“Ante los devastadores efectos de la crisis mundial del agua en la vida, la salud y los derechos humanos de las personas, es preciso adoptar medidas correctoras de forma rápida y sistemática y dar prioridad a la mejora de las condiciones de las personas más vulnerables”, afirmó en su informe al Consejo de Derechos Humanos. el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, David R. Boyd.
Explica que la realización de los derechos al agua, al saneamiento y a un medio ambiente saludable es esencial para poder alcanzar los objetivos de garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, así como los derechos a la erradicación de la pobreza, a una vida saludable para todos, a ciudades sostenibles, a una biodiversidad floreciente y a medidas efectivas de lucha contra el cambio climático.
En el documento denominado Los derechos humanos y la crisis mundial del agua: contaminación del agua, escasez de agua y desastres relacionados con el agua expone que el derecho a un medio ambiente saludable exige a los gobiernos que eviten la contaminación y el agotamiento de los recursos hídricos, que prevengan o mitiguen los desastres relacionados con el agua y que protejan o restauren los ecosistemas acuáticos.
“Se conocen las soluciones: la incorporación de un enfoque basado en los derechos en las leyes, normas y políticas sobre el agua y las aguas residuales, así como programas de fomento de la capacidad, más inversiones, mejoras tecnológicas y el establecimiento de mecanismos de responsabilidad. Hay que incrementar significativamente la inversión en la gobernanza y las infraestructuras hídricas sostenibles”.
“Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, la transformación para que la seguridad hídrica esté garantizada en 2030 en todo el mundo requiere un esfuerzo adicional de inversión de hasta 500 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, los beneficios que tiene para la humanidad disponer de agua potable en calidad suficiente y de unos ecosistemas acuáticos saludables son incalculables. Realizar las inversiones necesarias no es una opción, sino una obligación para la realización de los derechos humanos de las generaciones presentes y futuras”.
El profesor asociado de derecho, políticas y sostenibilidad en la Universidad de la Columbia Británica comentó que, para respetar, proteger y hacer efectivos los aspectos del derecho a un medio ambiente saludable relacionados con el agua, los países tienen que seguir las siete etapas de la gobernanza del agua basada en los derechos: fomento de la capacidad, participación pública y empoderamiento, vigilancia, inventario y refuerzo de disposiciones legales, elaboración de planes basados en los derechos, implementación y evaluación.
Durante su investigación, comenta, oyó historias devastadoras de todas las regiones del mundo sobre personas obligadas a beber agua peligrosamente contaminada o salada, privadas de agua por las industrias extractivas, personas que ya no podían cultivar sus propios alimentos ni pescar, que veían sus cultivos amenazados por proyectos mal concebidos —desde presas y minas hasta plantaciones de monocultivos, pasando por la hidrofracturación— y no tenían más remedio que emigrar a causa de inundaciones, sequías u otros desastres relacionados con el agua.
“Más de 2 mil millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura (directamente accesible, disponible cuando se necesita y no contaminada). Peor aún, 785 millones de personas carecen incluso de servicios básicos en relación con el agua (acceso a una fuente mejorada, por ejemplo, agua por tubería, un pozo de sondeo, un pozo perforado o un manantial protegido)”.
El informe también refiere que más de 4 mil millones de personas (la mitad de la población mundial) carece de servicios de saneamiento gestionados de forma segura, de modo que no se tratan sus excrementos, lo que supone una amenaza para la salud humana y los ecosistemas; de esas personas, 673 millones no tienen acceso a excusados; se estima que 367 millones de niños asisten a escuelas que no cuentan con retretes, y en los países menos adelantados, solo una de cada cuatro personas tiene agua y jabón en sus hogares para lavarse las manos. Todo ello ha llevado a que las consecuencias para la salud y los derechos humanos durante esta pandemia sean “catastróficas”.
“En lugar de tratar el agua —esa sustancia única, indispensable y que sostiene la vida— con cuidado, respeto y reverencia, los seres humanos están utilizándola de un modo abusivo, contaminando las aguas superficiales y subterráneas, destruyendo humedales y provocando daños catastróficos en los ecosistemas de agua dulce, lo que socava las extraordinarias aportaciones del agua a la salud, el bienestar y la prosperidad de los seres humanos”.
La investigación recordó que cada año, las enfermedades transmitidas por el agua causan en todo el mundo casi dos millones de muertes evitables, principalmente entre niños menores de 5 años. Las enfermedades relacionadas con el agua están estrechamente ligadas a la pobreza y afectan de manera desproporcionada a los grupos vulnerables.
“Aproximadamente el 80% de las aguas residuales se vierte sin tratar en el medio ambiente, contaminando así las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y los océanos. Incluso en países que cuentan con instalaciones avanzadas para el tratamiento de aguas residuales se plantean dificultades, como la gestión de los productos farmacéuticos, los productos de cuidado personal y los microplásticos. Los problemas de falta de agua afectan actualmente a más de 3 mil millones de personas, mientras que mil 500 millones sufren grave escasez o incluso situaciones de sequía. Se estima que hasta 700 millones de personas corren el riesgo de verse desplazadas por una aguda escasez de agua antes de 2030”.
Por su parte, añade, el consumo de agua en todo el mundo es seis veces mayor que hace 100 años y sigue aumentando a un ritmo del 1% anual, el doble de rápido que lo que crece la población. La diversidad y
la abundancia de la vida en los ecosistemas de agua dulce han menguado de forma acelerada. Las poblaciones de mamíferos, anfibios, peces, aves y reptiles que dependen de un hábitat de agua dulce se han reducido en promedio un 84% desde 1970 y una de cada tres especies que viven en agua dulce está en riesgo de extinción.
“En el último siglo se ha perdido el 85 % de los humedales del planeta. La presión humana sobre los ecosistemas acuáticos incluye la extracción de agua, la contaminación, la destrucción de hábitats, la modificación de caudales, la fragmentación por presas y otras infraestructuras, la sobreexplotación de especies y la introducción de especies invasoras”.
El documento manifiesta que “la desigualdad es un aspecto especialmente chocante de la crisis mundial del agua”, ya que mientras que algunas personas y comunidades luchan por sobrevivir con unos pocos litros de agua al día, empresas y habitantes de los países más ricos la consumen en grandes cantidades.
El especialista de la ONU advirtió que el mundo se enfrenta a una crisis del agua que se está agravando. El consumo humano de agua, la contaminación de las aguas y la degradación de los ecosistemas acuáticos siguen acelerándose debido al crecimiento demográfico, el crecimiento económico, la emergencia climática, los cambios en el uso de la tierra, el extractivismo, el uso ineficiente del agua y las deficiencias en la planificación, la regulación y la aplicación de las leyes”.
Por lo anterior, expresó, es imperativo que los derechos humanos se sitúen en el centro de todos los planes relacionados con la gestión del agua y las aguas residuales. “Esa es la mejor manera de asegurarse de que los grupos marginados y vulnerables participen en la planificación y la toma de decisiones, a la vez que se da prioridad a sus derechos en todas las decisiones relacionadas con el uso y la conservación del agua”.
Cabe señalar que durante su investigación Boyd hizo consultas en México, Arabia Saudita, Armenia, Brunei Darussalam, Chile, Chipre, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, el Ecuador, Egipto, El Salvador, la Federación de Rusia, Haití, la República Islámica del Irán, Italia, Mauricio, Mónaco, Qatar, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Rumania, Singapur, Suiza y la Unión Europea, habló con 60 pueblos indígenas, instituciones nacionales de derechos humanos, organismos de las Naciones Unidas, la sociedad civil, asociaciones empresariales, miembros de la comunidad académica, y particulares. Además, organizó una serie de consultas en línea con participantes de todo el mundo y reuniones con ONU-Agua y con Saneamiento y Agua para Todos.