
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Veracruz recibió una denuncia de la asociación “Veracruzanos unidos contra la corrupción y la impunidad”, encabezada por Carlos Arturo Palma, en contra del presidente municipal de Boca del Río, Juan Manuel Unánue Abascal; la síndica única, Susana Tiburcio Galicia; titulares de áreas administrativas del Ayuntamiento, y la exdiputada panista María Josefina Gamboa Torales.
Lo anterior, por un presunto desvío de recursos a través de contratos otorgados a una empresa relacionada con campañas políticas, según informó la organización Veracruzanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad. La denuncia también incluye a los accionistas y/o socios de la persona moral Corporativo de Suministros Industriales S.A. de C.V., así como “quien o quienes resultaran responsables".
El documento expone que dicha empresa habría recibido múltiples contratos del Ayuntamiento de Boca del Río por conceptos como adquisición de formatos, sellos oficiales, lonas, impresiones y arrendamiento de inmuebles, tras presuntamente haber financiado publicidad para Gamboa Torales y Unánue Abascal.
Entre los contratos enlistados, se señala uno por "la contratación abierta de la adquisición de formatos y sellos oficiales para el Ayuntamiento de Boca del Río, con un monto total de 1.5 millones de pesos, número de expediente MBR-LIC-010-2022".
Asimismo, se acusó que "pese a la existencia de estos contratos millonarios, la actitud de opacidad ha prevalecido por parte de los denunciados porque al consultar el micrositio de transparencia del Ayuntamiento de Boca del Río, no se encuentran los contratos publicados".
En el escrito se argumentó que "ocultar esta información puede constituir un acto de corrupción entre la candidata panista a la alcaldía de Boca del Río, María Josefina Gamboa Torales, el alcalde Juan Manuel Unánue Abascal y la empresa Corporativo de Suministros Industriales S.A. de C.V.".
La asociación expuso que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz establece la obligación de los ayuntamientos de "publicar y mantener actualizada la información pública, de conformidad con los lineamientos que expida el Sistema Nacional", incluyendo contratos, adjudicaciones y convenios.
Además, ofreció como pruebas los datos de los contratos presuntamente involucrados y enlaces electrónicos donde los documentos deberían estar disponibles para consulta pública. También pidió a la Fiscalía que realice inspecciones para certificar el estado de la información en los portales electrónicos del Ayuntamiento.
Finalmente, solicitó que "seguida que sean en todas sus fases se determine la acción penal en contra de las personas titulares de las áreas de la Dirección de Adquisiciones, Subdirección de Adquisiciones, Tesorería, así como en contra de la C. Susana Tiburcio Galicia, síndica única municipal y el C. Juan Manuel Unánue Abascal, presidente municipal y/o los que resulten responsables", dijo.
