En Orizaba, jubilados y pensionados pelean por patrimonio sindical

A pesar de que el patrimonio del Sindicato de Obreros y Artesanos de la Industria Cervecera y Complementarias (SOAICC) fue construido con las aportaciones de los trabajadores, a la fecha son más de mil jubilados, pensionados y viudas los que han sido excluidos, sin recibir ningún derecho a una liquidación por esos bienes inmuebles.

Ruperto Rojano Lezama, quien encabeza al grupo de extrabajadores, señaló que los actuales dirigentes, Ignacio Rodríguez Téllez y Francisco Cruz Córdoba, secretario general y representante de viudas y pensionados, respectivamente, prácticamente se han apropiado de manera irregular de los bienes adquiridos durante décadas con las aportaciones de todos los trabajadores.

Entre los inmuebles señalados se encuentran el Salón Azul y el Instituto Regional de Bellas Artes de Orizaba (IRBAO), los cuales, según los denunciantes, fueron asignados exclusivamente a 630 trabajadores activos, sin convocar a una asamblea ni rendir cuentas, como lo establece la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 367 al 371. “Nos despojaron de lo que también construimos con años de esfuerzo. Incluso hubo recursos destinados a apoyos funerarios que jamás se entregaron”, afirmó el representante, junto con una treintena de afectados.



Señalaron que, debido a que hasta la fecha no han logrado justicia para reconocer sus derechos, optaron por dirigirse a la presidenta Claudia Sheinbaum y la Secretaría del Trabajo para exigir una auditoría a los fideicomisos que administra la actual dirigencia sindical.

Los inconformes advirtieron que recurrirán a instancias legales si no se les restituye lo que consideran legítimamente suyo. “Pedimos transparencia y justicia. No permitiremos que se lucren con lo que nos corresponde. Estamos comprometidos con la Cuarta Transformación y exigimos que se cumpla la ley”, agregó el representante.

El conflicto surgió tras la disolución formal del SOAICC en 2015, cuyo estatuto estipula una distribución equitativa del patrimonio entre todos sus miembros. El grupo afectado pide la intervención de las autoridades laborales para garantizar el respeto a sus derechos adquiridos.