Todavía, hasta a finales del sexenio del exgobernador Javier Duarte de Ochoa –el último de extracción priista–, había al menos un miembro del Comité Directivo Estatal del PRI que presuntamente percibía un sueldo de 300 mil pesos mensuales.

Obviamente este sueldazo no se cubría con las inexistentes cuotas de la militancia del partido tricolor sino con recursos de las arcas públicas del gobierno del estado.

Ocho años después, y luego de la aplastante derrota en las elecciones locales y federales del pasado 2 de junio, compensaciones estratosféricas como ésta ya son parte de la historia del expartidazo que jamás se reeditarán.


Y es que el PRI no solamente vive una crítica devaluación electoral con la pérdida de millones de votos, sino que también está por sufrir otra desbandada de militantes –la segunda en un año– y, además, deberá enfrentar una fuerte sangría en sus finanzas partidistas por las sanciones económicas que está por aplicarle el INE por anomalías en los gastos de campaña del proceso electoral 2023-2024.

Ayer, el diario Excélsior publicó que a pesar de tener oficialmente un millón 411 mil 889 militantes, durante el año 2023 sólo ocho priistas aportaron dinero al partido, por un total de 89 mil pesos y en 2022 lo hicieron cuatro, por 113 mil pesos, lo que forma parte de la crisis económica que vive el PRI, que en seis años ha perdido el 95.7% de su dinero en bancos, al pasar de 84.6 millones de pesos a 3.6 millones de pesos.

El mismo diario capitalino, en su columna Frentes Políticos, afirmó que el instituto tricolor, cuya hegemonía duró siete décadas, ahora está en picada. “Desde que perdió la presidencia en 2018, sus ingresos han caído un 96 por ciento. Alejandro Moreno Cárdenas, en sus primeros cuatro años al mando, vio cómo los ingresos del partido se desplomaron un 36 por ciento. Coahuila y Durango son sus únicos bastiones, pero, a este ritmo, no le durarán mucho. El déficit del partido ha pasado de 36 a 17 millones de pesos. Los militantes, cada vez menos, apenas contribuyen. Sólo 600 dieron aportaciones este año. El tricolor se desmorona, dejando claro que el viejo dinosaurio ha perdido su rugido y su billetera. Es, claramente, el fin de una era. El ocaso tiene nombre y apellido.”


El sábado anterior, el diario La Jornada publicó que según cálculos preliminares de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del INE, que aún estaban en revisión por la Comisión de Fiscalización, estaban por sancionar con 185.9 millones de pesos a los tres partidos de la coalición Fuerza y Corazón por México por irregularidades en ingresos y gastos de campaña de contiendas federales (Presidencia de la República, diputaciones y senadurías). De ese monto, el PAN sería sancionado con 99.1 millones, PRI con 47.9, y el PRD con 38.8 mdp.

Sin embargo, al día siguiente, en la sesión de la Comisión de Fiscalización se determinó aumentar la multa para los gastos no comprobados, señalando que éstos se sancionarán con 100 por ciento del monto involucrado, en vez del 50 por ciento que se había acordado en la propuesta original. El próximo lunes 22 se definirá en la sesión del Consejo General del INE, con lo concluirá la fase de fiscalización del proceso electoral 2024.

¿Aún así habrá algún priista valiente en Veracruz que aspire a suceder a Adolfo “El Fofo” Ramírez Arana en la dirigencia estatal del PRI para enfrentar en la sucesión municipal de 2025 a la aplanadora de Morena?


DECLARAN A FERNANDO YUNES “SUSTRAÍDO DE LA JUSTICIA”

A diferencia de su hermano Miguel Ángel, quien acusó que el proceso penal por el que le han girado orden de aprehensión se basa en una denuncia de hace tres años “que sacaron del bote de la basura” y que “ya fue resuelta en su momento por los órganos electorales”, Fernando Yunes Márquez debe responder como exalcalde porteño por tres delitos que le imputa la Fiscalía General del Estado y por los cuales debía comparecer ayer en los juzgados de la colonia Ortiz Rubio de la ciudad de Veracruz, cita a la que no llegó él ni tampoco su abogado defensor.
 
Al no presentarse ni enviar a un representante legal para justificar su ausencia, la juez de control Ihalí Patricia Armas Márquez determinó declararlo como “sustraído de la justicia” y reservó los derechos para que la Fiscalía actúe como estime pertinente en contra del diputado local electo del PAN por el principio de representación proporcional.
 

Fernando Yunes debía asistir este martes 16 a la audiencia judicial por la denuncia penal que existe en su contra por haber expedido durante su administración 2018-2021 los permisos municipales presuntamente de forma irregular para la construcción de la llamada “Torre Centro”, la que tanto ha criticado el presidente López Obrador.

Otra denuncia penal que pesa sobre el exmunícipe porteño del PAN es por haber coaccionado presumiblemente a empleados municipales del Ayuntamiento de Veracruz para obligarlos a trabajar en la campaña trunca de su hermano Miguel Ángel en el año 2021.

Y la tercera denuncia contra Fernando es la que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) interpuso ante la Fiscalía General del Estado por el presunto daño patrimonial que superaría los 90 millones de pesos, detectado en su último año de administración municipal y que no habría solventado ante el ente fiscalizador, el cual detectó una supuesta empresa fantasma denominada Laynher Estevia, S.A. de C.V. para pagar la nómina municipal, causando un presumible daño millonario a la hacienda pública municipal.


RESPUESTA DEL PANISTA: “NO ME PONDRÁN DE RODILLAS”

Ayer, la oficina de prensa del Diputado Local electo Fernando Yunes Márquez emitió el siguiente comunicado:

“Por los medios de comunicación me he enterado de que pretenden dictarme dos órdenes de aprehensión. “Estos son los ‘delitos’ de que me acusan según los medios:


“1.- Delito electoral, porque en el año 2021 un empleado del ayuntamiento militante de MORENA, presentó una denuncia diciendo que una persona le había pedido que hiciera guardia en una ‘casa de campaña’ y asistiera a una marcha. NUNCA ME SEÑALA, NO DICE SIQUIERA HABERME VISTO. Ese es el primer ‘delito’ por el que quieren meterme a la cárcel.

“2.- Incumplimiento de un deber legal, porque dicen que debí haber evitado que se construyera la Torre Centro, por la razón que fuera. NO HAY NADA QUE ME PUEDA VINCULAR CON UNA CONDUCTA FUERA DE LA LEY AL RESPECTO. Este es el segundo ‘delito’ por el cual me quieren encarcelar, y evitar así que rinda protesta como Diputado en el Congreso de Veracruz.

“Quienes han ordenado esta persecución no tienen vergüenza; mientras Veracruz está sumido en la violencia y la impunidad ellos ocupan los recursos de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial para perseguir opositores, sacando del basurero carpetas de investigación archivadas desde hace años por no contener ningún elemento que permita acreditar que se cometieron delitos.


“Que quede claro, me voy a defender con todo y no solo les voy a ganar, los voy a exhibir y a cobrarles lo que están haciendo. En mi formación no está el rendirme, el ponerme de rodillas. Soy un hombre en toda la plenitud de la palabra y un ciudadano responsable y respetuoso de la Ley. Soy también esposo y Padre de tres niños, a quienes les dejaré una lección de vida digna, NUNCA ME VERÁN DOBLEGARME. Seré diputado en el Congreso del Estado y defenderé el derecho de los veracruzanos a vivir en libertad, sin temor a la persecución y al abuso.”

Ya veremos de qué cuero salen más correas.