9 de enero de 2026
alcalorpolitico.com
En el estado del país más peligroso para ejercer el oficio de periodista, la noche de este jueves acribillaron, mientras cenaba en un restaurante de Poza Rica, al periodista Carlos Castro, reportero de nota roja y director y dueño del portal Código Norte Veracruz, que se publica en Facebook.
El hecho ocurrió alrededor de las de las 7 de la noche en el restaurante “La Tro Guebirria”, de la avenida 20 de Noviembre entre las calles 12 y 14, de la colonia Cazones. El restaurante es sitio frecuentado por reporteros de la fuente policíaca.
Veracruz es el estado en el que más indefensos están los periodistas, pues cuando no son criminales quienes los atacan, el propio gobierno a través de la Fiscalía General del Estado lo persigue y encarcela, como sucede con el caso del reportero Rafael Lafita León Segovia, al que en un principio se acusó de terrorista y sufre ahora prisión domiciliaria.
El del periodista Carlos Castro es el primer atentado mortal en el inicio del año contra un comunicador en el segundo año de la administración de la gobernadora Rocío Nahle. Hasta el momento de cerrar esta columna, ni la Fiscalía General del Estado ni el Gobierno del Estado se habían pronunciado sobre el crimen.
Según posteó La Silla Rota, de acuerdo con compañeros de Carlos Castro, tuvo medidas de protección en 2024 por la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) debido a amenazas en su contra que lo hicieron salir del municipio de Poza Rica. El periodista deja una hija en la orfandad.
Un cochinero dejan alcaldes y alcaldesas salientes, muchos de Morena
La voz del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, diputado Esteban Bautista Hernández, limpia de sospecha (al menos eso quiero creer) a la gobernadora Rocío Nahle de que esté alentando o protegiendo a alcaldes salientes que cayeron en graves irregularidades a su salida, dejaron las arcas vacías, aun no pueden acabar de entregar bien a quienes los sustituyen porque no tienen la documentación en orden, intentaron de última hora rematar bienes como chatarra para hacer negocios y robarse el dinero, hasta llevarse el mobiliario y dejar vacías las presidencias municipales.
Como no había sucedido, las irregularidades han salido a la luz pública por las denuncias mediáticas que han hecho las autoridades entrantes, y si bien no es una práctica nueva, lo relevante ahora es que se dieron en una gran cantidad de ayuntamientos, muchos gobernados por Morena y sus aliados, partido que llegó al poder hablando de transparencia y honestidad y una de cuyas divisas es la de no robar, aparte de no mentir y no traicionar al pueblo. Que el Profe Esteban, como se le conoce al diputado Bautista Hernández, llame a denunciar penalmente, lava un poco la cara de su partido.
El caso de Hueyapan de Ocampo
Pero si hay problemas con los que se acaban de ir, también los hay con algunos, o muchos, de los que acaban de llegar. El miércoles sorprendió leer a varios columnistas que, por ejemplo, denunciaron y acusaron de nepotismo al delegado de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, hecho que el lector común pudo haber pensado que habían denunciado con línea del palacio de gobierno para exhibirlo. Los columnistas no especularon, dieron nombres, apellidos y cargos, que no dejaron ninguna duda de que, en efecto, se abusó del apellido para imponer a la parentela en los cargos y que el nuevo alcalde no será más que un títere.
Documentaron que en la Secretaría del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo colocó a su hermano Luis Alberto Gómez Cazarín, en la Tesorería Municipal a su primo Andrés Marcial Gómez, en la Oficina del Ramo 033 despacha su prima Pamela Marcial Gómez, y en el DIF Municipal su primo José Miguel Cazarín. Las tres primeras son claves y la segunda y la tercera relevantes, porque son las que manejan los recursos, la Oficina del Ramo 033 los fondos federales transferidos a los municipios para la ejecución de obras públicas en áreas específicas como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.
El columnista Raymundo Jiménez recordó que en el proceso electoral del año pasado, el delegado de Bienestar obligó a su hermano Luis Alberto a bajarse de la candidatura de Morena a la alcaldía para no incurrir en nepotismo, repudiado por la presidenta Sheinbaum y la dirigencia nacional del partido guinda, pero ahora desde la Secretaría de hecho llevará el control del gobierno municipal.
Otro, en Vega de Alatorre, y otros más
No es el único caso. Otro, por ejemplo, es el de Vega de Alatorre, también con alcalde del PT aliado de Morena. Los habitantes del municipio están preocupados y decepcionados con el nuevo presidente, Felipe Mata Barradas, quien sería solo un accesorio al frente del Ayuntamiento, ya que es el tesorero Fernando López quien en realidad administra y toma las decisiones importantes para el desarrollo de este municipio. Aquí también los López se han despachado con la cuchara grande. Su hermano, César estará al mando de Obras Públicas, su hija Fernanda será la titular de la Contraloría y se habría contratado a un despacho contable externo para que limpie todo, de otro miembro de la familia: Raciel López, un caso típico de nepotismo administrativo.
Las denuncias son múltiples. En Otatitlán están documentando que la alcaldesa saliente, Olga Jared Manzanilla Medina, se llevó hasta los muebles, amparada en que es familiar del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, lo que sucedió también en los casos de los ayuntamientos de Agua Dulce y Nanchital, donde no dejaron ni una silla, mientras que en Ixhuatlán del Café la presidenta entrante, Viridiana Bretón Feito, denunció que su antecesora Dora Angélica Galicia Contreras le dejó en caja solo 700 pesos.
En Mixtla sorprendieron hasta al propio Congreso
Un caso que ventiló el propio presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, es el de Mixtla de Altamirano, donde la alcaldesa saliente, Norma Estela Hernández Sánchez, de Morena, remató como chatarra entre sus familiares y amigos camionetas y motocicletas en precios de entre 3 y 10 mil pesos, remate para cuya autorización por parte de la legislatura presentó fotografías falsas, lo que se descubrió al contrastar las fotos con las unidades originales.
El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, dijo que las nuevas administraciones de oposición recibieron los ayuntamientos con severas carencias administrativas y operativas, y que dos autoridades de su partido encontraron edificios vacíos, sin mobiliario ni equipo básico para operar, citando los casos de Gutiérrez Zamora y Tlapacoyan, así como de la región de Orizaba. Una versión es que desde la dirigencia estatal de Morena pidieron a sus alcaldes y alcaldesas salientes dejar los ayuntamientos sin nada para complicar el inicio de las nuevas administraciones de la oposición.
Esteban Bautista y Ricardo Ahued piden denunciar
El diputado Bautista Hernández declaró que todas las autoridades municipales que recientemente rindieron protesta están en su derecho de presentar las denuncias penales correspondientes en caso de detectar irregularidades en la entrega-recepción, que incluye a aquellos que se llevaron hasta las sillas.
El problema lo reconoció el propio secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, quien el miércoles, en declaraciones a la prensa en Orizaba lamentó que “hay casos donde dejan las administraciones sin equipamiento, con vehículos en talleres o en malas condiciones”, lo que consideró “muy grave porque limita la capacidad de respuesta ante emergencias o la prestación de servicios básicos”.
Recordó entonces que los nuevos ayuntamientos cuentan con un plazo de 30 días para realizar observaciones durante la entrega-recepción y hasta un año para dar seguimiento a posibles procedimientos administrativos o legales, en caso de detectar irregularidades con el patrimonio municipal. Él sabe bien lo que dice, como reciente exalcalde de Xalapa. Dijo que de encontrarse faltas administrativas o posibles desvíos, es necesario que se presenten las denuncias correspondientes.
Aunque no son problemas de su gobierno, como primera autoridad del estado, la gobernadora Rocío Nahle no se ha pronunciado sobre el tema, que afecta a miles de veracruzanos.
El hecho ocurrió alrededor de las de las 7 de la noche en el restaurante “La Tro Guebirria”, de la avenida 20 de Noviembre entre las calles 12 y 14, de la colonia Cazones. El restaurante es sitio frecuentado por reporteros de la fuente policíaca.
Veracruz es el estado en el que más indefensos están los periodistas, pues cuando no son criminales quienes los atacan, el propio gobierno a través de la Fiscalía General del Estado lo persigue y encarcela, como sucede con el caso del reportero Rafael Lafita León Segovia, al que en un principio se acusó de terrorista y sufre ahora prisión domiciliaria.
El del periodista Carlos Castro es el primer atentado mortal en el inicio del año contra un comunicador en el segundo año de la administración de la gobernadora Rocío Nahle. Hasta el momento de cerrar esta columna, ni la Fiscalía General del Estado ni el Gobierno del Estado se habían pronunciado sobre el crimen.
Según posteó La Silla Rota, de acuerdo con compañeros de Carlos Castro, tuvo medidas de protección en 2024 por la Comisión Estatal de Atención y Protección para los Periodistas (CEAPP) debido a amenazas en su contra que lo hicieron salir del municipio de Poza Rica. El periodista deja una hija en la orfandad.
Un cochinero dejan alcaldes y alcaldesas salientes, muchos de Morena
La voz del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, diputado Esteban Bautista Hernández, limpia de sospecha (al menos eso quiero creer) a la gobernadora Rocío Nahle de que esté alentando o protegiendo a alcaldes salientes que cayeron en graves irregularidades a su salida, dejaron las arcas vacías, aun no pueden acabar de entregar bien a quienes los sustituyen porque no tienen la documentación en orden, intentaron de última hora rematar bienes como chatarra para hacer negocios y robarse el dinero, hasta llevarse el mobiliario y dejar vacías las presidencias municipales.
Como no había sucedido, las irregularidades han salido a la luz pública por las denuncias mediáticas que han hecho las autoridades entrantes, y si bien no es una práctica nueva, lo relevante ahora es que se dieron en una gran cantidad de ayuntamientos, muchos gobernados por Morena y sus aliados, partido que llegó al poder hablando de transparencia y honestidad y una de cuyas divisas es la de no robar, aparte de no mentir y no traicionar al pueblo. Que el Profe Esteban, como se le conoce al diputado Bautista Hernández, llame a denunciar penalmente, lava un poco la cara de su partido.
El caso de Hueyapan de Ocampo
Pero si hay problemas con los que se acaban de ir, también los hay con algunos, o muchos, de los que acaban de llegar. El miércoles sorprendió leer a varios columnistas que, por ejemplo, denunciaron y acusaron de nepotismo al delegado de Bienestar, Juan Javier Gómez Cazarín, hecho que el lector común pudo haber pensado que habían denunciado con línea del palacio de gobierno para exhibirlo. Los columnistas no especularon, dieron nombres, apellidos y cargos, que no dejaron ninguna duda de que, en efecto, se abusó del apellido para imponer a la parentela en los cargos y que el nuevo alcalde no será más que un títere.
Documentaron que en la Secretaría del Ayuntamiento de Hueyapan de Ocampo colocó a su hermano Luis Alberto Gómez Cazarín, en la Tesorería Municipal a su primo Andrés Marcial Gómez, en la Oficina del Ramo 033 despacha su prima Pamela Marcial Gómez, y en el DIF Municipal su primo José Miguel Cazarín. Las tres primeras son claves y la segunda y la tercera relevantes, porque son las que manejan los recursos, la Oficina del Ramo 033 los fondos federales transferidos a los municipios para la ejecución de obras públicas en áreas específicas como educación, salud, infraestructura social y seguridad pública.
El columnista Raymundo Jiménez recordó que en el proceso electoral del año pasado, el delegado de Bienestar obligó a su hermano Luis Alberto a bajarse de la candidatura de Morena a la alcaldía para no incurrir en nepotismo, repudiado por la presidenta Sheinbaum y la dirigencia nacional del partido guinda, pero ahora desde la Secretaría de hecho llevará el control del gobierno municipal.
Otro, en Vega de Alatorre, y otros más
No es el único caso. Otro, por ejemplo, es el de Vega de Alatorre, también con alcalde del PT aliado de Morena. Los habitantes del municipio están preocupados y decepcionados con el nuevo presidente, Felipe Mata Barradas, quien sería solo un accesorio al frente del Ayuntamiento, ya que es el tesorero Fernando López quien en realidad administra y toma las decisiones importantes para el desarrollo de este municipio. Aquí también los López se han despachado con la cuchara grande. Su hermano, César estará al mando de Obras Públicas, su hija Fernanda será la titular de la Contraloría y se habría contratado a un despacho contable externo para que limpie todo, de otro miembro de la familia: Raciel López, un caso típico de nepotismo administrativo.
Las denuncias son múltiples. En Otatitlán están documentando que la alcaldesa saliente, Olga Jared Manzanilla Medina, se llevó hasta los muebles, amparada en que es familiar del exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, lo que sucedió también en los casos de los ayuntamientos de Agua Dulce y Nanchital, donde no dejaron ni una silla, mientras que en Ixhuatlán del Café la presidenta entrante, Viridiana Bretón Feito, denunció que su antecesora Dora Angélica Galicia Contreras le dejó en caja solo 700 pesos.
En Mixtla sorprendieron hasta al propio Congreso
Un caso que ventiló el propio presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, es el de Mixtla de Altamirano, donde la alcaldesa saliente, Norma Estela Hernández Sánchez, de Morena, remató como chatarra entre sus familiares y amigos camionetas y motocicletas en precios de entre 3 y 10 mil pesos, remate para cuya autorización por parte de la legislatura presentó fotografías falsas, lo que se descubrió al contrastar las fotos con las unidades originales.
El dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina, dijo que las nuevas administraciones de oposición recibieron los ayuntamientos con severas carencias administrativas y operativas, y que dos autoridades de su partido encontraron edificios vacíos, sin mobiliario ni equipo básico para operar, citando los casos de Gutiérrez Zamora y Tlapacoyan, así como de la región de Orizaba. Una versión es que desde la dirigencia estatal de Morena pidieron a sus alcaldes y alcaldesas salientes dejar los ayuntamientos sin nada para complicar el inicio de las nuevas administraciones de la oposición.
Esteban Bautista y Ricardo Ahued piden denunciar
El diputado Bautista Hernández declaró que todas las autoridades municipales que recientemente rindieron protesta están en su derecho de presentar las denuncias penales correspondientes en caso de detectar irregularidades en la entrega-recepción, que incluye a aquellos que se llevaron hasta las sillas.
El problema lo reconoció el propio secretario de Gobierno, Ricardo Ahued, quien el miércoles, en declaraciones a la prensa en Orizaba lamentó que “hay casos donde dejan las administraciones sin equipamiento, con vehículos en talleres o en malas condiciones”, lo que consideró “muy grave porque limita la capacidad de respuesta ante emergencias o la prestación de servicios básicos”.
Recordó entonces que los nuevos ayuntamientos cuentan con un plazo de 30 días para realizar observaciones durante la entrega-recepción y hasta un año para dar seguimiento a posibles procedimientos administrativos o legales, en caso de detectar irregularidades con el patrimonio municipal. Él sabe bien lo que dice, como reciente exalcalde de Xalapa. Dijo que de encontrarse faltas administrativas o posibles desvíos, es necesario que se presenten las denuncias correspondientes.
Aunque no son problemas de su gobierno, como primera autoridad del estado, la gobernadora Rocío Nahle no se ha pronunciado sobre el tema, que afecta a miles de veracruzanos.