El presidente municipal de Xico, Luis Yoval Maldonado, solicitó al Congreso la suspensión y revocación del mandato de todos los ediles del Ayuntamiento.
El alcalde por el partido MORENA presentó ante el Congreso una denuncia solicitando aplicar el juicio político a Vicenta Muñoz Velasco, Ricardo Lozada Costeño, Altagracia del Carmen Tlaxcalteco Córdoba y Cecilia López Xotla, síndica y regidores primero, segunda y tercera.
Hay que recordar que el pasado 15 de diciembre los ediles no aprobaron el Segundo Informe de Gobierno del munícipe y posteriormente se retiraron del Centro Cultural Casa Quemada durante la sesión solemne.
Para la suspensión y revocación del mandato de los ediles, así como para la suspensión de los Ayuntamientos, el congreso del Estado actuará conforme al procedimiento que indican los artículos del 18 al 25 de la Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia.
Los ediles rechazaron el contenido del Segundo Informe de Gobierno y previamente denunciaron a Yoval Maldonado ante el Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) por presunta violencia política y violencia política en razón de género.
A finales de octubre dicho tribunal dictó medidas cautelares de protección en favor de Muñoz Velasco, Lozada Costeño, Tlaxcalteco Córdoba y López Xotla, dentro del expediente TEV-JDC-141/2023.
De acuerdo con los funcionarios municipales presuntamente afectados, el Presidente Municipal los excluye de las actividades del Ayuntamiento, coartando su derecho a voz y voto en las sesiones de Cabildo.
Además, señalan que el Alcalde se niega a aprobar las remociones del director de Obras Públicas y del titular de la Unidad de Transparencia, sin importar que fueron aprobadas por la mayoría del Cabildo, acusándolo de organizar grupos de choque para intimidarlos.
Los funcionarios también aseguran que los directivos mencionados, así como la titular del Instituto de la Mujer en Xico, fueron designados por Yoval Maldonado sin la documentación que demostrara que cumplían con los requisitos para ocupar los cargos.
Respecto a la función de la Síndica, el alcalde también la estaría excluyendo de la firma de contratos y proveedores, ocultando información de las licitaciones, pero enviando al Tesorero municipal para obligarla a firmar los documentos.