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Sección: Estado de Veracruz

Docente Susan Cervantes acusa al SETSE de intentar quitarle su plaza

- Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación no cumplió con trámite por incapacidad médica

- SEV registró falta como ausencia injustificada al no recibir documentación oficial

Hugo Cruz Ojeda Xalapa, Ver. 16/12/2025

alcalorpolitico.com


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Una profesora de educación preescolar acusó a dirigentes del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio de la Educación (SETSE) de aprovechar su incapacidad médica para intentar quitarle su plaza docente.

Susan Cervantes Baizabal, con más de 14 años de servicio, aseguró que en 2024 una enfermedad avalada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la obligó a ausentarse de su aula en la comunidad de Chavarrillo, en el municipio de Emiliano Zapata.

Según su testimonio, la incapacidad fue notificada a la delegación de Cardel, encabezada por el profesor Francisco Hernández Solís, para que el sindicato realizara los trámites ante la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), lo que no ocurrió. La SEV registró la falta como ausencia injustificada al no recibir documentación oficial. Dirigentes sindicales pidieron a la afectada gestionar una incapacidad retroactiva ante el IMSS, mientras su plaza quedaba “en resguardo”.

El Consejo Consultivo del IMSS dictaminó procedente la incapacidad retroactiva por 49 días, del 8 de enero al 25 de febrero de 2024. El instituto notificó al sindicato el 30 de abril para que el documento fuera presentado ante la SEV, pero el trámite no se realizó. Cervantes Baizabal buscó una audiencia con la titular de la SEV, Claudia Tello Espinosa, pero no fue recibida; asesores le señalaron que el conflicto debía resolverse en el ámbito sindical.

La docente responsabilizó a Hernández Solís; al exsecretario general del SETSE, Genovevo Zapot Zapot; y al dirigente Óscar Rivera Óvula, de cualquier afectación a ella o a su familia.

Cervantes Baizabal, quien asegura que durante más de una década cumplió puntualmente con sus obligaciones, incluidas las cuotas sindicales, pide a la gobernadora Rocío Nahle García su intervención para que se investigue el caso y se frene lo que considera una violación grave a sus derechos laborales.