SESVER se desentiende de la presunta “prestanombres” del Gobierno de Cuitláhuac

Durante su comparecencia en el Congreso de Veracruz, Guadalupe Díaz del Castillo Flores, secretaria de Salud y directora general de los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), se deslindó de las presuntas irregularidades en los contratos asignados a Araly Rodríguez Vez, confirmando que la dependencia no procedió legalmente pese a que el propio gobernador Cuitláhuac García señaló que era “prestanombres” y supuesta evasora de impuestos.

Al respecto, la funcionaria dijo que serán las instancias fiscalizadoras correspondientes las que determinen si existieron irregularidades administrativas en la asignación de contratos para dicha proveedora, quien también fungía como trabajadora de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV).

“Sobre algún proveedor en particular al interior de la dependencia que represento no tenemos procedimientos jurídicos en contra de los proveedores (…). No obstante, se han atendido en los términos que señala la Ley ya sea local, federal, según corresponda, por los procedimientos administrativos que hayan seguido su curso. Y serán los entes fiscalizadores quienes en su caso determinen las probables faltas administrativas o de diversa índole que conformen a estas atribuciones”, dijo la funcionaria sobre este tema.

Agregó que la dependencia está colaborando con todas las entidades fiscalizadoras, justificando que durante la pandemia de COVID-19 hubo mucha dificultad en la proveeduría de algunos insumos. Del Castillo Flores justificó la contratación de empresas de reciente creación y las adjudicaciones directas realizadas por SESVER. La funcionaria argumentó que estas contrataciones cumplen con las disposiciones legales y que las empresas están registradas en los padrones oficiales del Gobierno Estatal.

“SESVER ha cumplido con las disposiciones que prevé la materia de la ley, ya sea para bienes, servicios u obras, por lo que proveedores y contratistas adjudicados se encuentran debidamente registrados en los padrones a cargo de dependencias diversas a la que yo represento”, afirmó la secretaria.

Contrataciones bajo escrutinio

La Secretaria abundó que, durante el proceso de adjudicación, SESVER no se encarga de verificar la constitución legal de las empresas, una tarea que corresponde a instituciones ajenas como la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

La secretaria también explicó que algunas de estas empresas son fabricantes de equipos médicos, lo que justifica su selección. En relación con la adjudicación directa de contratos, la funcionaria destacó que esta modalidad se utiliza principalmente en casos en los que no se reciben propuestas en licitaciones públicas previas.

Cuestionamientos de la oposición

Durante la sesión, la diputada del PAN Indira Rosales San Román cuestionó que el 81 por ciento del presupuesto de SESVER haya sido asignado a 5 empresas de reciente creación: Infraestructura y Equipamiento en Salud S. A. de C. V., Construcciones Vahar S. A. de C. V., Mantenimiento y Construcción Industrial Branalu S. A. de C. V., Landru Marketing S. A. de C. V. y Brains Global Health Tech S. A. de C. V., presuntamente constituidas entre 2019 y 2023.

“¿Por qué dar contratos en un tema tan delicado a empresas de reciente creación?”, preguntó la legisladora. Añadió que, según el sexto informe de Gobierno Estatal, el 67.94 por ciento de las contrataciones realizadas por SESVER en el último año fueron mediante adjudicación directa.

Otro tema señalado durante la comparecencia fue el subejercicio del presupuesto asignado a la Secretaría de Salud. Según el informe financiero presentado, SESVER habría devengado sólo el 60 por ciento de su presupuesto al cierre del tercer trimestre de 2023, dejando un 40 por ciento sin ejercer.

En respuesta, Díaz del Castillo explicó que los recursos no ejercidos están comprometidos para pagos en el primer trimestre del siguiente año, conforme lo permite la Ley de Disciplina Financiera. “Los recursos asignados se encuentran debidamente comprometidos y serán pagados en los términos que la Ley permite hacerlo”, aseguró.

Rosales San Román recordó casos emblemáticos de contrataciones irregulares, como el de Araly Rodríguez, quien presuntamente recibió contratos por más de 60 millones de pesos para proveer insumos médicos. La Legisladora señaló la falta de avances en las investigaciones relacionadas con este caso y cuestionó si existen procedimientos jurídicos contra los proveedores involucrados en presuntas irregularidades.

Díaz del Castillo negó tener conocimiento de investigaciones internas en curso y reiteró que SESVER no tiene facultades para auditar a las empresas contratadas. “Nosotros estamos colaborando con las entidades fiscalizadoras, pero será responsabilidad de otros entes determinar las posibles faltas administrativas”, concluyó.