Bertín Bravo, segundo alcalde de MC con solicitud de desafuero presentada por FGE

La Fiscalía presentó una segunda solicitud de declaración de procedencia contra el edil de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, también postulado por Movimiento Ciudadano (MC). Los hechos y posibles delitos relacionados con ese expediente no han sido informados.

Ambos procedimientos fueron turnados a la Comisión Instructora, órgano responsable de recibir las defensas de los funcionarios, desahogar pruebas y elaborar los dictámenes que serán sometidos a votación del Pleno.

El otro alcalde con solicitud de declaración de procedencia es Raúl González Martínez, de Ixhuatlán del Sureste. Ambos munícipes ya fueron notificados y disponen de 7 días para responder a los señalamientos. Pueden entregar su defensa por escrito o comparecer ante los diputados que integran la comisión.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Naomi Edith Gómez Santos, informó que el plazo concluirá el próximo martes, aunque evitó identificar públicamente a los ediles sujetos a los procedimientos. “Ya se les notificó y ahora tienen 7 días para responder a lo que a derecho corresponda”, declaró.

Una vez concluido ese periodo, la Comisión Instructora deberá programar una audiencia para recibir las pruebas y los alegatos de la Fiscalía, así como los elementos que presenten los presidentes municipales.

“El proceso debe llevarse ante la Comisión Instructora, que evaluará los expedientes que le fueron enviados”, explicó Gómez Santos.

Tras el desahogo de las pruebas, la comisión elaborará un dictamen por cada expediente para establecer si existen elementos que justifiquen retirar la inmunidad procesal de los funcionarios.

Los dictámenes deberán ser discutidos y votados por separado en el Pleno. Si alguno es aprobado, el presidente municipal correspondiente perderá el fuero y quedará a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales.

Cabe aclarar que la declaración de procedencia no establece la responsabilidad penal del funcionario. El Congreso únicamente determina si retira la protección constitucional para que la Fiscalía pueda proceder penalmente y, en su caso, llevar el asunto ante un juez.