Ayer, al presentar el informe de seguridad correspondiente al primer mes del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, afirmó que se mantuvo la tendencia a la baja en homicidios dolosos del sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), con una disminución del 25.4% en el promedio de asesinatos diarios respecto a febrero de 2019, el punto más álgido en la anterior administración.

“Si comparamos este promedio preliminar de 75.3 registrado en octubre de 2024 con los meses de octubre de los años pasados también se identifica que es el octubre con menos homicidios dolosos desde 2017”, señaló este martes la secretaria ejecutiva del SNSP, durante la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional.

Seguramente habrá escépticos que pongan en duda las cifras oficiales, dado los enfrentamientos y masacres que se vienen registrando entre grupos criminales y fuerzas armadas, por lo que la funcionaria reconoció que, pese a la tendencia a la baja, en el estado de Sinaloa se tiene un incremento de homicidios dolosos en septiembre y octubre.


“En todo 2024 era muy estable (la tendencia de homicidios) y fue en la tercera semana de septiembre el incremento que se ha registrado”, señaló, atribuyendo este incremento en el número de homicidios a la pugna interna del Cártel de Sinaloa que se agudizó porque Joaquín Guzmán López subió el 25 de julio a Ismael “El Mayo” Zambada en un avión y lo entregó a Estados Unidos.

Debido a ello, la ola de violencia de más de 200 asesinatos en el estado de Sinaloa se desató el 9 de septiembre y ha continuado hasta ahora.

Asimismo, explicó que desde enero de este año prácticamente el 50% de los homicidios dolosos que se han registrado en el país se concentran en seis estados: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León.


Sin embargo, no mencionó al estado de Chiapas, donde el asesinato del padre Marcelo Pérez, perpetrado el 20 de octubre en San Cristóbal de las Casas, fue un caso de alto impacto que sacudió a la cúpula eclesiástica de México y repercutió hasta El Vaticano, donde el papa Francisco condenó el crimen de la misma forma como lo hizo en junio de 2022 con los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, asesinados dentro de un templo de la comunidad de Cerocahui, Chihuahua.

Ayer, el diario La Jornada publicó que el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Francisco Javier Acero, informó que desde el año 2000, las agresiones y asesinatos de sacerdotes, seminaristas y dirigentes de comunidades parroquiales han aumentado, lo mismo que pasa en la sociedad civil, incluidos los casos de niños víctimas de fuego cruzado. “Eso es preocupante e indica que el tejido social está roto”, advirtió el prelado, quien señaló que la política de abrazos y no balazos no ha funcionado, aunque reconoció que “hay muy buena disposición” del gobierno federal para tener un diálogo con la Iglesia a fin de avanzar en el camino de la paz.

El obispo reiteró la exigencia de la Conferencia del Episcopado Mexicano para que se retomen los compromisos por la paz elaborados por más de 20 mil personas, los cuales se presentaron durante su campaña electoral a la presidenta Sheinbaum.


“Quien lucha por la verdad ya se sabe que arriesgamos la vida. Estamos para amar al prójimo desde Jesús, pero exigimos seguridad, en las reuniones, en las comunidades parroquiales y rurales, todos los días, no sólo los domingos. No tiene que haber este clima de desconfianza”. El aumento de la violencia se ve en los robos y extorsiones en las comunidades, así como en la necesidad de cambiar a los párrocos porque han sido amenazados o extorsionados.

Sobre la posibilidad de que la Iglesia se reúna con la presidenta Claudia Sheinbaum, dijo: “hay muy buena relación con el gobierno y por ahora mantiene comunicación con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Estamos abiertos al diálogo, escuchar (y dispuestos a) sentarnos a buscar soluciones”.

ROBAN A EJECUTIVO DE TELEVISA EN SU DEPARTAMENTO DE PARÍS


Ayer comentamos aquí el caso impune en México del magnate Emilio Azcárraga Jean, quien la semana pasada decidió separarse de la presidencia del Consejo de Administración de Grupo Televisa ante la investigación que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició en su contra por supuestos sobornos a funcionarios de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) para obtener los derechos de transmisión de los partidos de las Copas Mundiales de 2018, 2022, 2026 y 2030. Y referíamos que años antes de esta investigación, Eduardo Fernández García, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), había presentado también una denuncia ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) en la que afirma que Azcárraga Jean y Bernardo Gómez Martínez y Alfonso de Angoitia, otros ejecutivos de primer nivel de Televisa, presuntamente recibieron sobornos en efectivo provenientes de “funcionarios mexicanos corruptos, gobiernos y partidos políticos”.

En el documento presentado ante la SEC el 6 de octubre de 2022, Fernández García señaló que los recursos en efectivo fueron gastados a través de una empresa financiera de su propiedad –mediante engaños– en la compra de bienes de lujo, como un avión Gulfstream y un yate, así como para el pago de diferentes servicios en Estados Unidos. Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011 con diferentes intermediarios.

Para lograr su objetivo, los ejecutivos de Televisa abrieron cuentas corporativas en su compañía denominada Diversity Investment Corp, a través de las cuales se habrían realizado 29 “transacciones ilegales y una serie de maniobras furtivas” para presuntamente lavar 40 millones de dólares que Fernández presume como “sobornos procedentes de las arcas públicas de México o de otras actividades ilegales y delictivas”.


Por lo anterior, el denunciante imputó a Azcárraga Jean, Gómez Martínez y Angoitia conductas que describe como “fraude financiero, lavado de dinero y perjurio”, las cuales representan violaciones “flagrantes” y “continuadas” a diversas leyes estadounidense en materia de valores bursátiles, contra la corrupción, el secreto bancario y antilavado de dinero.

En el texto de su denuncia presentada vía electrónica, Fernández García señaló que “cuenta con información original, material y no pública, que demuestra que Televisa” y sus ejecutivos “han perpetrado, durante más de una década, un esquema masivo de lavado de dinero a través de Televisa para limpiar pagos ilegales”.

Pues este martes, la Agencia de Noticias EFE difundió que el apartamento en París de un alto directivo mexicano del Grupo Televisa fue atracado anteayer, lunes 28 de octubre, sin la presencia de su dueño y los asaltantes, tras forzar al menos tres cajas fuertes, se llevaron un botín estimado en alrededor de 1 millón de euros, equivalentes a más de 21 millones de pesos, de acuerdo a la cotización de la moneda de la comunidad europea al cierre de la jornada de ayer.


Fuentes de la Fiscalía parisina confirmaron este martes a la agencia informativa que se inició una investigación por “robo en banda organizada” que tendrá a su cargo la Brigada de Represión al Banditismo (BRB) de la Policía Nacional francesa. Las mismas fuentes detallaron que el asalto se produjo en un apartamento del lujoso barrio VII de París.

Aunque la Fiscalía no lo comunicó oficialmente, los medios franceses identifican a Bernardo Gómez Martínez, vicepresidente de Televisa, como el dueño del dúplex de 500 metros cuadrados que fue atracado.

También los medios parisinos calculan que el botín asciende a al menos 1 millón de euros, monto aún no confirmado oficialmente por los encargados de la investigación. Varios relojes de lujo habrían sido sustraídos de las cajas fuertes atracadas. De acuerdo con los investigadores, el grupo de ladrones se introdujo en la vivienda del empresario mexicano por los conductos de ventilación del apartamento.


¿Y qué hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o “lavado de dinero”? ¿Para eso fue ratificado su titular Pablo Gómez, quien en la segunda mitad del sexenio anterior se dedicó a investigar a periodistas críticos, empresarios y políticos de la oposición incómodos para el régimen de la 4T?

DIEGO CASTAÑEDA, EL OTRO ALFIL DE NAHLE EN EL CONGRESO
 
En la Sexagésima Séptima (LXVII) Legislatura del Estado de Veracruz que se instalará el próximo martes 5 de noviembre y cuya Junta de Coordinación Política presidirá el representante popular del distrito de Cosoleacaque, Esteban Bautista Hernández, tendrá un papel fundamental el joven político morenista Diego Castañeda Aburto, quien, según se ha proyectado, presidirá la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.


Desde ese espacio, con la experiencia que le caracteriza, deberá confeccionar, operar y respaldar las propuestas de la agenda legislativa morenista que acompañará el mandato de Rocío Nahle García. El joven diputado plurinominal, que ya fue Subsecretario Jurídico y de Asuntos Legislativos de la Secretaría de Gobierno, demostrará ahí la experiencia adquirida en materia legislativa.

En la pasada campaña electoral se le vio muy cerca a la hoy gobernadora electa, la conoce, sabe de sus intereses en pro del desarrollo y bienestar de Veracruz, los cuales sabrá aterrizar en el escritorio legislativo para que se conviertan en leyes que impulsen el bienestar y desarrollo de los veracruzanos.

BERTHA AHUED, OTRA CARTA PARA PRESIDIR LA CÁMARA DE DIPUTADOS


El bien informado columnista Iván Calderón da por hecho que la próxima presidenta de la mesa directiva de la LXVII Legislatura del Estado será la diputada porteña Bertha Ahued Malpica, quien aspira a ser la candidata de Morena a la presidencia municipal del Puerto de Veracruz en 2025.

De concretarse su nombramiento en el Congreso local, la empresaria periodística dispondrá de una excelente plataforma política para promover su precandidatura en los próximos cinco meses.