No existe fecha para una posible reunión entre la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) con la Mesa Directiva del Congreso del Estado y la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la LXIV Legislatura, a fin de abordar el tema de las acciones y recomendaciones de la Alerta por Violencia de Género por agravios comparados.
Al respecto, la directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres, Yolanda Olivares, sostuvo que incluso existía un cronograma de trabajo a modo de que dicha Soberanía observara las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
"Existía un programa que se estaba aprobando de acciones de los tres poderes y precisamente, de acciones del Poder Legislativo y ya estaba el Grupo de Trabajo para reunirse con la Presidenta del Congreso y con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, ya había acciones estructuradas bajo un cronograma para reunirse con ellos, con los responsables en el Congreso y para que se cumplieran con las acciones de la alerta", enfatizó.
Sin embargo, consideró que el amparo ganado por defensoras de derechos humanos "se adelanta" a lo propuesto por el Grupo de Trabajo a la CONAVIM.
Dicho amparo obliga al Congreso del Estado a reformar al Código Civil de una manera menos agresiva contra los derechos humanos.
"Ya se había pedido la reunión, no teníamos fecha todavía, pero ya estaba para que viniera la Comisionada (Ángela Quiroga) y las académicas y se hiciera un planteamiento y un seguimiento para la reforma al Código", refirió.
En todo caso, admitió un retraso en el tema de la discusión con personas especializados en materia de género.
A la vez, evitó opinar respecto a las acciones del resto de los Poderes, sino observar las acciones del grupo de trabajo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
"Hay un grupo de trabajo que tendrá que decidir qué acciones van a hacer y el grupo interinstitucional y multidisciplinario ya ha llamado a México, para ver qué acciones se toman al respecto, yo no podría dar una posición personal, ni desde la institución porque eso obedece a un tema de alerta de violencia de género que vigila el Grupo de Trabajo", expresó.
"Habría que preguntar al Poder Legislativo cuáles son los argumentos para impugnar dicho acto administrativo. Tendrán ellos que sustentar ante la autoridad competente en esta impugnación", expresó.