Temen especialistas que crisis migratoria empeore ante amenazas de Trump

A 15 días de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el gobierno mexicano tardó en reaccionar, pues no ha presentado un plan contundente para atender, proteger y albergar a los miles de migrantes que podrían ser deportados, sumado a la falta de presupuesto, por lo que especialistas prevén una crisis humanitaria en el país.

“México no tiene la capacidad para albergar y dar seguridad social a los migrantes. Lo que va a pasar es que la crisis migratoria que hemos venido atestiguando a partir de 2018 se va a agudizar. El pronóstico al que nos enfrentamos es realmente desolador porque no hay recursos para brindar ayuda inmediata como servicios de salud o de atención sicológica, habrá una crisis humanitaria”, advirtió Cristina Hernández.

En entrevista con El Universal, la investigadora del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo de la UNAM, comparó las acciones por parte del gobierno federal, como a ponerle curitas a la herida de un cuerpo que se va a desangrar. Y que no sea claro y explícito el rechazo a una política antiinmigrante del próximo presidente de Estados Unidos.

“Las acciones son insuficientes y cortas para no molestar a Estados Unidos (...) pareciera que no quieren incomodar a Donald Trump. La respuesta tiene que ser de mucha mayor contundencia, no tiene forma el ‘plan’ que presentó la Secretaría de Gobernación y llegó tarde. Se anunciaron generalidades y hace falta tener mayor claridad de medidas muy puntuales que van a estar a cargo de los cónsules”, expresó Hernández Engrandes.

Lamentó que a la fecha no se conoce qué tipo de protección darán los consulados a los migrantes, o si les darán información, ayuda económica, les van a permitir hacer un tránsito seguro hacia México, cuáles son las capacidades de los estados fronterizos y de los consulados.

“Es importante saber de qué manera se va a hacer llegar esta información o estas medidas a las personas que se encuentran en riesgo de ser deportados, que es algo que tampoco hemos visto de manera masiva, como seguramente o es muy probable que pase a partir del 20 de enero”, cuando asuma Trump la presidencia, agregó.

Al describir “suave” el tono con el que se presentan las acciones para ayudar a migrantes, Hernández Engrandes lo atribuye a que el gobierno de México no desea molestar a Estados Unidos y haya represalias en el ámbito económico.

También dijo que no se habla del presupuesto que tendrán dichas acciones. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó en su conferencia matutina del 9 de diciembre pasado que “no se requiere mucho más presupuesto” para el Instituto Nacional de Migración (INM).

Mientras que Avelino Meza, secretario general del movimiento Fuerza Migrante, coincidió en que no se ha terminado de socializar el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum y que, hasta el momento, hay poca información, por lo que no considera que estén preparados para las etapas de deportaciones que se prevén, a pesar del reciente anuncio de la construcción de 25 albergues en la frontera.

“Han sido pequeños elementos que han dado con respecto a este famoso plan del gobierno federal, como el botón de pánico, los servicios legales que está preparando la red consular. Habrá diferentes etapas de la deportación, no un bloque de deportaciones generales, así está marcado en las leyes, independientemente de los decretos que el presidente Trump pueda firmar el primer día de gobierno”, dijo.

A la pregunta de si prevé una crisis humanitaria, el experto consideró que se podría generar por las condiciones y las declaraciones de Donald Trump, bajo el sentido de generar todo el temor posible de ser detenidos y deportados para que las personas con intenciones de ingresar a Estados Unidos se detengan en estas caravanas que actualmente circulan en México.

Explicó que las etapas de deportaciones pueden comenzar con las personas detenidas por el sistema de inmigración estadounidense. Lo ideal, comentó, es que el gobierno de México esté preparado para revisar los casos y los motivos por los cuales fueron detenidos.

“En el caso de la segunda etapa que vemos nosotros de las deportaciones, podrían ser personas que actualmente están en libertad, pero que ya tienen órdenes de deportación. El sistema comenzará a buscarlos, detenerlos y deportarlos en algún esquema de deportación exprés. Esto podría llevar semanas o tal vez meses para poder localizarlas”, indicó.
Mientras que la tercera etapa se dará respecto a las declaraciones de Donald Trump sobre redadas y detenciones masivas de personas para poder ser deportadas: “Actualmente las leyes de migración de Estados Unidos no permiten ese tipo de deportaciones legales, si son detenidos, estas personas tienen que iniciar un proceso legal con jueces en los Estados Unidos”, aclaró.

Dificultades:
El más de medio millón de mexicanos que se calculan serán deportados en 2025 por parte del gobierno de Donald Trump enfrentarán severas dificultades en su retorno a México por carecer, un porcentaje de ellos, de credenciales del INE, por lo que no podrán acceder a los programas sociales que se les ofrecerán desde la Secretaría del Bienestar o empleos temporales.

El director del Albergue Ágape en Tijuana, Albert Rivera, destacó que los gobiernos federal, estatal y municipal están actuando de manera muy lenta frente a la inminente crisis migratoria que se presentará a partir del 20 de enero de 2025.
De acuerdo con estadísticas del gobierno de Estados Unidos hay 1.4 millones de personas que tienen orden de deportación, y otras 660 mil enfrentan cargos o han sido condenadas por algún delito.

De ellos, asegura el activista, al menos 50% son mexicanos.
Expuso que hace unos días personal de la Secretaría del Bienestar a nivel federal apenas comenzó a realizar recorridos por los distintos albergues y centros de refugio de migrantes para conocer la capacidad que tienen, pero no han informado si los tres niveles de gobierno van a construir comedores o nuevos sitios para recibir la oleada de deportados.

En esta crisis, el gobierno federal prevé construir 25 albergues, mientras que de manera adicional, gobiernos como el de Baja California ofreció acondicionar otros 25.
En entrevista con El Universal, Rivera dijo que “al parecer al gobierno federal apenas se está dando cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria que enfrentará a partir de la llegada de Trump a la Casa Blanca, ello ante la ineficiencia de las negociaciones de funcionarios mexicanos para frenar las mismas”.

Dijo que un porcentaje de los deportados no tendrán credenciales que los acrediten como mexicanos, o actas de nacimiento, porque vienen directo de las cárceles o nunca tramitaron esos documentos en los consulados, por lo que enfrentarán el viacrucis de la burocracia mexicana para obtener documentos.

“La carencia de documentos oficiales les traerá problemas ante las autoridades. Cómo pueden acceder a un programa social de Bienestar sin credencial del INE, sin acta de nacimiento, sin comprobante de domicilio. Lo mismo, cómo podrán obtener un empleo sin esos documentos. Es un gran reto que no vemos cómo lo va a resolver el gobierno mexicano”.

El director del albergue Ágape estimó que el problema con los migrantes que van a deportar que vienen de cumplir largas sentencias, de muchos años en prisión, es que son “carne de cañón” para los cárteles, para la delincuencia organizada en la frontera y en todo el país que está ávida de enrolarlos a sus filas.

Finalmente, en el caso de los niños deportados, dijo que la Secretaría de Educación Pública no ha dicho cuál es el plan. La mayoría de ellos son menores que no hablan español, ni conocen nada de la historia de México, y serán un gran reto atenderlos con los actuales programas.