La venta irregular de gas LP en el país se ha convertido en un problema social y en un tema de seguridad nacional, ya que, en entidades federativas como Veracruz, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Puebla, la situación es caótica, provocando enfrentamientos, accidentes y un mal servicio a la población.
Con base en el último diagnóstico de la Secretaría de Energía (SENER) se advierte sobre la necesidad de generar un marco de protección a los consumidores de gas LP para atender el problema que enfrenta la industria del gas LP.
La dependencia ve claro que el problema que se ha generado por las inconsistencias y las malas prácticas desarrolladas por este sector de la industria de hidrocarburos ha tenido un impacto social negativo en cuanto a temas de seguridad.
Advierte que la práctica común de ilícitos por parte de permisionarios, repartidores y comisionistas de gas LP derivado el esquema organizacional que las empresas coludidas han desarrollado, entre ellas, el “repartirse” las zonas de venta, motivo por el cual los expendedores incurren de manera recurrente en actividades irregulares, mismas que además de generar inestabilidad en el suministro del producto, ha traído como consecuencia condiciones adversas para la sociedad, entre las más comunes se encuentran las riñas por las zonas de ventas, lesiones entre los involucrados, muertes, daño en propiedad privada, exponiendo no sólo sus vidas y las de los vecinos de las zonas por el descuido generado por los involucrados en dichas actividades.
Ante ello, se requiere de una respuesta urgente, la dependencia federal ve necesaria, como medida de emergencia, que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) emita de inmediato una normatividad que garantice el bienestar de las familias mexicanas a través de la protección efectiva de su derecho a acceder de manera asequible a un energético de consumo básico en los hogares, como es el gas LP, “que no fomente la riqueza de un sector de la industria a costa del daño a otro”.
En el estudio, señala que debe haber un cuidado extremo de las prácticas de fomento a la industria para no lesionar los derechos de los consumidores, otorgando ventajas indebidas a ciertos particulares en perjuicio del público en general o de alguna clase social.
Considera que el gas LP es un combustible indispensable para la vida de las familias mexicanas, pues en la mayoría de los hogares este producto se utiliza principalmente para preparar o cocinar alimentos y calentar el agua, por lo cual el Estado debe asegurar un acceso asequible al energético, prever niveles adecuados de precios que, si bien permitan el desarrollo del sector, garanticen el bienestar social de la comunidad y su derecho a gozar de una vida digna y decorosa.
Aunado a ello, en la cadena de valor del gas LP tanto el transporte por ducto como el almacenamiento están regulados, por lo que existe una tarifa en cada sistema o instalación. Y en el caso del transporte por vehículo los costos son similares por capacidad de vehículo, mientras que las plantas de distribución pudieran tener costos diferenciados en función de su capacidad, ubicación, entre otros factores.
“El margen en la industria se genera fundamentalmente en la etapa comercialización, y de manera exorbitante en la distribución del combustible previo al expendio al público”, concluye el estudio.