestaciones, mejorando las condiciones de vida de al menos 300 mil familias en Veracruz”.
Sumado a esto las contradicciones entre las instituciones federales y locales en torno al tema prohibido en el Artículo 123 fracción III de la Constitución saltan a la vista: el INEGI en el Censo del año 2000, reconoce en un indicador del trabajo que en México había 6 millones 392 mil 415 menores de 14 años, de éstos eran 515 mil 759 menores de 12 a 14 años como Población Económicamente Activa, esto es poco más del 12%; para Veracruz la situación no era mejor, el total de los menores entre 12 y 14 años eran 476 mil 456, de la cual 47 mil 689 era considerada población económicamente activa, aproximadamente el 10%.
Sin embargo en un estudio censal del propio INEGI de 1995 al 2002, que cita Matraca A.C., se había registrado a nivel nacional 3 millones 500 mil niños trabajadores en el país, en el cual el estado de Veracruz aparecía como el primer lugar a nivel nacional con 340 mil 487 niños, lo que representaba el 10.3%, seguido de Chiapas con el 8.5%, Puebla 8.1%, luego México y Jalisco. De estos en Xalapa se tienen contacto con 298 niños trabajadores en 7 cruceros de la ciudad que podríamos afirmar que es una parte del sector informal, pero faltan los que laboran en los centros comerciales, en las tortillerías y en otros centros de trabajo; y en el sector rural quienes laboran en las cosechas y siembras de caña y café, en los ingenios y beneficios; así como los de las manufactureras de zapatos, sobre todo en poblaciones como Naolinco.
Oficial el trabajo de los niños a través de permisos
Se considera trabajo realizar una actividad para terceras personas, estar subordinado al empleador y recibir un ingreso, y que por ley como trabajador hay derechos y deberes, según el tipo de labor y el tipo de empleador.
Bajo este concepto, la Secretaría del Trabajo y Productividad expide permisos bajo el amparo de la Ley Federal del Trabajo en su título V bis, que señala las condiciones para que los menores trabajen: 14 años de edad mínima, 6 horas de jornada en horario matutino y vespertino que excluye el nocturno y el desarrollo de una actividad “moral” en donde no esté en peligro su vida.
De enero a mayo de 2005, se otorgó 427 permisos a menores empacadores de centros comerciales, farmacias, auxiliares de intendencia que prestan su servicio a oficinas gubernamentales, cifra que se incrementa en un 30% durante el mismo periodo en el 2006, en donde permite a 612 menores ingresar al mercado del trabajo.
Entre los requisitos para autorizar que el menor pueda trabajar está, que todos los menores deben ser acompañados en todo momento por el padre o tutor y presentar: acta de nacimiento; comprobante de domicilio; constancia de estudios; certificado de primaria (en caso de no haberla terminado no deberá existir incompatibilidad entre los estudios y el trabajo); certificado médico del menor; permiso del padre, madre o tutor otorgando su autorización; nombre, domicilio de la empresa y horario de labores del menor; y credencial de elector del padre, madre o tutor.
Sin embargo el problema empieza con estos permisos al existir, en centros comerciales, los llamados “cerillos” cuya edad está entre los 8 y 15 años, y que por información de la misma Secretaría los menores empacadores deben cumplir básicamente los mismos requisitos pero, además, mostrar la constancia de calificaciones y asistir puntualmente a la escuela. No obstante el control y supervisión de los menores trabajadores en los supermercados sólo se hace una vez al año, porque nada más cuenta con 12 supervisores para las 35 mil empresas con registro ante la dependencia.
Del universo de empresas que hay en Veracruz, aproximadamente 35 mil, la capacidad de supervisión de las condiciones laborales de la dependencia es nada más de entre el 2 y el 5% de éstas; que en realidad son las que tienen posibilidades de contratar a los menores, porque el 85% de éstas son micro empresas que se trata de compañías familiares, y sólo el 8% son medianas empresas que son quienes “contratan” a los infantes.
La infancia no se vende
Mientras que Ulises Ruiz Lopart, presidente de la H. Junta local de Conciliación y Arbitraje en el estado y director general de Inspección del Trabajo “los permisos se expiden para garantizar la permanencia del menor en la escuela y evitar en lo posible la explotación del menor por parte del padre o tutor”, sin embargo para la investigadora de la Universidad Veracruzana, Araceli Brizio de la Hoz bajo ninguna circunstancia los menores deben tener jornada laboral porque aunque la remuneración fuese la correcta, “la infancia no se vende”, el gobierno debe apoyar para que los niños y las niñas se desarrollen en las mejores condiciones.
Al existir decenas de niños entre 8 a14 años de edad trabajando en los centros comerciales, supermercados, farmacias y otros establecimientos más que se inscriben dentro del sector terciario y con permisos que expide la Secretaría del Trabajo, se violan los derechos de los niños –dijo Brizio de la Hoz- porque: “te pago más y te quito una hora de trabajo, pero además tienes que ir a la escuela y sacar buenas calificaciones, entonces el niño tiene una doble o triple jornada que no tiene un adulto, porque a un obrero o empleado no se le exige que estudie después de su jornada porque el empleador tiene obligación de darle capacitación en el horario de trabajo”.
La investigadora, quien siempre se ha dedicado a analizar los problemas que enfrentan los infantes, sostuvo que el permiso que expide la Secretaría del Trabajo está fuera de le ley –al referirse a los niños empacadores-, “no respeta la constitución, la ley federal del trabajo, la Convención sobre los derechos de los niños, en ningún lado dice que las autoridades puedan dar permiso a los menores de 0 a 14 años”.
Asimismo Brizio de la Hoz precisó que las empresas condicionan la entrada a los niños “cerillitos” y puntualizó que hace 15 años les cobraban 10 pesos por cada caja que les asignaban, “el empleador ponía a un coordinador de cajas y los niños hacían filas desde las 4 de la mañana, y así les asignaban un horario y turno”.
Bajo una interpretación dolosa de este tipo de trabajo, los estudios del DIF y de Gobierno del estado, la labor de los niños en los supermercados y centros comerciales, “la consideran un trabajo desarrollado en un lugar público y no dentro de la misma empresa, porque ellos consideran hasta la caja espacio geográfico de ésta, lo demás es calle”, por eso aumentan el número de niños de la calle, pero esto es “mañoso porque lo que están haciendo es que las familias no se mueran de hambre sin aportar políticas públicas que permitan el empleo a los padres de los menores y la seguridad de la familia”.
En el caso de los menores de 14 a 18 años la Secretaría del Trabajo, agregó, debe proteger que no los maten en el trabajo, “que vigilen que se cumpla la reglamentación que no trabajen en cantinas, en madrugadas y no hagan trabajo subterráneo”.
Brizio de la Hoz señaló que lejos de que el gobierno estatal esté autorizando permisos debería estar protegiendo a la infancia como ocurre en los países desarrollados: Alemania, Noruega, Holanda e Irlanda en donde no hay trabajo infantil.
“Mi postura coincide con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero lo que es un verdadero problema es la impunidad de los empresarios y el Gobierno con los niños, pues dicen “que la familia y los niños ganan trabajando, que pueden sobrevivir, para que no se mueran de hambre, pero la brecha de la pobreza siguen ensanchándose, y entre ricos y pobres también es más grande”.
La doctora comentó que en donde hay inspectores que sí cumplen su trabajo es en el ámbito federal, aunque son pocos si van a las fábricas, a las maquilas para ver si los empleadores cumplen la ley en maquilas y fábricas, pero el trabajo infantil no es solamente el trabajo que realizan los niños en la calle o en la vía pública, es el servicio doméstico, ayudantes en vulcanizadoras, comercios, en los tianguis, tortillerías, corta caña, cordaores de café, tortillerías, en la fábrica de calzado en donde trabajan con solventes, es incalculable, no alcanzarían los inspectores de trabajo, es más no saben en dónde existe el trabajo infantil, cuántos giros diferentes de trabajo infantil hay en el trabajo en Veracruz.
Urgente un código de ética de los empresarios
Al igual que Ana María Vera Cid, presidenta de la Comisión Para la Defensa de los Derechos Humanos A.C., el padre jesuita y fundador de Matraca A.C., David Fernández Dávalos, el trabajo de los menores es un problema social consecuencia de los problemas de pobreza extrema que hay en el país.
Los niños están para estudiar, jugar, crecer y aprender para desarrollarse, sin embargo debemos asumir que hay niños que trabajan para completar los gastos que hay en la familia y lo que nos toca es protegerlos contra la explotación económica, sexual, laboral y demás, refirió el jesuita.
La protección debe estar enfocada –indicó- a pedir mayor responsabilidad a las empresas con los niños, porque si bien no son empleados sí trabajan para ellas. Entonces, es urgente un código de ética que permita que el trabajo que realizan los menores potencie su desarrollo como personas, que les ayude a salir adelante y no que los desgaste físicamente o mentalmente, humillados y explotados.
Pero el problema no sólo ocurre en las ciudades, los hijos de los campesinos e indígenas que salieron de sus pueblos a Estados Unidos y que no regresaron porque huyeron de la pobreza o murieron en el intento de cruzar la frontera, también migran a la ciudad tan sólo para convertirse en niños trabajadores o niños de calle por carecer de la protección de la comunidad y de la familia.
El fundador de Matraca expuso que muchos de los problemas del niño trabajador están contemplados dentro de la iniciativa de ley que esta asociación civil hizo llegar en 1993 al Congreso local y “que por falta de disposición de los legisladores se encuentra en archivo por lo que también apelamos a la buena voluntad de los empresarios para que ellos sean responsables en el asunto”.
Los niños trabajadores nos acusan a la sociedad con dedo de fuego: Sergio Obeso
En tanto el Arzobispo de Xalapa, Sergio Obeso Rivera dijo que los niños trabajando es acusadora porque están siendo un dedo de fuego que nos señala que hay un ejercicio de la paternidad muy irresponsable y que hay una organización de la sociedad que no los tiene suficientemente en cuenta, así es que es muy problemática y al mismo tiempo muy acusadora su presencia de trabajadores de la calle.
La labor de los gobiernos nunca será suficiente los organismos que tengan que tender la mano a los niños de la calle, pero esa es una solución que nosotros tratamos de poner con nuestras organizaciones o con organizaciones no gubernamentales como es el caso de Matraca, pero que en realidad no resuelven la situación, la disminuyen, pero hay que irse a las causas, y las causas es que se ejerza una paternidad responsable, que se sepa que cuando se comunica la vida no termina allí todo el papel de los padres, sino el que pone una vida en el mundo tiene la obligación ante Dios, ante la sociedad y ante sí mismo de acompañarlo durante su desarrollo normal hasta que pueda caminar por sí mismo, esa es una tarea más larga, más difícil, pero es la verdaderamente necesaria.
Quien fuera vocero de la Conferencia Episcopal Mexicana, dijo que este asunto no sólo es de religiones, hay mucha gente que siente el respeto y el amor al prójimo y bueno, o no tienen la fe católica que yo tengo, o ninguna fe pero tienen la nobleza del corazón de sentir en carne propia lo que sufren quienes no debieran ni tienen que estar en esas situaciones de trabajo.
El sacerdote hizo un llamado a los católicos para vivir la fe “nosotros tenemos que insistir a toda costa que la fe no se agota en venir a celebrarla a los templos, sino que la celebración para ser auténtica tiene que proyectarse en la vida, eso es evangelización, eso es crear conciencia en los fieles de la necesidad de proyectar su fe en el amor, uno de los grados más elementales pero más necesarios es el de la justicia y la construcción de políticas públicas de atención a los menores, crear las condiciones económicas, sociales, políticas, lo que se llama bien común”.
La chamba del DIF para niños de calle: 10 millones
Tal vez el caso más grave por lo visible sea el de los niños de calle, por eso el DIF Estatal, opera el programa de “Prevención de Menores y Adolescentes Trabajadores en Situación de Calle”, con un presupuesto autorizado para este rubro de más de 10 millones de pesos durante el presente año, lo cual permitirá generar más acciones y coadyuvar al retiro de infantes en esta condición.
En este trabajan la Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena, para emprender un programa integral que enfrente desde diferentes espacios la problemática en zonas urbano marginales que consiste en el desarrollo de estrategias y apoyos económicos a niños, niñas y adolescentes trabajadores de cero a 17 años once meses de edad para continuar sus estudios y ayudar al mejoramiento de la economía familiar a través de becas económicas en el Estado de Veracruz aumentó de mil 500 a mil 750 para que concluyan sus estudios de primaria y secundaria.
Con 500 pesos mensuales en 42 municipios de la entidad, el programa está dirigido al niño y sus familias; es decir, una parte es empleada para su educación y otra para la despensa básica, y no se le retira aunque presente bajo rendimiento escolar, pues según estudios nacionales, del cien por ciento de los niños trabajadores en situación de calle, un 92 por ciento del total participan en la economía informal para contribuir a la economía familiar.
Los beneficiados, firman una carta compromiso -incluyendo los padres- para asistir a todos los talleres y sesiones que otorgan los sistemas DIF municipales a través de promotores infantiles comunitarios, como costura, repostería, corte y confección, belleza, aprendizaje de lectura y escritura.
Los padres con problemas de alcoholismo son canalizados a grupos AA y se contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las familias y colonias de donde son expulsados.
Unas reflexiones finales
Con las políticas públicas que niegan la gravedad de la pobreza de nuestro país y de Veracruz, que cierran los ojos ante la cantidad de migrantes que año con año abandonan familias y pueblos, con niños que trabajan porque los empresarios prefieren contratar a menores que adultos porque es más fácil dar propina que salario y prestaciones a los padres de ellos, nos muestran una complicidad de gobierno y empresarios en perjuicio de los más débiles y del futuro de nuestro país.
Las tendencias indican que el número de menores trabajadores va en aumento en perjuicio del empleo de adultos y aniquilando los derechos más elementales protegidos por los tratados internacionales, la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. En estas circunstancias es evidente que en Veracruz por un lado la Secretaría de Trabajo disculpa institucionalmente el empleo de los menores argumentando la pobreza de las familias, mientras el DIF otorga becas a los niños trabajadores más visibles que son los que están en las calles.
A la sociedad no nos queda más que pedir que no se simule el cumplimiento de la ley y que a los empresarios aunque sea se les toque con una hoja de la Constitución: justicia para los niños.