Reforma fiscal no logró que estados se independicen del presupuesto federal

El investigador del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados, Vladimir Herrera González, dio a conocer que entre el 81 y 66 por ciento de los recursos de las entidades federativas y los municipios, respectivamente, provienen del Gobierno Federal.

Expresó que las nuevas reglas fiscales no han logrado que estados pueden independizar sus recursos, por lo que para inicios de este año, las transferencias de recursos a las entidades federativas y municipios quedaron en un billón 455 mil 5 millones de pesos, lo que representó el 33 por ciento del gasto neto total, el cual es de cuatro billones 467 mil 2 mil millones de pesos.

Las entidades con mayor dependencia del gasto federalizado, son: San Luis Potosí, Durango, Guerrero, Michoacán, Puebla, Chiapas, Baja California, Guanajuato, Oaxaca y Aguascalientes. Y con menor sólo el Distrito Federal, pero es el que cuenta con una mayor deuda.



Detalló que los municipios de Tamaulipas, Tlaxcala, Chiapas, Yucatán, Hidalgo, Guerrero, Veracruz, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, son los que tienen una mayor dependencia del financiamiento del Gobierno Federal.

En este sentido, se pronunció por que los tres niveles de gobierno cuenten con finanzas públicas sanas que mejoren los servicios dirigidos hacia la población, y trabajen por una mayor transparencia en el gasto no sólo a nivel federal, sino estatal y municipal.

“Los gobiernos estatales lo que menos quieren es transparentar los recursos, porque eso le quita margen de maniobra para el manejo de los mismos. Hasta el 2012 tenían los estados para homologar sus cuentas a nivel nacional y, el 2013 para todos los municipios; los avances no se ven y no están homologando”, afirmó.



Consideró que se debe trabajar en la fiscalización y en la rendición de cuentas, ya que esto va a dar pie a que los ciudadanos demanden mejores resultados de las finanzas públicas estatales y municipales. “La presión social es fundamental para eficientar el uso de los recursos”, agregó.

El Investigador demandó que los funcionarios públicos, principalmente a nivel municipal, cuenten con conocimientos sobre finanzas públicas, rendición de cuentas y fiscalización de recursos.

“Muchos problemas en este nivel se observan cuando una administración concluyó y es más difícil pedirles cuentas. Tan sólo en los últimos cinco años, la Federación recogió 50 mil millones de pesos que no se gastaron a nivel estatal y municipal”, puntualizó.



A su vez, Rosalío Rangel Granados, investigador en temas de presupuesto y gasto público del CEFP, aseguró que actualmente el objetivo de la política económica es más la estabilidad que la promoción del crecimiento económico. “En consecuencia, si se hace un gasto público mayor al pronosticado, da lugar a un déficit, lo que genera inestabilidad y, por ende, desequilibrios en los mercados”, detalló.

Sostuvo que en términos sociales, la redistribución del ingreso y la reducción de la pobreza están limitados por la falta de empleo suficiente, bajas remuneraciones y poca productividad, además la restricción del gasto estatal limita que la reducción de la pobreza no tenga mejores resultados.

Puntualizó que el actual modelo de designación del presupuesto está basado en resultados y su propósito es tener un ejercicio eficiente, eficaz y transparente, así como generar un mejor impacto en la población.