Se perdieron 20 millones de pesos en Tecnológico de Coatzacoalcos

De acuerdo con el Informe de la Cuenta Pública 2019, en dicho año, el Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos (ITESCO) pagó casi 20 millones de pesos por concepto de servicios personales, sin embargo, no hay registro de aquellos que integraron dicha nómina, ni existe comprobación física o virtual de que efectivamente se hayan hecho tales pagos.

En este sentido, el Órgano de Fiscalización Superior consideró como un presunto daño patrimonial tal situación que junto con otras irregularidades suman un monto de 27 millones 128 mil pesos.

Entre las observaciones hecha por parte del ORFIS al ITESCO, resalta que derivado de la revisión a la muestra seleccionada correspondiente al gasto ejercido del capítulo 1000 “Servicios Personales”, se detectó que el Instituto pagó por concepto de percepciones un importe de 19 millones 437 mil 18 pesos con 54 centavos, correspondiente al mes de diciembre de 2019, del cual no proporcionó los Comprobantes Fiscales por Internet (CFDI's), incumpliendo presuntamente los servidores y ex servidores públicos responsables del Ente Fiscalizable con lo establecido en los artículos 42 y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; y numerales 2.7.1.1. y 2.7.1.2. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio 2019 publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de abril de 2019.



Conforme a dicha ley, establece que la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.

Además, los entes públicos, como el ITESCO, estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad.

Sin embargo, el ITESCO no mostró esta información por lo cual se considera como un presunto daño patrimonial que todavía tendrán oportunidad de aclararlo y de no ser así, además del presunto desvío de recursos, podría derivar en un delito como evasión fiscal, el cual es perseguido por la Fiscalía General de la República.