Dice Grajales que están por prescribir 12 aprehensiones contra ediles por no ejecutarse

A pesar de que el delito de peculado no prescribe, el vocal de la comisión de Vigilancia del Congreso local, Alfredo Valente Grajales Jiménez, expuso que para el 2007 “perderán vigencia” 12 ordenes de aprehensión en contra de ex autoridades municipales que desviaron recursos públicos del ejercicio fiscal del 2001.

Además dio a conocer que solicitará al presidente del Tribunal Superior de Justicia, René Poblete Dolores, una explicación del porqué el juez desde hace casi tres meses no ha liberado 22 ordenes de aprehensión en contra de ex servidores municipales por irregularidades cometidas en el ejercicio fiscal del 2003.

Entrevistado en su oficina del Palacio Legislativo, el también presidente de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales, señaló que las denuncias penales presentadas por desvío de recursos del año 2001 “están a punto de quedar sin efecto pues solo tienen cinco años de vigencia”.

Se trata de denuncias penales presentadas en el 2002 (por desvíos de recursos del 2001) en contra de ex autoridades de los Ayuntamientos de Zongolica, Nogales, Minatitlán, Acayucan, Martínez de la Torre, San Andrés Tlalnelhuayocan, Tantoyuca, Papantla, Ixtaczoquitlán, San Juan Evangelista, Cosautlán de Carvajal y Zontecomatlán.

Mientras que hay denuncias por irregularidades en el manejo de recursos públicos del 2002 que tampoco han surtido efecto; en ese sentido mencionó que las ex autoridades denunciados fueron las de Catemaco, Río Blanco y Ayahualulco.

Además lamentó que el juez no haya librado 22 ordenes de aprehensión en contra de igual número de ex autoridades municipales por desvíos de recursos públicos del 2003, tal y como lo diera a conocer ayer Armando López Contreras, fiscal especial para la Atención de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

El diputado local panista dio a conocer la lista de los Ayuntamientos que fueron denunciados por desvió de recursos del 2003: Tampico Alto, Las Minas, Carro Azul, Pánuco, Altotonga, Otatitlán, Ixtaczoquitlán, Orizaba, Tequila, Ixhuatlán del Café, Cuichapa, carrillo Puerto, Aquila, Manlio Fabio Altamirano, Tres Valles, San Juan Evangelista, Mecayapan, Agua Dulce y Jáltipan.

Así como denuncias en contra de ex servidores públicos municipales que tuvieron relación directa con el manejo de recursos del fideicomiso Tiburones Rojos de Veracruz y del dos por ciento a la nómina.

En ese sentido expuso que la aplicación de la ley debe culminar con la formal prisión de aquellos ex servidores públicos que cometieron un daño patrimonial al erario municipal.

Lamentó que después de muchos meses de haber permanecido en “archivo muerto” de la Procuraduría las denuncias que interpusieron en contra de ex funcionarios municipales, ahora resulta que no se puede proceder debido a que los jueces no han “obsequiado” las órdenes de aprehensión correspondientes.

Ante esta situación, el legislador por el Partido Acción Nacional sentenció que el Congreso Local va a tener que darle seguimiento por que los delitos de peculado, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, entre otros, relacionados con la función pública, prescriben a los 5 años.

“Por eso mismo, nosotros vamos a darle agilidad a estos asuntos para que se ejecuten las órdenes de aprehensión, de ahí que se le exhortará al magistrado René Poblete para que tenga a bien exigírselos a los jueces encargados de la situación jurídica de los ex funcionarios municipales a los que se les integró la averiguación previa”, insistió.

Grajales Jiménez señaló que los jueces no pueden estar reteniendo órdenes de aprehensión, por lo que pedirán dialogar con el magistrado Poblete para saber las razones por las cuales están actuando de esta forma y con base en las respuestas se procederá en consecuencia.