CARPETA NUEVA, LAS DESAPARICIONES DE DUARTE
La novedad en materia de investigación policial es la que se refiere a que la Fiscalía General del Estado ha decidido reabrir los casos de desapariciones del “Blindaje Coatzacoalcos.”
La tormenta sigue sobre la cabeza de Javier Duarte y su administración. Este fin de semana se confirmó que las investigaciones por las desapariciones ocurridas durante el Operativo Blindaje Coatzacoalcos no están cerradas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que varias carpetas de investigación fueron reactivadas y que aún existen datos de prueba pendientes por integrar. La fiscal Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, dijo que las indagatorias podrían alcanzar a integrantes de distintos niveles de la estructura de seguridad que participó en el despliegue implementado en 2015.
Es decir, no se hace distinción por jerarquía: altos mandos, mandos medios o elementos operativos serán investigados si hay elementos que los vinculen con los hechos. Se prevé que las investigaciones puedan alcanzar a hasta 35 personas vinculadas al operativo.
La declaración de la fiscal ocurre después de que, en julio pasado, la Fiscalía General del Estado informó de la detención de 11 personas por su probable participación en desapariciones forzadas relacionadas con el Operativo Blindaje Coatzacoalcos.
Hay que recordar que la acusación sobre desaparición forzada fue una de las muchas acusaciones que llevaron a Javier Duarte a la cárcel.
De hecho, la situación jurídica del exgobernador de Veracruz permanece en incertidumbre debido al caso de desaparición forzada que la Fiscalía estatal mantiene abierto en su contra. Si bien un juez decretó el sobreseimiento del caso -o por tanto la absolución-, la Fiscalía presentó un amparo el cual no ha sido resuelto.
¿Justicia o caja china?


LA MAÑANERA ES UN MEDIO DE ¿INFORMACIÓN O DE DESINFORMACIÓN?
Las conferencias mañaneras del Gobierno de México se presentan como un ejercicio de información y rendición de cuentas, pero también se han convertido en uno de los principales instrumentos de comunicación política del Poder Ejecutivo. Y ese aparato tiene un costo que se paga con recursos públicos.
El organismo encargado de producir y transmitir buena parte de las actividades públicas de la Presidencia es el Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales, CEPROPIE. Su función no se limita exclusivamente a las mañaneras: también cubre giras, ceremonias y otros actos del Ejecutivo. Por ello, sería incorrecto considerar todo su presupuesto como el costo exclusivo de estas conferencias.
Para 2025, el presupuesto autorizado de CEPROPIE fue de 32 millones 254 mil 567 pesos. Para 2026 aumentó a 42 millones 137 mil 588 pesos, aproximadamente 30.6% más. Son presupuestos anuales autorizados para las operaciones del organismo y no una factura específica de las conferencias matutinas.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador surgieron cifras todavía mayores. Una investigación de 24 Horas, basada en el gasto de CEPROPIE, calculó que entre 2019 y junio de 2024 se habían ejercido más de 511 millones de pesos, cuando originalmente se habían autorizado alrededor de 210 millones durante ese periodo, una diferencia de aproximadamente 142%. Sin embargo, es importante insistir en que esos 511 millones corresponden al gasto analizado del organismo y no exclusivamente a producir las mañaneras.


EL ASUNTO VA MAS ALLÁ DEL GASTO
Pensamos que el debate no debería limitarse al dinero. El problema más delicado es la calidad de la información que se difunde desde un espacio oficial con enorme capacidad para marcar la conversación pública.
La mañanera no es un medio periodístico independiente, sino un canal de comunicación gubernamental. El propio gobierno establece el formato, presenta sus cifras y expone su interpretación de los acontecimientos. Esto no significa que todo lo que se diga ahí sea falso, pero sí significa que sus afirmaciones necesitan ser contrastadas con estadísticas oficiales, documentos públicos y verificadores independientes.
ARTICLE 19 realizó un análisis de 34 afirmaciones hechas por López Obrador entre 2019 y 2022 y solicitó información oficial para comprobarlas. De acuerdo con esa investigación, solamente dos pudieron ser plenamente respaldadas con información pública; nueve fueron consideradas falsas y, en veinte casos, las propias dependencias gubernamentales no proporcionaron elementos suficientes para comprobar lo dicho por el presidente. También se encontraron afirmaciones presentadas de manera engañosa o sin el contexto necesario.
El problema tampoco desapareció automáticamente con el cambio de gobierno. En junio de 2026, el medio de verificación Verificado revisó varias declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum. Entre ellas calificó como engañosa la afirmación de que México se encontraba entre los tres países con menor desempleo del mundo. También calificó como falsa la afirmación gubernamental de que los homicidios dolosos habían disminuido 49% en veinte meses: al comparar meses completos del periodo de octubre de 2024 a abril de 2026, el verificador calculó una reducción de aproximadamente 36.6%.


Aquí está el punto central: un gobierno tiene la obligación de informar, pero informar no es lo mismo que controlar la narrativa. Cuando desde una plataforma oficial se presentan cifras incompletas, comparaciones convenientes, afirmaciones sin respaldo o datos que después tienen que ser corregidos, la conferencia puede convertirse en un vehículo de desinformación, aunque simultáneamente difunda información verdadera.
Además, una declaración presidencial tiene una capacidad de propagación enorme: pasa de la transmisión oficial a periódicos, televisión, videos, redes sociales y millones de teléfonos. Para cuando una cifra falsa o engañosa es verificada y corregida, el mensaje original puede haber circulado mucho más que la aclaración.
Por eso, la discusión sobre las mañaneras no debería reducirse a estar a favor o en contra de un presidente. La pregunta verdaderamente importante es otra: ¿debe un espacio financiado con dinero público servir principalmente para informar con datos comprobables o para imponer la versión política del gobierno en turno?
La transparencia no consiste únicamente en hablar durante horas frente a las cámaras. También implica presentar evidencia, aceptar el contraste de datos, responder preguntas incómodas y corregir públicamente aquello que resulte falso o impreciso.
Las mañaneras pueden ser un mecanismo legítimo de comunicación gubernamental, pero cuando la información oficial se mezcla con afirmaciones falsas, datos sin contexto y narrativa política, dejan de ser solamente un ejercicio de rendición de cuentas y corren el riesgo de convertirse en una poderosa herramienta de desinformación pagada por los propios ciudadanos.


SE ACUMULAN LOS ABUSOS DE LA 4T
Hace unas semanas, luego de haberse encontrado comida en mal estado en los hospitales, la gobernadora Rocío Nahle ordenó suspender todos los contratos con la empresa encargada de la elaboración de los alimentos y destinó suficientes recursos para la rehabilitación de 60 cocinas hospitalarias. Igualmente, la Auditoría Superior de la Federación inició investigaciones contra funcionarios de la Secretaría de Salud local, debido a las irregularidades en los convenios que perjudicaron las finanzas públicas del estado.
Lo anterior, tuvo muy molestas a las galopinas ya que a ellas las tuvieron preparando los alimentos día y noche sin pagarles hora extra.
Otro ejemplo de las irregularidades que se viven hoy es que la encargada del jurídico del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Elvira Duarte Méndez, ostenta un código de cocina, y ¿Cómo lo consiguió?, la explicación es muy simple, durante el gobierno de Cuitláhuac García, la dirigente sindical Elizabeth Melquiades quien ahora milita en Movimiento Ciudadano (MC) vendía las plazas homologadas al mejor postor, en contubernio con exdirector Jesús Uribe Flores, quien pertenecía al cártel del IMSS, aquel que se le caían los elevadores por no darles mantenimiento, dándole el visto bueno la directora de recursos humanos Alicia Vázquez Cuevas, en aquel tiempo quien era gente de todas las confianzas de Iván Sisniega. No hay que olvidar que el nosocomio pertenece a la Secretaría de Salud y del IMSS Bienestar del “doctor Besitos” Roberto Ramos Alor.
La encargada del jurídico Elvira Duarte Méndez aparte de comprar su plaza de cocinera en hospital para percibir un mejor salario también compró su título en la UPAV y es ahí donde ni la contraloría ni la gobernadora hacen nada por moverla, mientras ella se dice intocable y así las cosas con la 4T. Por estos y otros tantos abusos más, el pueblo sabio cobrará factura el próximo año en la elección en el puerto de Veracruz.


REFLEXIÓN
Nos hacen ver un detalle sobre la improvisación de los funcionarios morenistas impuestos al interior del gobierno estatal y algunos municipios como Xalapa. Se afirma que hay personas ocupando cargos muy importantes porque “son fundadores del Movimiento de Regeneración Nacional” y eso los convierte en analfabetas funcionales premiados. Puede que tengan razón en reconocer de esa manera el “esfuerzo” de los luchadores sociales, pero con esas acciones, que atentan contra los gobernados, es que se están hundiendo como partido.

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