Trasciende orden de aprehensión contra Exadministradora del Poder Judicial de Veracruz

Según trascendió este viernes, se giró una orden de aprehensión contra Joana Marlen Bautista Flores, exadministradora del Poder Judicial, por no justificar su inasistencia a una audiencia en los juzgados del penal de Pacho Viejo en julio pasado.

Cabe mencionar que la denuncia que alcanzaría a Bautista Flores y otros funcionarios públicos fue presentada el 9 de febrero por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.

Los acusados supuestamente estarían involucrados en delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y peculado, por el presunto desvío de 50 millones de pesos en el primer semestre de 2023. Por ello, se sigue el proceso judicial número 448/2024.

En marzo de 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable mal manejo de 82 millones de pesos en la cuenta pública de 2021 del Poder Judicial, lo que se suma a otras irregularidades en la administración de Bautista Flores.

La denuncia presentada señala la presunta contratación de empresas "fantasma" al interior del Poder Judicial, operaciones en las cuales estarían involucrados al menos cuatro exfuncionarios con cinco empresas y un proveedor posiblemente "fantasmas".

Se trataría de la exdirectora general de Administración, Joana Marlen Bautista Flores; el exsubdirector de Recursos Materiales, Ofir Aly Gutiérrez Ponce; así como Bertha Domínguez Pacheco y Elvis Viveros Arroyo, ambos exjefes del Departamento de Servicios Generales.

Estos exfuncionarios son señalados de contratar a las presuntas empresas fachada, como resultado de la auditoría que arrojó que no existían elementos suficientes para garantizar que las personas morales operaban bajo las cláusulas descritas en sus documentos constitutivos. La querella refiere que el recurso público contratado para pagar a las supuestas comercializadoras asciende a 47 millones 448 mil 701 pesos.

La Contraloría del Poder Judicial realizó la auditoría al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de junio de 2023, revisando los ingresos estatales propios y productos financieros por 908 millones 747 mil 559.11 pesos, cuyos informes de resultados fueron emitidos el 8 de febrero de 2024.

El pleno del Consejo de la Judicatura ordenó a la Contraloría indagar las probables faltas administrativas y señalar a los involucrados en su comisión, además de remitir las constancias correspondientes a la Dirección de Asuntos Jurídicos.

De la auditoría resultaron 29 observaciones administrativas y 10 recomendaciones administrativas, de las cuales la Dirección General de Administración únicamente logró aclarar 5; 3 de forma parcial y el resto no fueron justificadas.

Del cúmulo de inconsistencias detectadas, las marcadas con los números DGA/2023-1/014, DGA/2023-1/015, DGA/2023-1/023, DGA/2023-1/024 y DGA/2023-1/026 están relacionadas con la contratación de las cinco empresas “fachada”.

Para el Poder Judicial, por acciones u omisiones, las personas públicas mencionadas estaban involucradas en los procedimientos que derivaron en la contratación de las presuntas empresas fantasma, pues su deber era cerciorarse de que los procedimientos se hicieran con apego a la normatividad correspondiente. Hasta el momento, ninguna autoridad ha confirmado cuál es la situación legal de los acusados ni tampoco si se giraron órdenes de aprehensión.